Hermosillo, Sonora, 17 de mayo de 2021.- Los próximos 22 y 23 de mayo tendrá lugar, en el Museo Regional de Ures, Sonora, la Reunión Pública de Información (RPI), organizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso del Fideicomiso Río Sonora (FRS).
La Profepa hizo llegar la convocatoria a las personas quejosas, 36 representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que interpusieron un amparo, atraído por la SCJN en julio de 2019, para reclamar que la extinción del FRS y la conclusión del programa de remediación ambiental se hicieron unilateralmente, sin la participación de las personas afectadas, y que este mecanismo, creado por Grupo México y el gobierno de Enrique Peña Nieto tras el derrame tóxico de 2014, no podía cerrarse hasta no cumplir con la remediación prometida.
El 15 de enero de 2020, la Corte concedió el amparo y protección a los CCRS en este caso y dejó sin efecto el convenio de extinción del Fideicomiso, lo que significó una victoria legal para los CCRS. También determinó que las autoridades debían organizar una reunión pública de información en la que se explique a los quejosos en qué consiste el convenio del Fideicomiso, cuáles son las medidas ambientales que se llevaron a cabo; “cómo se llegó a la determinación y qué medios se utilizaron para concluir que se alcanzaron los niveles de remediación propuestos y autorizados”; “cómo se llegó a la determinación y qué medios se utilizaron para concluir que se cumplieron las medidas correctivas precisadas”, así como saber “cómo se cercioraron de que los fines del Fideicomiso habían sido cumplidos”.
En la reunión, en la que estarán presentes las personas quejosas, las autoridades ambientales y representantes de las empresas responsables del derrame (Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, de Grupo México) se dará oportunidad a las quejosas de manifestar sus conformidad o inconformidad, “preocupaciones y posibles sugerencias”, y proponer medidas “para eliminar y reducir los contaminantes”. Asimismo, la autoridad está obligada a recibir, desahogar y valorar las pruebas que las quejosas estimen convenientes.
De acuerdo a la sentencia, “una vez hecho lo anterior y habiendo escuchado también a las empresas responsables del derrame, las autoridades competentes deberán emitir una nueva determinación respeto al cumplimiento de las medidas correctivas”.
Los Comités de Cuenca Río Sonora esperan que esta reunión, fruto de casi siete años de lucha, atienda eficazmente y de manera integral toda la problemática derivada del derrame. “Queremos que se cumplan las promesas que se nos dieron al inicio de este desastre ecológico, de parte del Gobierno y de la empresa, para poder seguir adelante con nuestra vida. Porque esto ha cambiado mucho la vida de todos los habitantes del río –dice Elba Nidia Hurtado, de El Sauz, Ures, una de las firmantes del amparo–. Tengo esperanzas en que a partir de la Reunión Pública se resuelva esta problemática. Si hay voluntad de parte de las autoridades, sí podemos alcanzar la remediación, entendiendo que ésta debe cubrir todas las afectaciones; son siete años de consumir agua contaminada que ha afectado seriamente nuestra salud, nuestro campo, lo que comemos, cómo vivimos, por lo que las soluciones tienen que tomar en cuenta esto y ser integrales”.
“Si en la Reunión Pública las cosas se hacen como hasta ahora, no queremos nada. El primer fideicomiso no hizo nada, y eso lo tienen que comprender. Las autoridades tienen la obligación de cuestionar las potabilizadoras actuales, que no cumplen con su responsabilidad de dar agua limpia y son una carga para los habitantes y municipios que ahora no saben qué hacer con ellas, dice Mario Salcido, también firmante.
Celestina Sánchez, firmante del amparo y habitante de Huépac, añade que “las autoridades tienen que aceptar que la salud y el agua son un mismo templo, y se requieren acciones inmediatas”.
Además del acceso a la salud y al agua limpia, las exigencias básicas de los CCRS frente a esta reunión se relacionan con la reactivación integral del campo; la remediación de agua, aire, suelo, fauna y flora y el monitoreo ambiental; la participación efectiva de la comunidad en las futuras implementaciones de los fondos de remediación; la transparencia y rendición de cuentas de los gastos del Fideicomiso, y el fin de la impunidad de Grupo México; es decir, que las autoridades obliguen a la empresa a enfrentar las consecuencias por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas. “En la reunión no se puede ignorar que el río Sonora tiene 36 comunidades, y cada acción debe ser pensada para cada una de ellas. Queremos participación en las decisiones. Nosotros también sabemos lo que es bueno para los pueblos”, dice Socorro Domínguez, integrante de los CCRS.
La Profepa indicó que la reunión estará dividida en dos partes, a día seguido, en horarios de 10 am a 12 pm, de 1 pm a 3 pm y de 4 pm a 6 pm, para guardar las recomendaciones de sana distancia debido a la pandemia por COVID-19.
