Insistimos en la necesidad de contar con un registro público y accesible, con datos abiertos, que permita identificar de manera individual a los beneficiarios finales de las empresas que tiene actividades en nuestro país.
Recientemente, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ publicó una investigación basada en la filtración de casi 12 millones de documentos financieros que develó la manera en la que jefes de estado, exmandatarios, personajes de la élite empresarial y la política, así como celebridades del espectáculo y el deporte de todo el mundo han utilizado los servicios financieros de grandes despachos para la conformación de empresas offshore.
Si bien la conformación de este tipo de empresas no es ilegal y tampoco constituye un delito en sí, en muchas ocasiones estas sociedades son constituidas en jurisdicciones que cuentan con regulaciones laxas (paraísos fiscales) que permiten mantener en secreto sus transacciones y con ello evitar el pago de impuestos a través de la elusión y evasión fiscal, lo que tiene impactos negativos en la recaudación de los países y por tanto en la justicia fiscal.
Este modelo de negocios representa un grave riesgo toda vez que impone las condiciones propicias para la comisión de delitos como el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas, algunas vinculadas con el crimen organizado. Tal como podemos observar con los Pandora Papers y como hemos atestiguado en su momento con la divulgación de los Paradise y Panama Papers, esto no sólo fomenta la corrupción estructural sino que propicia un círculo vicioso en el que el fenómeno de la captura corporativa se beneficia de este secretismo e impide avanzar en regulaciones que garanticen la transparencia de las actividades empresariales, por lo que son altamente recurridas por las élites económicas para mantener en secreto la identidad de las personas que en última instancia se benefician de las actividades de estas empresas.
Es por ello que desde PODER insistimos en la necesidad de contar con un registro público y accesible, con datos abiertos, que permita identificar de manera individual a los beneficiarios finales de las empresas que tiene actividades en nuestro país. Este registro de beneficiarios finales debería ser una prioridad en la política federal para combatir la captura corporativa, la corrupción y la opacidad con la que estas sociedades llevan a cabo sus actividades, además de que es una condición básica para dar un paso hacia la responsabilidad que las empresas tienen frente a los derechos humanos. Esto aunado a los compromisos que México ha asumido a nivel internacional y nacional sobre corrupción, transparencia, acceso a la información, empresas y derechos humanos, sostenibilidad ambiental, particularmente en las industrias extractivas. Estos son elementos básicos para la elaboración e implementación de políticas públicas y regulaciones específicas.
Los Pandora Papers han develado los nombres de personajes de la clase empresarial mexicana que se encuentran vinculados a empresas creadas en Islas Vírgenes, Reino Unido, Nueva Zelanda y Delaware (EEUU), entre otros lugares, como en el caso de Germán Larrea, -dueño de Grupo México, empresa que tiene actividades en la minería, transportes y la infraestructura, y que es responsable del peor desastre ambiental minero en nuestro país-,1 María Asunción Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir, por mencionar algunos. Además de ellos, se develaron los nombres de varios servidores públicos y personajes de la política nacional que muestran la importancia de identificar a todas las personas políticamente expuestas (PPE) que son parte de los beneficiarios finales de las empresas. En este caso la cooperación de las autoridades mexicanas dadas las PPE que salieron a la luz será fundamental para identificar en dónde están esas brechas legislativas que permiten las empresas fantasma, el uso ilegítimo de las offshore, y la evasión y la elusión fiscal.
A partir de la publicación de los Panama Papers hubo una serie de medidas que fueron implementadas en distintos países y las cuales incluyeron rescisiones, sanciones penales y la investigación sobre líderes mundiales, algunos gobiernos se enfocaron en la recuperación de 1.3 billones de dólares en ingresos perdidos por los evasores fiscales, e incluso dio pie a una serie de cambios legislativos.2 Los registros de beneficiarios finales permiten conocer la relación y el nivel de control que se tiene sobre las empresas, lo cual puede también exhibir los vínculos familiares y amistades que permiten en ocasiones ocultar ganancias ilícitas, aunque se transfieran en sociedades offshore en un proceso legal.
