¿Para qué sirven las Iniciativas Multiactor (IMA)?

Las Iniciativas Multiactor surgen hace unos 20 años para dar respuestas a los abusos de empresas y su complicidad en problemas como el trabajo infantil, condiciones laborales de explotación en maquiladoras, la destrucción ambiental, la corrupción, y la falta de transparencia.

Nos hacemos una pregunta existencial: ¿las empresas deberían participar en el diseño de las soluciones para los problemas que ellas mismas crean?

Una estrategia que ha cobrado amplia relevancia en el ecosistema de Empresas y Derechos Humanos son las Iniciativas Multiactor (IMA). Surgen hace unos 20 años, para dar respuestas a los abusos de empresas –particularmente multinacionales con presencia global y cadenas de suministro trasnacionales– y su complicidad en problemas como el trabajo infantil, condiciones laborales de explotación en maquiladoras, la destrucción ambiental, la corrupción, y la falta de transparencia.

A diferencia de los esquemas unilateralmente corporativos típicos de la “Responsabilidad Social Empresarial”, las IMA se presentan como una propuesta transformadora en la lucha por la rendición de cuentas empresarial. Se caracterizan por reunir a las partes interesadas claves de la industria en cuestión – empresas, gobiernos y representantes de la sociedad civil – para sentarse y desarrollar juntas y en diálogo, estándares y sistemas de monitoreo y – en algunos casos – requisitos de remediación, que las empresas deben cumplir.

Las IMA se han ido conformado en una gran cantidad de industrias: están presentes en sectores agrícolas, forestales, extractivos, entre otros. Algunas tienen programas de certificación o etiquetado de sus productos (Fair Trade, Marine Stewardship Council, UTZ, etc.). Otras definen condiciones de “membresía” para las compañías (EITI, Fair Labor Association, etc).

La relevancia que han cobrado las IMA se refleja en los números. Un estudio reciente de MSI Integrity¹ señala que actualmente, hay unas 10,000 empresas en todo el mundo (incluyendo 13 de las 20 más grandes en cuanto a ingresos) que forman parte de IMAs; participan unos 50 gobiernos en estas iniciativas; y están presentes en 170 países. También han ganado espacio en el sistema de derechos humanos internacional: 16 de los 23 Planes Nacionales de Acción para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos incluyen a las IMA como referentes. Las IMA son referencia para las Instituciones Financieras Internacionales, que las incluyen en sistemas de rating o puntajes para financiamiento. Y son una importante fuente en el mercado para la compra y el consumo “responsable” y “sostenible”, sobre todo en el caso de las iniciativas que promueven sellos o etiquetas.

¿Cuán efectivas han sido realmente estas iniciativas para avanzar la agenda de transparencia y protección de los derechos humanos por parte de las empresas?

La experiencia en México de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su siglas en inglés), brinda un ejemplo tanto de las oportunidades como de las limitaciones del modelo multiactor. Por un lado, ha resultado fructífero como espacio de aprendizaje, diálogo y en cierta medida, construcción de confianza entre actores con intereses muy diversos.² Sin embargo, su alcance e impacto en torno a rendición de cuentas, transparencia y protección de derechos humanos, son limitados.

El estudio de MSI Integrity evalúa la efectividad de unas 40 IMAs – incluyendo EITI – y esto es lo que encuentra:

* Aunque la legitimidad de las IMA se deriva de la participación de la sociedad civil, rara vez incluyen a las comunidades impactadas y las personas titulares de derechos afectadas.³

* Si bien las IMA se presentan como espacios de participación equitativa de los diferentes actores, en realidad no es así. No sólo los representantes del gobierno y de las empresas tienen muchas veces intereses comunes entre ellos – ambas priorizando el crecimiento y las ganancias económicas por encima de los derechos humanos y la transparencia – sino que también tienen mucho más influencia en las decisiones que la representación de la sociedad civil.

* Los estándares que promueven las IMA suelen definirse de manera muy estrecha: por ejemplo su alcance puede abarcar transparencia de ciertos elementos,⁴ o abarcar sólo algunos de los derechos laborales fundamentales. Las empresas participantes derivan un beneficio reputacional sobredimensionado, dando la impresión de que están haciendo mucho más por la sostenibilidad y los derechos humanos.

* Los sistemas de monitoreo de los estándares de las IMA son inadecuados. Por lo general, no son independientes (son pagados por las empresas), fallan en detectar violaciones (no toman en cuenta las perspectivas de trabajadores, ni de comunidades afectadas); y no reportan los hallazgos de manera transparente.

