Asociaciones Público Privadas y captura del Estado en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

El CIIT busca promover una nueva forma de ver el desarrollo, pero continúa privilegiando un modelo que pone al centro la inversión privada y el crecimiento económico, que no toma en cuenta las críticas de las comunidades y menos aún la participación de las mujeres de la región.

A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, los megaproyectos del gobierno fueron declarados esenciales y no se han detenido. Sin embargo, las obligaciones de transparencia de quienes los llevan a cabo estuvieron suspendidas por más de seis meses.¹ En este contexto realizamos la investigación sobre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) como un caso de Asociaciones Público-Privadas (APP) que impactan los territorios y afectan los derechos humanos de las mujeres.²

Las APP son contratos a largo plazo, respaldados por garantías gubernamentales, para que el sector privado construya grandes proyectos de infraestructura o provea servicios públicos. Estos proyectos son pagados por las personas contribuyentes y a cambio la inversión privada obtiene rendimientos.³ Se espera que las APP resuelvan los problemas del gobierno para garantizar servicios y proveer bienes a la ciudadanía. Son una gran oportunidad para el sector privado; especialmente para inversores institucionales como los fondos de pensiones de países desarrollados, porque tienen una alta rentabilidad y un bajo riesgo ya que la mayoría están respaldadas por garantías soberanas de los Estados. Por esta misma razón creemos que las APP refuerzan la captura corporativa del Estado. La captura corporativa hace referencia al poder que han ganado las empresas privadas para influir en la toma de decisiones públicas para su propio beneficio. Las corporaciones imponen su propia agenda, los gobiernos disminuyen su capacidad de regulación y aumentan las afectaciones a los derechos humanos.

En México, las APP también se han implementado considerando que son la fórmula necesaria para resolver la incapacidad del Estado para administrar y ofrecer bienes y servicios públicos. Aunque hay APP desde 1995, en 2012 se formuló la primera Ley de APP.⁴ Actualmente, México forma parte de la Agenda 2030, que ha promovido las APP en América Latina.⁵ Sin embargo, este enfoque no ha garantizado su éxito y ha generado conflictos territoriales, transfiriendo al sector privado derechos sobre los bienes públicos. El gobierno mexicano mismo ha reconocido que un problema de las APP es que los requisitos de rentabilidad privada afectan a las finanzas públicas.⁶

Uno de los proyectos estrellas de la 4T, el Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, funcionará bajo el esquema de APP. El objetivo del CIIT es “instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria y su interconexión mediante transporte ferroviario”⁷ por medio de inversión público privada”.

Además de la rehabilitación del ferrocarril y la construcción de un gasoducto, se prevé construir nueva infraestructura en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, la ampliación troncal Palomares Matías Romero, centrales eólicas, el mantenimiento y rehabilitación de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz y seis Polígonos de Bienestar para el Desarrollo.⁸

El ferrocarril se ha adjudicado a seis empresas privadas y el gasoducto está en proceso de adjudicación en régimen de concesión.⁹ En palabras del gobierno, el programa busca promover una nueva forma de ver el desarrollo.¹⁰ Pero continúa privilegiando un modelo de desarrollo que pone en el centro la inversión privada y el crecimiento económico que no toma en cuenta las críticas de las comunidades y menos aún la participación de las mujeres de la región.¹¹

Esta forma de implementar los proyectos tiene múltiples problemas. La escasa regulación de las APP y las facilidades otorgadas a las empresas privadas para que inviertan se terminan reflejando en grandes afectaciones sociales y medioambientales. Y los proyectos gubernamentales y en particular el CIIT han tenido escasa transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

La visión de las mujeres que actualmente luchan para proteger el corredor de agua y vida del Istmo no es compatible con el programa del gobierno y las APP que propone. En cambio, las defensoras proponen una agenda en la que los derechos a la salud, la educación, la alimentación, el agua y la protección del medio ambiente sean centrales.¹² Coincidimos con ellas plenamente. Es imprescindible transformar la manera en que se concibe el desarrollo. Las comunidades deben estar en el centro de las agendas de desarrollo, no las empresas privadas apoyadas por los gobiernos. Para las mujeres del Istmo y para las organizaciones que les acompañamos los megaproyectos no son esenciales; sus derechos, tierra, territorio y el medio ambiente sí.

En el contexto de la pandemia y con el discurso promovido por gobierno y empresas como actores centrales de la recuperación económica, la organización y participación de las mujeres para proteger sus territorios y detener el avance de las APP y sus “polos del bienestar” anclados en el modelo industrial maquilador, que violenta los derechos humanos y laborales de las mujeres trabajadoras se vuelve fundamental.

Como bien lo advierten las compañeras del Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta en Veracruz¹³ “tenemos un compromiso político con nuestro territorio y reconocemos nuestros derechos y los derechos de la naturaleza, así como la demanda de transformar las relaciones de género entre hombres y mujeres, así como también la transformación del proceso civilizatorio por un nuevo sistema de vida que reconozca que todo está interconectado con la naturaleza y la espiritualidad”.

* María Julieta Lamberti es directora de investigación en Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.