Accionistas deben influir para que Grupo México respete derechos humanos

La reunión de accionistas de Grupo México es una oportunidad única para que las Entidades Inversionistas Institucionales usen su influencia para exigir a la compañía la incorporación de un enfoque de respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de valor, tengan o no relación directa con riesgos materiales.

El próximo viernes 28 de mayo accionistas de Grupo México se reunirán, como cada año, para ratificar nuevamente los liderazgos y los beneficios que éstos reciben derivado de la administración y toma de decisiones al interior de sus consejos. En esta sesión se incluyen las subsidiarias y holdings como Americas Mining Corporation (E.U.A.), Southern Copper Corporation con Minera México (Buenavista del Cobre) y Southern Perú. Este encuentro es una oportunidad única para que las Entidades Inversionistas Institucionales (EI) usen su influencia para exigir a la compañía la incorporación de un enfoque de respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de valor, tengan o no relación directa con riesgos materiales, sobre todo cuando se trata de corporaciones con largos historiales de abusos e impunidad como es el caso de Grupo México.

Recordemos que hace casi 7 años la mina Buenavista del Cobre (BVC), subsidiaria de Grupo México derramó 40 millones de litros de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, sin que hasta la fecha haya remediación efectiva, posturas claras de las autoridades, alto a las actividades que promueven la captura corporativa del estado, y una posición clara sobre las entidades inversionistas institucionales (EI) que, dicen¹, buscar ser responsables con el medio ambiente y la sociedad. Este derrame fue catalogado por el mismo gobierno federal como el peor desastre ambiental minero en la historia de México.

Las juntas de accionistas resultan un momento clave para que quienes financian e invierten en estas operaciones exijan rendición de cuentas y se cuestionen si las y los directores que han llevado a este y otros casos son a los que se quiere otorgar confianza, así como analizar si sus recursos están siendo colocados en empresas donde existen políticas de gobernanza que permiten los abusos y violaciones de derechos humanos en los lugares en los que operan, en sus cadenas de valor, y en el medio ambiente.

En el caso de Sonora, a pesar de los logros obtenidos por las comunidades en materia de amparo y otras victorias legales no se ha conseguido la reparación integral del daño provocado por Grupo México. Como ya lo han expresado, las comunidades se sienten en el abandono, con promesas incumplidas y con falta de participación en temas que les impactan a corto y mediano plazo.² No sólo el derecho a la participación, sino los derechos a la vida, a la salud, al agua potable, al medio ambiente sano, y a diversos derechos económicos, entre otros, que se han visto puestos por debajo de los intereses económicos y del poder polítco que la empresa tiene. Inclusive se han revertido logros como cuando la ministra Yasmín Esquivel de la Segunda Sala de la SCJN revocó la sentencia favorable relacionada a la clausura de dos pozos de agua contaminados a raíz del derrame y con altas concentraciones de arsénico y plomo por arriba de las NOM mexicanas y representando un riesgo a la salud³, de acuerdo a la OMS.

Esta asamblea de accionistas es clave porque se celebrará apenas cinco días después de la Reunión Pública Informativa (RPI) en Sonora los días 22 y 23 de mayo, convocada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en la que las comunidades cuestionarán directamente a las autoridades sobre la extinción unilateral del fondo creado (Fideicomiso Río Sonora), presuntamente, para la reparación integral del daño y la conclusión del programa de remediación ambiental sin haber incluido la participación de la comunidad en la toma de decisiones.

Es precisamente por esta razón que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió el año pasado dicho cierre, medida tomada durante la administración de Enrique Peña Nieto, y ordenó llevar a cabo la RPI⁴. En esta reunión estarán presentes las personas quejosas de las comunidades afectadas, las autoridades ambientales y representantes de las empresas responsables del derrame (Grupo México y BVC) y se dará oportunidad a las quejosas de manifestar sus conformidad o inconformidad, “preocupaciones y posibles sugerencias⁵”, y proponer medidas “para eliminar y reducir los contaminantes”. Asimismo, la autoridad está obligada a recibir, desahogar y valorar las pruebas que las quejosas estimen convenientes. De acuerdo a la sentencia, “una vez hecho lo anterior y habiendo escuchado también a las empresas responsables del derrame, las autoridades competentes deberán emitir una nueva determinación respeto al cumplimiento de las medidas correctivas”.

