Desde el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el Grupo Focal de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos humanos, y Greenpeace México AC nos sumamos al llamado urgente a los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de las y los integrantes de la agrupación Un Salto de Vida y sus familias quienes habrían sufrido una agresión en días recientes, posiblemente resultado de las acciones que realizan desde hace más de una década por la defensa de la vida y territorio en al cuenca Chapala-Santiago.
Hoy saludamos la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra exigiendo la protección efectiva de quienes la defienden de la codicia e intereses del sector público y privado. Las y los miembros del colectivo, cuyos integrantes habitan en El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán en Jalisco llevan décadas investigando, documentando y denunciando el deterioro ambiental a lo largo de la cuenca.
Entre otras acciones, han exhibido públicamente cómo la industria local y transnacional descarga todos los días miles de sustancias tóxicas en el Río Santiago ante la indiferencia del Estado, se han movilizado para lograr el cierre del vertedero Los Laureles (de la empresa CAABSA Eagle), por la cancelación de la termoeléctrica La Charrería (de la española Fisterra Energy), por la clausura del fraccionamiento El Mirador (de la empresa Casas Bali) y recientemente dieron a conocer un estudio poblacional sobre impactos a la salud en el que se alertaba sobre la peligrosa presencia de metales pesados en niños. Dicho informe permaneció oculto por el gobierno de Jalisco durante diez años.
En 2016, representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos realizaron una visita oficial a la cascada del Río Santiago y tras constatar las condiciones ambientales calificaron la situación como una “catástrofe ecológica”.
El trabajo colectivo de investigación, denuncia y movilización de Un Salto de Vida es fundamental para la defensa de los derechos humanos y ambientales y hoy, cuando entra en vigor el primer tratado que precisamente establece el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de todas las personas defensoras ambientales, así como un entorno seguro para ellas y ellos, desde PODER, el Grupo Focal de OSC sobre Empresas y Derechos Humanos, y Greenpeace México AC exigimos al Gobierno federal, estatal y municipales:
- Garantizar la seguridad de las y los integrantes de Un Salto de Vida y sus familias y agilizar cuanto antes el otorgamiento de medidas urgentes de protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas independientemente de las formalidades jurídicas que se tengan que actualizar
- Esclarecer cuanto antes los hechos ocurridos el pasado 10 de abril y denunciados públicamente por Un Salto de Vida
- Atender y resolver las demandas y deudas históricas que tienen el Estado y las empresas y que han provocado el deterioro ambiental y que ya han sido ampliamente documentadas por las comunidades, organizaciones y organismos internacionales que en diversos momentos han acompañado la resistencia de las y los habitantes de la cuenca.
