El 21 de septiembre, seis Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, enviaron una carta de alegación al Gobierno de México sobre los impactos a la luz del derecho internacional de derechos humanos del proyecto de desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas afectadas en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La acción conjunta de las expertas y expertos independientes apunta a violaciones potenciales de una gama de derechos fundamentales a raíz del proyecto Tren Maya, por ejemplo, del derecho a la participación y consulta de comunidades afectadas, de la degradación del medio ambiente, así como de los derechos de las organizaciones y personas defensoras que alzan la voz sobre los impactos en los derechos humanos de los megaproyectos.
Expresamos nuestra grave preocupación por los incumplimientos del Estado mexicano, no solo a sus compromisos internacionales, sino a sus obligaciones bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos hacia las cuales apuntan las seis Relatorías Especiales de Naciones Unidas, en particular al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es por ello que las expertas y expertos de la ONU han instado al Gobierno de México a que ‘adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas’ en la misiva.
En particular, los y las expertas expresan su ‘grave preocupación’ por el impacto para comunidades indígenas que ‘podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud’, así como sobre los ‘riesgos de daños ambientales causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua’ resultantes de un estudio de impacto ambiental que creen ‘inadecuado’. También apuntan hacia el riesgo de ‘mayores violaciones a derechos humanos’ por una creciente militarización y el ‘uso de los militares para las tareas de orden civil en territorios indígenas’.
La carta también fue dirigida a la sede de ONU-Hábitat, cuyo apoyo al proyecto Tren Maya ha resultado contradictoria a la luz de otras posiciones tomadas por órganos de Naciones Unidas, como lo es la de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la cual se pronunció en 2019 sobre el incumplimiento con estándares internacionales del proceso de consulta indígena llevado a cabo por el Gobierno.
Por lo anterior, expresamos nuestra preocupación por la narrativa del Gobierno mexicano la cual alega haber recibido una anuencia y apoyo general proveniente de la Organización de Naciones Unidas para la construcción del proyecto Tren Maya, fundamentándose así selectivamente en la asistencia de ciertas agencias, y pasando por alto recomendaciones y posiciones de sus mecanismos de derechos humanos.
Reiteramos el señalamiento por parte de los y las Relatoras Especiales de la ONU que enfatizan que las consultas ‘deben llevarse a cabo con las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades indígenas, y no limitarse a las estructuras agrarias y ejidales existentes’. Dichas consultas deben proporcionar la ‘información necesaria, incluyendo los resultados de estudios de impacto ambiental y no debe procederse sin que se hayan implementado dichas garantías’. Estas etapas son condiciones sine qua non para que el Gobierno de México cumpla con sus obligaciones internacionales bajo el Convenio 169 de la OIT.
Adicionalmente, condenamos en los términos más estrictos los actos de hostigamiento y desprestigio, provenientes principalmente del Titular del Ejecutivo Federal hacia las organizaciones de la sociedad civil que ejercen libremente su derecho a defender derechos humanos y monitorean violaciones de derechos humanos en el marco del proyecto Tren Maya.
Por otro lado, si bien saludamos la ratificación por el Senado de la República del Acuerdo de Escazú, resulta preocupante que las alegaciones presentadas por las Relatorías Especiales apuntan hacia violaciones que van en contra de las futuras obligaciones del Estado mexicano bajo dicho tratado ambiental que entrará en vigor a principios de 2021, en particular en cuanto a los derechos de acceso a la información ambiental, de participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, de acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como de protección de personas defensoras del medio ambiente.
Por último, subrayamos la responsabilidad del Estado mexicano como miembro reelecto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de ‘aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos’, y de cooperar constructivamente con Relatorías Especiales y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Resaltamos en particular el compromiso internacional asumido por el Estado de apoyar iniciativas para proteger los derechos de pueblos indígenas y otros grupos vulnerables, así como de trabajar con la ONU y con la sociedad civil para proteger personas defensoras de derechos humanos, reconociendo su rol fundamental en mantener una ‘democracia saludable’. En el marco de su reelección al Consejo, un colectivo de más de 20 organizaciones nacionales e internacionales emitió una lista de recomendaciones al Gobierno, incluyendo con relación a la garantía del derecho a la consulta previa, y la realización de estudios de impacto social y ambiental independientes.
En el marco de sus obligaciones bajo el derecho internacional, y de sus compromisos internacionales como Miembro del Consejo de Derechos Humanos, instamos al Gobierno de México a:
- Acatar el llamamiento de las seis Relatorías de Derechos Humanos de adoptar ‘todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas’ en la carta de alegación sobre el caso del Tren Maya;
- Realizar una evaluación de impactos ambientales, sociales, culturales y de derechos humanos que sea integral sobre todo el proyecto, con la participación libre, plena e informada de las comunidades afectadas y de las estructuras representativas que ellas identifiquen, y donde se pueda aplicar el principio de precaución;
- Detener completamente el proyecto de desarrollo Tren Maya hasta que se hayan implementado dichas garantías y cumplido con obligaciones bajo el derecho internacional y estándares internacionales en derechos humanos, y solicitar asistencia técnica de Relatorías Especiales de Naciones Unidas en este marco;
Instamos todos los actores no estatales involucrados en el proyecto de desarrollo Tren Maya, en particular empresas, inversores y financiadores, a:
- Cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular la ‘responsabilidad de respetar’ en el marco de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos;
- Garantizar un proceso de debida diligencia, para prevenir que su participación en el proyecto de desarrollo Tren Maya provoque, o contribuya a provocar, abusos de derechos humanos, por los cuales podría ser jurídicamente responsable;
Instamos a ONU-Habitat, UNOPS y otras agencias de Naciones Unidas involucradas en el proyecto de desarrollo Tren Maya a:
- Revisar su participación en el proyecto, y condicionarla al cumplimiento con todos las obligaciones y estándares bajo el derecho internacional de derechos humanos.
Organizaciones firmantes:
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX)
Fundación para el Debido Proceso Legal
International Service for Human Rights (ISHR)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Nota: Una respuesta del Gobierno ha sido recibida el 20 de noviembre y está siendo actualmente procesada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