Los estándares de la OCDE, de la que México es miembro, sobre intercambio de información proveen de un marco para que los administradores fiscales reciban información detallada sobre los asuntos offshore de los contribuyentes de 163 jurisdicciones. La propia OCDE ha dicho que “aunque la información contenida en las filtraciones de los Pandora Papers puede ser valiosa en las investigaciones, la inclusión de información sobre una persona o entidad en una filtración de datos no significa automáticamente que haya habido incumplimiento.”3
Los Pandora Papers nos recuerdan la urgente necesidad de avanzar en esta agenda para propiciar mayor transparencia y dotar a los estados de más herramientas para la fiscalización, prevenir actos de corrupción, malversación de fondos, lavado de dinero y evasión fiscal; en materia de transparencia y medidas para asegurarla como son los registros de beneficiarios finales. Una reforma fiscal debe de contemplar requisitos en esta materia. Reiteramos nuestro llamado a la Secretaria de la Función Pública (SFP) para retomar los trabajos de la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en materia de transparencia de beneficiarios finales, junto con todas las dependencias con las que se ha venido trabajando y junto con las organizaciones de la sociedad civil.
El llamado también se extiende a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Santiago Nieto, y al Senado de la República para que actúen y eviten que la elusión y evasión fiscal siga afectando las condiciones básicas de las personas para una vida digna, pero también para legislar en torno a un registro público de beneficiarios finales.
En la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), México recientemente adoptó una definición sobre beneficiarios finales. Sin embargo, es fundamental que las empresas extractivas -de minería e hidrocarburos- que participan en ella, asuman el compromiso para divulgar esa información de manera amplia, abierta y de manera progresiva.
Una definición efectiva debe identificar personalmente a cada beneficiario final que ejerce control directo o indirecto sobre una empresa o cualquier persona moral, así como de todas las personas morales de las que pudiera estar compuesta la primera. Para ello, es fundamental contar con umbrales de titularidad bajos (5% de las acciones, o incluso por debajo) que permitan incluir a la mayor cantidad de beneficiarios finales y, así, evitar espacios para ocultar la comisión de actividades ilícitas.4
Recordemos que el umbral establece los requisitos de divulgación sobre la posesión directa e indirecta de acciones de titularidad, derechos de voto y derecho a percibir ingresos. El proceso EITI[5] estableció, para un primer ejercicio, un umbral del 20%; esto implica estar por debajo de los umbrales establecidos en Nigeria, Kenia, Senegal, Argentina, Paraguay y las Islas Caimán6, dejando por fuera a muchos de los beneficiarios finales. No obstante, ello obliga a las partes del proceso EITI a asumir el compromiso de avanzar progresivamente a un porcentaje más adecuado con las recomendaciones que se han emitido en la materia. Por otro lado, nuestra postura es que en un proceso nacional, mediante un registro de beneficiarios reales para todas las industrias, no sólo las extractivas, se llegue por debajo del umbral del 5% regulado en la ley mexicana.
Finalmente, los Pandora Papers nos han permitido conocer la ingeniería corporativa mundial a través de la filtración de documentos y mediante la participación de las personas informantes y alertadoras, periodistas y defensoras de derechos humanos. El fortalecimiento institucional debe garantizar y fomentar la labor de éstas, evitando su estigmatización u obstaculización de su labor.
Más sobre beneficiarios finales aquí.
* Daniel Castrejón e Ivette González (@IGR11) son investigador y asociada senior de vinculación estratégica, respectivamente, en Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.
3 OCDE (2021, October 14). “Pandora Papers” leaks: Statement by Bob Hamilton, Chair of the Forum on Tax Administration and Chris Jordan, Chair of the FTA’s Joint International Task Force on Shared Intelligence and Co-operation – OECD (Press release). Disponible aquí.
4 Global Witness ha recomendado umbrales menores a 5%. Disponible aquí.
5 Definición EITI México sobre Beneficiarios Finales. Disponible aquí.
6 Open Ownership (octubre 2020). Beneficiarios reales umbrales y definiciones en la ley. Accedido 18 octubre 2020. Disponible aquí.