Esto es relevante para las EI dado que un caso tan grave como el que sucedió en Sonora tiene efectos materiales y es un riesgo en la inversión, por lo tanto es fundamental que quienes invierten dinero en las empresas cuenten con toda la información posible para mejorar su toma de decisiones y puedan o no dar el espaldarazo mediante sus votos en las asambleas de accionistas a los liderazgos a cargo.

El Fideicomiso Río Sonora fue constituido con recursos aportados por empresas subsidiarias de Grupo México y administrado por Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D.”⁶ Los fideicomitentes son BVC y OMIMSA. La finalidad general del Fideicomiso era la de servir, por instrucciones del Comité Técnico de: 1) fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame, conforme al Programa de Remediación 2) mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame. Los Fideicomitentes se comprometieron a aportar al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de 2 mil millones de pesos y si fuera insuficiente se añadirían los recursos adicionales bajo determinación del Comité Técnico, cuyo titular designado en aquel momento fue Rodolfo Lacy Tamayo, el entonces Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, y quien actualmente funge como Director para el Medio Ambiente de la OCDE.

Desde PODER hemos documentado ampliamente varias irregularidades en el uso de ese fideicomiso⁷, entre ellas, que sólo se ejerció apenas el 61% de los fondos, que una parte de ellos terminó en la empresa Rotoplas, de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, otra parte fue destinado a campañas de relaciones públicas en Cinemex, del mismo conglomerado, y la falta de cumplimiento en la principal promesa del fondo sobre crear 36 plantas potabilizadoras y de las cuales sólo funciona una de manera intermitente y no filtra metales pesados. Otras de las promesas incumplidas fue la de construir una clínica de salud, la cual terminó en obra negra, y la implementación de un programa de reactivación económica que nunca llegó.

En este y otros casos, el no tener procesos de debida diligencia en derechos humanos y temas ambientales (DDDHyMA) instalados como parte de las operaciones de las empresas conlleva también dejar de lado posibles riesgos, como lo es la construcción de la nueva presa de jales para la mina de BVC, una con más capacidad de almacenamiento de metales pesados y que podría acabar con la vida de las personas, flora y fauna de la cuenca en caso de romperse o derramarse, como se ha visto en otros casos en el mundo.⁸ En este sentido, las EI pueden usar su influencia para que las empresas en donde están invertidas incluyan procesos de DDDHyMA, para evitar que se  cometan las mismas fallas de siempre, generando estos impactos negativos -frecuentemente irreversibles-, o bien, apoyando a líderes más conscientes, para tomar las riendas y estar en línea con los objetivos de inversión responsable/sostenible y para ser totalmente transparentes con sus EI.

Grandes inversionistas o administradoras de fondos como BlackRock promueven discursos sobre la sustentabilidad, el retorno de inversión a través de conexiones más profundas con las diferentes partes interesadas, compromisos en transparencia para abordar riesgos, en metas para reducir actividades que generan el cambio climático⁹, entre otras, sin embargo, estos posicionamientos corren el riesgo de contribuir a un simple blanqueo de información o ejercicio de relaciones públicas si no se traducen en exigencias concretas al momento de hacer negocios.

Por lo tanto, es inaceptable seguir haciendo “negocios como siempre”, las EI tienen la oportunidad de manifestar su compromiso real votando por liderazgos que transparenten sus procesos ambientales, de gobernanza y sociales, así como sus riesgos materiales ligados a impactos a derechos humanos, y votar en contra de la reelección de personas que ignoran sus responsabilidades en la materia y menoscaban el Estado de Derecho.

Para que las EI y analistas puedan tener un panorama real es necesario romper las barreras existentes y obtener información no sólo directamente de las empresas en donde están invertidas, sino a través de una diversidad de fuentes, como periodistas reconocidas/os y expertas/os en el tema, organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo legítimo para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente y, por supuesto, de las comunidades que resultan afectadas o posiblemente afectadas con los proyectos empresariales y de inversión. Una forma es escuchar de la propia voz de las comunidades, a través de un espacio formal, sobre la situación, impactos, avances y obstáculos dentro de las reuniones de accionistas.

Por otro lado, esperamos que esta noche durante el debate para el gobierno de Sonora los candidatos y candidata al gobierno de la entidad fijen una postura clara sobre este tema que también les atañe. Todas y todos los cargos en posiciones de toma de decisión en el sector público y privado deben hacerse corresponsables y actuar ya para poner fin a casi 7 años de impunidad en el marco de este desastre ambiental minero.

Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.

* Miguel Ángel Soto (@Miguel_STrev) e Ivette González son director y asociada senior de vinculación estratégica y campañas de incidencia, respectivamente, en Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (@poderlatam).