Reproducimos el hilo de Twitter que publicamos el 6 de abril de 2021.
¿Puedes imaginarte vivir sin internet, telefonía y TV abierta? Que tus hijas e hijos no puedan acceder a clases en línea o que no puedas hacer llamadas de emergencia? Hoy te traemos esta historia de desigualdad y de lucha, agudizada durante la pandemia, en Bacanuchi, Río Sonora.
¿Te acuerdas de Bacanuchi? Probablemente has oído de esta comunidad, afectada por el derrame de Grupo México en 2014 y por la amenaza de una gigantesca presa de jales mineros a pocos km. No tiene acceso al agua limpia y es, sin duda, una de las más aisladas del Río Sonora.
A pesar de que Sonora se precia de ser uno de los estados con mayor conectividad, Bacanuchi no cuenta con acceso a la telefonía, TV abierta o internet. Acá los datos tomados del Programa de Cobertura Social 2019 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Las personas que viven en Bacanuchi deben buscar señal como pueden o viajar 1.30 horas a Cananea para conectarse. Por ejemplo, Arturo, de 10 años, camina 40 minutos por un terreno peligroso hasta un cerro donde descarga las tareas que le envía su maestra por Whatsapp.
Como en cientos de comunidades en México, la #COVID19 ha mostrado cómo la falta de conexión y acceso a las tecnologías es un problema de desigualdad, marginación y violación de los derechos humanos, empezando por el derecho al acceso a la educación gratuita.
Aquí la historia del diario El País sobre la brecha educativa en Bacanuchi. Tristemente constatamos que, como a Arturo, esta situación coloca a las y los niños en riesgo de abandonar la escuela y compromete la calidad de la educación que reciben.
No solo se trata de acceder a internet o a la TV abierta, sino de los gastos extra que las familias pagan para tener saldo en el celular, imprimir tareas y lecciones, o trasladarse a un lugar con señal (ver boletín del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI). ¿Dónde queda la educación gratuita?
Y además del derecho a la educación, que es fundamental, la #BrechaTecnológica y de comunicación tiene otras implicaciones. Bacanuchi vive aislada y vulnerable ante cualquier emergencia.
La comunidad ha tomado cartas en el asunto. Niños, niñas, y personas organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora, mayoritariamente madres, acompañadas por PODER, decidieron emprender la lucha legal. A través de un amparo, están demandando a Andrés Manuel López Obrador, como titular del Gobierno Federal; a Claudia Pavlovich, como titular del Gobierno de Sonora, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de Educación y Cultura de Sonora por violaciones a los derechos humanos.
¿Qué quiere la comunidad? Una solución a la falta de conectividad que los aísla y coloca en estado de incomunicación, medios para que las y los niños puedan acceder en condiciones dignas a la educación y respeto a su gratuidad.
Hasta hoy, ni autoridades locales ni federales han dado una respuesta a la demanda. El asunto se ha minimizado bajo la narrativa de que “es un caso aislado”, o que “a veces sí hay señal” (en el cerro a 40 minutos). A medida en que normalizamos vivir en pandemia, también normalizamos estas situaciones. ¿Será que, por un momento, las autoridades se pueden poner en los zapatos de las personas que habitan Bacanuchi y ofrecer una solución de fondo y permanente ante estas violaciones a los derechos humanos.
¡No más brechas en Bacanuchi! ¡Educación gratuita ya! ¡Acceso a herramientas tecnológicas ya!