A diez años de la adopción e implementación de los PRNU, los abusos a derechos humanos por parte de las empresas siguen ocurriendo, principalmente con relación a megaproyectos, que llegan a los territorios a despojar a las comunidades locales y explotar los bienes naturales.
En junio de 2011 fueron adoptados por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU).1 Estos principios fueron desarrollados en un proceso extenso y con participación diversa liderado por el Profesor John Ruggie, como Representante Especial del Secretario General en esta materia, y tienen como objetivo poner en práctica el marco para proteger, respetar y remediar los derechos humanos frente al actuar empresarial.
Si bien son principios voluntarios, hasta el momento son una de las herramientas principales que tenemos a nivel internacional para abordar la agenda de empresas y derechos humanos. En estos diez años ha habido avances, desde nuestra perspectiva, al menos en dos frentes: en posicionar con fuerza este tema en la agenda pública, lo que permite profundizar el conocimiento del impacto de las empresas en los derechos humanos, y en el desarrollo de algunas políticas en los sectores público y privado, con el fin de implementar al menos algunos elementos de los PRNU.
Por ejemplo, hasta el momento 25 países2, mayormente europeos, han publicado Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos (NAP, por sus siglas en inglés). En América Latina, solamente Colombia y Chile tienen NAP, mientras que otros como Honduras, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, y Nicaragua están trabajando ya sea en un Plan de Acción o en otro tipo de políticas en la materia. México mismo pasó por un proceso de desarrollo de un NAP, el cual quedó inconcluso en la administración pasada, y en la actualidad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por incluir una línea estratégica sobre empresas y derechos humanos3 específicamente dentro de su Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-20244, aunque también desde otras líneas dentro de dicho programa se podría avanzar en asuntos relacionados.
La conversación también ha cambiado. Las palabras derechos humanos parecen ya no asustar – tanto – al sector privado, y cada vez más asociaciones empresariales o industriales, así como compañías en particular, están adoptando este lenguaje en sus acciones de responsabilidad social empresarial o sustentabilidad. Incluso, la Mesa Redonda Empresarial que reúne a los directores/as de las empresas más grandes del mundo, publicó una declaración a finales de 2019 donde apuntaban a considerar a todas las partes interesadas, y no a priorizar solamente a los accionistas, en su forma de hacer negocios (stakeholder vs. shareholder approach).5
Sin embargo, nos preguntamos ¿es esto suficiente? Definitivamente no. A diez años de la adopción e implementación de los PRNU, es importante señalar varios pendientes importantes.
Los abusos a derechos humanos por parte de las empresas siguen ocurriendo, principalmente con relación a megaproyectos, que llegan a los territorios a despojar a las comunidades locales y explotar los bienes naturales. La forma de hacer negocios no ha cambiado sustancialmente ni ha atendido al contexto actual de crisis climática, sumada a la crisis provocada por la pandemia de COVID19.
En estos diez años hemos visto pocos resultados tangibles para las personas y comunidades afectadas. La implementación de los PRNU ha sido insuficiente para prevenir el daño, brindar justicia y reparación a las víctimas, y reducir la impunidad. Tampoco para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, particularmente de tierra, territorio y medioambiente. Particularmente, América Latina es la región más peligrosa para defender derechos y México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, según la organización Global Witness.6
A la vez, la acumulación de capital y de poder de las grandes corporaciones ha continuado su rumbo, incluso durante la pandemia, en la cual hemos visto a empresas como Amazon embolsarse un rendimiento neto 100 mil millones de dólares.7
En este contexto, la política pública ha funcionado prácticamente como una curita puesta sobre una herida que necesita cirugía mayor. Es necesario hacer una crítica honesta que permita, ojalá, realizar los tan necesarios cambios estructurales. La crisis sistémica por la que estamos pasando ha hecho aún más evidente las profundas desigualdades y las injusticias prevalecientes, y también ha expuesto el abuso corporativo, por ejemplo a los derechos laborales, y la captura corporativa, en forma de cabildeo para la reapertura de ciertos sectores de la economía, y para proteger las ganancias sobre la salud y la vida de las personas, como ya hemos señalado en este espacio anteriormente.
