El uso del arcoíris por la empresas durante el mes del orgullo delata las contradicciones entre mostrarse como “aliadas” de la comunidad LGBTTTIQ+ y el poco avance que han tenido en cambiar la manera de hacer negocios para alinearlo con el respeto por los derechos humanos.
Otro año más que en el mes del orgullo nos encontramos frente a una lluvia de arcoíris en los logos de las compañías y en los productos y servicios que ofrecen a sus clientes. Esta es la manera en que las empresas señalan su supuesto apoyo y solidaridad con la comunidad LGBTTTIQ+. Sin embargo, se trata mayormente de una estrategia de “marketing” para alcanzar y congraciarse con un segmento importante del mercado para elles, y para lavarse las manos de abordar de manera más seria y sustantiva el tema de la violencia, la discriminación, y la violación de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+. A este fenómeno se le conoce como “rainbow washing”.
La imagen –alegre y colorida– y la presencia ubicua del arcoíris durante el mes del orgullo, por un lado contribuye a una mayor visibilidad y representación de la comunidad LGBTTTIQ+. Pero, al mismo tiempo, se puede prestar a minimizar una historia y una realidad actual de violencia, discriminación y exclusión –en que muchas veces están implicadas las empresas– y para opacar las fuertes luchas de estas comunidades por reclamar sus derechos humanos. El uso del arcoíris por la empresas durante el mes del orgullo delata las contradicciones entre mostrarse como “aliadas” de comunidad LGBTTTIQ+ y el poco avance que han tenido en cambiar la manera de hacer negocios para alinearlo con el respeto por los derechos humanos.
Por ejemplo, en Estados Unidos, donde actualmente avanza a pasos alarmantes la ola de amenaza a los derechos de las personas sexodivergentes y los derechos sexuales y reproductivos en general, muchas de las empresas que se visten de arcoíris durante el mes de junio también donan cantidades de dinero a grupos e iniciativas legislativas anti-LGBTTTIQ+.1 En ese giro a la derecha (política) dura en el país del norte, se destacan particularmente los proyectos de ley en contra de las personas de la comunidad trans, en algunos casos apoyados por grandes compañías de alto perfil.2
En México se registran altos índices de violencia y discriminación hacia las comunidades y las personas LGBTTTIQ+. Según la última Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig) del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), por lo menos 6 de cada 10 personas LGBT reportaron haber sufrido algún tipo de discriminación. Asimismo, un 51,6 % de las personas LGBT denunciaron que se les “negó injustificadamente” un empleo o un ascenso por su orientación sexual, una cifra que asciende a 65 % en el caso de las personas trans.3 Un estudio reciente de la organización Human Rights Watch apunta a una de las causas raíces de la discriminación laboral y en otros ámbitos contra las personas trans en México: la falta en algunos estados, de un reconocimiento legal y documentos de identidad que reconozcan la identidad sexogenérica de las personas que no se identifican con el binario de género.4
PODER ha documentado casos de discriminación y violación de derechos de personas LGBTTTIQ+ por parte de empresas en México. El año pasado contamos las historias de personas que fueron víctimas de la transfobia y la serofobia (discriminación por vivir con VIH) en casos de empresas destacadas en México.5 Este año, contamos el caso de Paulette Slava, una mujer trans discriminada, agredida y expulsada por intentar usar el baño en Cinemex, una empresa perteneciente a Grupo México, que a pesar de tener políticas internas que dicen que respetan los derechos y la dignidad de las personas, demostraron todo lo contrario. Ni hablar de los otros casos de violaciones de derechos humanos relacionados con Grupo México.6
Volviendo al tema de lo que sí puede –y debe– hacerse desde la empresas para remediar, prevenir y eliminar a la violencia y la discriminación contra las personas y las comunidades LGBTTTIQ+, más allá del vestirse de los colores del arcoíris durante el mes de junio:
- Promover, desde el gobierno, procesos de debida diligencia obligatoria en las empresas que pongan atención a la discriminación y las desventajas estructurales de la población LGBTTTIQ+.
- Desarrollar planes nacionales de empresas y derechos humanos que contemplen la situación de poblaciones particularmente vulneradas por su identidad de género.
- Tener en las empresas, políticas y protocolos para proteger a las personas LGBTTTIQ+ de la discriminación, la violencia y el acoso de todo tipo, tanto en la contratación como en el lugar de trabajo.
- Garantizar el acceso a las seguridad social y pólizas de salud a las personas LGBTTTIQ+ y sus familias.
- Asegurar una representación diversa en los consejos de administración y en toda la estructura de la empresa.
* Elena Arengo es codirectora ejecutiva de la organización de la sociedad civil por la rendición de cuentas empresarial, con perspectiva de derechos humanos y género, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educacón e Investigación (PODER).
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.