*Los mecanismos de acceso a la remediación son insuficientes; muestra de esto es que en las industrias en donde más han proliferado estas iniciativas hay graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, opacidad en sus operaciones y sobre sus impactos (la industrias de la indumentaria y de la pesca son ejemplos).

* Hay muy poca evidencia sobre el impacto de las IMA, pese a todo el esfuerzo y los recursos que se han invertido en ellas. Sólo 5 de de las 20 IMAs de más larga trayectoria han hecho una medición de su impacto, y se presenta el crecimiento o expansión como evidencia de éxito, lo cual no necesariamente es el caso.

El caso de EITI en México

EITI es un espacio multiactor que busca una mejor gobernanza en la gestión de los recursos naturales explotados por las industrias extractivas (minería, gas y petróleo) a partir de la divulgación de información relevante sobre la distribución de los ingresos fiscales derivados del extractivismo.

El proceso EITI en México -que arranca en 2015- engloba varias de las tensiones arriba señaladas: la desigualdad en la correlación de fuerzas de participantes; la sobrecarga de actividades sobre representantes de la sociedad civil; las limitaciones para poder transparentar información de flujos socioambientales, entre otros.⁵

Además, en el proceso se reflejan problemas muy emblemáticos de la dinámica gobierno-empresa operante en el país, como la captura corporativa del Estado, especialmente en la forma llamada “puerta giratoria” que consiste en los movimientos de personas que después de trabajar en el sector corporativo pasan al gubernamental y viceversa dentro de un mismo sector de la economía, socavando la imparcialidad de sus funciones.⁶ El Grupo de Representantes de Sociedad Civil de México en EITI registró al menos tres casos. Uno de ellos en la figura de Administrador Independiente (AI) quien realizó las funciones de colecta y validación de datos oficiales de los tres últimos reportes en México, y que fue miembro del sector gubernamental en la administración anterior.⁷ El criterio del Secretariado Técnico y la financiadora (GIZ) para seleccionar a este AI se basó en el nivel de dominio técnico de este personaje por su calidad de insider. Sin embargo esta selección se realizó en detrimento de la confianza que requiere todo esfuerzo multiactor no sólo en la calidad de la información sino también en cuanto al equilibrio de los intereses de los sectores que ahí confluyen.

A pesar de esto ha habido logros, gracias a las presión ejercida por las OSC que participan en el proceso. En 2016, se consiguió la redacción de una Declaración de Principios, que incluye el compromiso explícito de “promover y respetar los derechos humanos de todos los actores relacionados con las industrias extractivas”.⁸ Este año, EITI incorporó un enfoque de temas de combate a la corrupción, como la divulgación de registros nacionales de Beneficiarios Finales/Reales, plataformas de contratos abiertos y transparencia en las cadenas de suministro de las industrias extractivas.⁹

También la agenda de transición energética hacia renovables se ha posicionado con un fuerte componente de transparencia y responsabilidad entre los sectores involucrados.¹⁰ Y en un importante avance para todo el proceso EITI, desde el primer reporte México incluyó cuatro flujos socioambientales (punto 4.1) y para el periodo 2017-2018 se incluirá un informe complementario específicamente para este tema.

El balance, entonces, es mixto. Si bien las IMA han servido como buenos espacios de diálogo, aprendizaje y construcción de confianza entre actores claves en diversos sectores e industrias, no han sido suficientes ni efectivas en avanzar la rendición de cuentas de las empresas con respecto a la transparencia y los derechos humanos. En ese sentido, no deben verse como sustitutos a las funciones reguladoras y fiscalizadoras del Estado, ni eximen a las empresas participantes de cumplir con la ley y los estándares más altos de derechos humanos.

En México –como la experiencia de EITI refleja– las IMA podrían ser una de las plataformas que generen guías y prácticas que contribuyan a una mejor gobernanza -basada en la transparencia y el respeto por los DDHH– de los recursos naturales, sobre todo en un sector que históricamente ha sido poco transparente con información relevante a impactos sociales y ambientales. Pero para eso se tendrán que potenciar mucho más el liderazgo, la participación y el poder de decisión de titulares de derechos y las comunidades afectadas, así como reforzar mucho más las obligaciones de los gobiernos y las empresas.

* Elena Arengo es codirectora Ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Óscar Pineda es investigador en la misma organización y miembro del board del EITI como representante alterno de la sociedad civil.

Este artículo fue publicado en #ElPlumaje de Animal Político.