Entonces, de cara a este décimo aniversario de los PRNU, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos ha lanzado un nuevo proyecto para trazar el camino de la siguiente década en esta materia, con el objetivo de llegar a 2030 con resultados concretos para las personas afectadas y con un marco sostenible para el desarrollo. Ha recibido insumos y consultado con múltiples actores para armar la agenda de empresas y derechos humanos de los años por venir.
Lo que parece estar muy claro es que las medidas voluntarias se han quedado cortas. Si bien los PRNU contienen elementos importantes, su implementación nos ha dejado sabor a poco. Los estados aún fracasan en defender adecuadamente los derechos humanos y las empresas continúan cometiendo abusos. Es por ello que las comunidades locales y los movimientos sociales están empujando para que se desarrollen instrumentos obligatorios, que ya no den la opción al sector privado de escoger qué elementos tomar de esta agenda y cuáles no, y así perpetuar su impunidad.
Como ya hemos comentado en columnas anteriores, uno de estos instrumentos sería un Tratado Vinculante8 en materia de empresas transnacionales y derechos humanos, que ha estado en negociaciones durante casi seis años, con un fuerte movimiento internacional de sociedad civil respaldando el proceso y presionando para que haya avances.
Otro camino posible y complementario es impulsar cambios legislativos a nivel nacional, particularmente leyes que vuelvan obligatoria la debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas, en sus propias operaciones y en toda su cadena de suministro. Actualmente en México se está debatiendo el tema, con una propuesta de ley muy tímida que se ha desarrollado además en la opacidad y sin participación de la sociedad civil ni las comunidades afectadas.9
El faro que guíe las acciones de los próximos años en materia de empresas y derechos humanos debería ser la prevención, basada en el principio de “no hacer daño”. Un cambio de fondo en la forma de hacer negocios debe suceder, así como propiciar reformas sustantivas por parte de los estados y a nivel internacional para tener un marco fortalecido que garantice la protección de los derechos humanos. Se debe asegurar el acceso a reparación y justicia para las víctimas y combatir de primera mano la impunidad corporativa, incluyendo la captura corporativa de los procesos y espacios de toma de decisiones públicas.
Para avanzar en este camino se deberá involucrar directamente a las comunidades afectadas, personas defensoras de derechos humanos, trabajadores/as y sociedad civil. También dialogar con sectores estratégicos, como los inversionistas institucionales, que pueden ejercer influencia directa sobre las empresas y tomar mejores decisiones sobre sus inversiones, incorporando una perspectiva social, ambiental y de gobernanza adecuada.
La agenda de los PRNU y de empresas y derechos humanos en general tiene mucho que aprender e incorporar del impulso de los movimientos sociales a cuestionar dinámicas sistémicas que no hacen más que perpetuar las desigualdades. Desde las economías participativas hasta las perspectivas feministas interseccionales, pasando por las movilizaciones vinculadas con la crisis climática y las experiencias comunitarias, particularmente desde el Sur Global, es allí donde encontramos elementos clave para abonar al debate.
La pregunta de fondo es: ¿dónde queremos estar dentro de diez años? Tenemos una oportunidad enorme frente a nuestros ojos. Debemos avanzar en la lógica de re-pensar la economía, de cuestionar las formas tradicionales en que opera el sector privado, de abogar por medidas obligatorias, y sobretodo en un contexto de crisis tan profunda, de imaginar un modelo diferente, más justo e incluyente.
* Fernanda Hopenhaym (@fernanda_ho) es Codirectora Ejecutiva de @PODERlatam.
Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.
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- Estrategia prioritaria 3.6. Impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta. ↩
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