Cuando hablamos del derrame en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, de los 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados, no podemos hacerlo sin mencionar todo el daño que ha ocasionado a nuestros ecosistemas, a nuestra economía, a nuestra salud y al tejido social de nuestras comunidades. Antes, hablar del Río Sonora era hablar de tener acceso a agua limpia, de recreación y de procesos productivos agrícolas y ganaderos. Hoy se ha convertido en un tema de injusticia social.
Se cumplen siete años de impunidad, a la espera de una justicia que promete estar a la vuelta de la esquina, pero que se desvía ante los ojos de todas y todos; una justicia que simula escuchar nuestras peticiones, que promete resarcir los daños, pero que responde atendiendo intereses ajenos a los de nuestras comunidades. Mujeres, niñas, niños y hombres seguimos luchando porque nuestra agua, nuestras tierras, nuestros ecosistemas vuelvan a ser lo que tantas generaciones disfrutaron antes del derrame provocado por la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.
En estos siete años hemos visto a las autoridades de todos los niveles, a los políticos y a los empresarios negar la existencia de la contaminación y al mismo tiempo buscar aprovecharse de nuestra situación para su propio beneficio. Sin embargo, nosotras no nos hemos doblegado ante quienes buscan desarticularnos y frenar nuestras ganas de defender nuestra fuente de vida: el agua.
Son cientos de kilómetros de afectación ambiental. Son miles de personas las que se han visto afectadas por el derrame, que viven con la incertidumbre de no saber en qué estado de salud se encuentran sus hijos e hijas, así como ellas mismas, y otras más que han tenido que emigrar por el bien de sus familias. Por otro lado, no sabemos aún las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo de consumir agua con las altas cantidades de arsénico y plomo, que revelaron las autoridades federales a finales del año pasado y, peor aún, sin conocer cuál es el plan de acción concreto y cómo se organizarán las autoridades para resolver este problema. ¡Basta de decir “a mí no me toca” y de deslindarse de sus responsabilidades!
Durante estos siete años se ha evidenciado la desigualdad social, de género y la falta de oportunidades a la que nos enfrentamos principalmente las mujeres cuando el Estado nos niega una participación sustantiva en la toma de decisiones y en las políticas alrededor del agua. Somos principalmente nosotras quienes hemos cargado sobre nuestros hombros el peso de cientos de garrafones de agua, presuntamente purificada, y la negligencia de las autoridades y de la empresa responsable del desastre, del incumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del fideicomiso para reparar el daño y de la falta de servicios de salud en los pueblos del río.
Las dobles y triples jornadas que recaen en miles de mujeres que vivimos a lo largo de la cuenca del Río Sonora se han recrudecido, ya que somos nosotras, también trabajadoras, amas de casa y estudiantes quienes absorbemos los trabajos de cuidados de nuestras familias y quienes administramos la economía y la poca agua que llega a nuestros hogares. Esta situación ha afectado también nuestras finanzas, desarrollo profesional y salud.
Junto con nuestros compañeros, es momento también de defender nuestra libertad y derecho a incidir de forma sustantiva en el desarrollo de los planes de manejo y remediación que exigimos a las autoridades implementar en nuestras comunidades. Con estas medidas damos pasos hacia adelante para la equidad entre hombres y mujeres.
A siete años del peor desastre ambiental minero en la historia del país, provocado por Grupo México, los Comités de Cuenca Río Sonora tenemos siete exigencias fundamentales:
- No más simulación y sí a la articulación de competencias entre el gobierno federal, el gobierno estatal electo y las autoridades municipales para que se nos garantice nuestro derecho humano y constitucional al agua. Hoy más que nunca sabemos que el valor de una minera, de una trasnacional, de un megaproyecto nunca superará el valor de tener agua limpia y salud para nuestras familias.
- Respuesta y atención urgente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se dicten las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la salud de nuestra población y abastecimiento de agua potable, salubre y suficiente.
- Insistimos en la gestión, instalación, funcionamiento de las plantas potabilizadoras con filtración de metales pesados, reubicación de pozos contaminados y la instalación del centro médico especializado en salud ambiental.
- Creación del plan de remediación y monitoreo constante de contaminantes en el medio ambiente, incluyendo agua, suelo, aire, fauna y flora.
- Elaboración de un plan de reactivación integral del campo, con especial atención para las y los pequeños agricultores y ganaderos.
- Reactivación del Fideicomiso para reparar los daños, con nuestra participación efectiva, sin intermediarios, con perspectiva de género, cuentas claras y transparencia en el uso de esos fondos.
- Rendición de cuentas de Grupo México. Sanciones y castigo a la empresa responsable por el derrame de tóxicos.
Por el derecho de nuestros hijos e hijas a vivir en un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por el derecho a la salud y el acceso a agua de calidad de todas las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi decimos:
¡Basta de #7añosDeImpunidad!
¡Reparación del daño!
¡Garantía de no repetición!
¡Agua limpia para los ríos Sonora y Bacanuchi!
Comités de Cuenca Río Sonora
