En un pedazo de la selva tropical al sur del estado de Campeche, un grupo de vecinos que vive al margen de las antiguas vías de un ferrocarril construido en 1935 resisten contra los desalojos por el Tren Maya. Están en Candelaria: un pueblo cuyo nombre es igual al del río que lo atraviesa y donde la gente cultiva maíz y frijol o son comerciantes. Allí el Tren Maya tendrá un paradero enclavado en el tramo I.

Para garantizar que la relocalización de los habitantes de Campeche y otros lugares de la región sea consensuada y en el marco de los Derechos Humanos, el Fondo Nacional de Turismo y ONU-Hábitat firmaron en 2019 un acuerdo millonario¹ ven el cual la organización internacional se compromete a brindar asistencia técnica en materia de reordenamiento territorial.

Mientras Fonatur programa el inicio de las entrevistas, censos y visitas de ONU-Hábitat, los vecinos de Candelaria y el Colectivo Tres Barrios, por su parte, presentan amparos contra el proceso de relocalización del Tren Maya, aferrándose a sus viviendas.

Joaquín Aguilar, María Jesús Borjas, Cruz Morales y Nínive Hernández, vecinos en derecho de vía en Candelaria, aún no desisten del amparo. Tienen en común una cosa: quieren lo justo. Eso va desde la reubicación de sus viviendas o negocios hasta la relocalización de las vías para que ellos se puedan quedar donde han vivido o conservado su negocio por más de una década.

“En lo que a mí respecta sigo en la misma postura, siempre he pensado que reubicación al final es un desalojo, porque nosotros no solo defendemos las paredes de concreto o el piso de cemento, estamos defendiendo nuestra vida: aquí vimos crecer a nuestros hijos, tenemos el chiquero para nuestros animales, tenemos plantas y todo eso lo queremos y nos duele destruirlo”, sostiene Joaquín.

Kalycho Escoffie es la abogada de los casos Candelaria y el Colectivo Tres Barrios (conformado por los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real de la ciudad de San Francisco de Campeche); ha dedicado varios años al litigio estratégico en temas como el derecho a la vivienda y actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ella resume: no hay nada consensuado.

De poco ha servido la elaboración del Protocolo de Relocalización Consensuada de Población desde los Derechos Humanos², de ONU-Hábitat para Fonatur.

“Fueron las autoridades quienes decidieron que el proyecto iba a pasar por los barrios y por las comunidades. Quienes decidieron que las personas sean relocalizadas. Ya decidieron incluso en qué zonas y tienen hasta los modelos de cuáles van a ser las casas que les van a dar. Entonces, ¿qué es lo que está consensuado en eso? ¿qué de todo eso dicen que es con participación?”, cuestiona la abogada.

Cuando personal del Fonatur empezó a censar a las familias en Candelaria, de un total aproximado de 200 vecinos, 27 firmaron amparos contra el proceso de relocalización, 20 personas desistieron. La mayoría de ellas abandonaron sus casas con seis mil pesos para pagar una renta durante dos meses y la promesa de recibir una vivienda adecuada como reemplazo por parte del Fonatur, sin ningún documento que les garantice el acuerdo de palabra.

“La gente está dejando sus casas y las están desmantelando (…). Lo están haciendo por miedo a quedarse absolutamente sin nada, no por convencimiento”, aseguró en entrevista Kalycho Escoffié, quien también refirió que la situación ha sido “generada por las autoridades que han presionado a través de distintas amenazas”.

Desalojos forzosos en el sureste de Campeche

Este problema no es exclusivo de Candelaria donde los juicios continúan, se repite en por lo menos seis casos documentados para este reportaje. Desde el municipio de Candelaria hasta 70 km al norte en la localidad de División del Norte en Escárcega, Campeche, existe una preocupación latente por parte de las familias de perder su vivienda a luz de la construcción del tramo I y II del Tren Maya.

Kalycho Escoffié sostiene que los desalojos forzosos que ocurren en la región están prohibidos por el derecho internacional. El argumento de la abogada es que “ninguno de los actores que participa en el Tren Maya tiene las facultades para desalojar personas de manera extrajudicial, las facultades las tienen únicamente los jueces tras llevar un juicio y determinar que las personas tienen que desalojar, y en este caso no hay ningún juicio contra las personas. Lo que están haciendo es presionar para sacar a la gente o hacerla salir con miedo sin tener las facultades ni darles garantía”.

En Don Samuel, a unos 30 kilómetros de Candelaria, la violencia ya escaló hasta las amenazas de muerte. Una vecina que vive a un par de metros de las vías del tren narró que una tarde, un becario de Fonatur la llevó a una combi. Cerraron las puertas y le dijeron que los 13 vecinos de esa área habían firmado para desocupar sus terrenos.

“Yo no lo creía. Me dijeron: firme porque si no, se va a quedar sin nada. Les dije: se los firmo pero váyanse conscientes de que yo no les voy a recibir el cheque, y si vienen con esa cantidad, lo voy a romper. Mi idea era bajarme de la combi. Ellos me dicen: si no firmas te vamos a ahorcar. No pude leer lo que firmé”, dice.

Otras irregularidades

En Candelaria, además de los desalojos a familias, se han presentado casos de personas que estaban rentando una casa que no era suya y aceptaron la oferta de Fonatur de dejarla a cambio de 18 mil pesos. Las autoridades “ni siquiera se están cerciorando que las personas que reciben el dinero y entregan las casas son efectivamente los propietarios”, precisa Kalycho Escoffié.

Don Audumaro es uno de los vecinos que reportó la situación, tiene tres casas en renta, una de ellas ya está desmantelada: solo quedan trozos de pared y pertenencias que se mezclaron con la basura.

Las otras dos inquilinas recibieron 6 mil pesos cada una, y el personal de Fonatur les dijo que ya no le pagaran al dueño de la casa.

“Fonatur las puso como dueñas de las casas y por más que le digas a ellos que eran inquilinas no hacen caso. En lugar de guiarse con un papel para ver quiénes son los dueños, solo toman nombre y ya”, contó Audomaro.

A finales de agosto de 2021, el director general del Fonatur, Rogelio Jimenéz Pons, anunció la modificación de la ruta del proyecto Tren Maya en San Francisco Campeche, con ello 110 familias del Colectivo Tres Barrios que firmaron el amparo contra el proceso de relocalización anunciaron la victoria de su lucha en contra de los desalojos forzosos y la “destrucción de nuestros barrios, nuestros vínculos vecinales y nuestra identidad³”, afirmaron en un comunicado.

En Candelaria a partir de julio de 2021 decenas de ellos dejaron sus viviendas tras desistir de los amparos contra desalojos y la no reubicación de las vías por el proyecto del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los vecinos de Tres Barrios tienen mayores ventajas de comunicación y visibilización, contrario a Candelaria, una comunidad más apartada y de mayoría indígena “donde las presiones han llevado a que les digan que se tienen que ir o que no les va a tocar nada”, explica la representante jurídica.

A partir del 2023 los vecinos tendrán que compartir espacio con un Tren de mil 554 kilómetros de largo que cruzará cerca de negocios locales, secundarias, el camino de sus animales y canchas donde juegan fútbol a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Las autoridades aún no responden cómo afectará la convivencia entre vecinos y familias una vez que parta en dos la comunidad.

A más de un año del inicio de los juicios, los vecinos que continúan en el proceso jurídico tienen esperanza de mantener sus casas. Como dice uno de los vecinos que continúan en la lucha: «El Tren Maya nos invadió”.