El derrame dejó a miles de personas sin acceso a agua limpia y potable y sin acceso a servicios médicos especializados. Las poblaciones afectadas detectan en sus comunidades un incremento en enfermedades, principalmente respiratorias, gastrointestinales, afectaciones cutáneas y altos niveles de metales pesados en la sangre.
Este mes se marca el octavo aniversario del mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México. El 6 de agosto de 2014 se vertieron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado desde la mina Buenavista del Cobre -propiedad del conglomerado empresarial Grupo México- ubicada en el municipio de Cananea. El resultado fue la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, impactando la salud, el agua, el medio ambiente y la economía de ocho municipios y 22 mil personas a lo largo de la cuenca de esos ríos.
Desde entonces, las y los defensores de estas comunidades –organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS)– han llevado un reclamo incansable y pacífico por una reparación integral, y la rendición de cuentas de una empresa con una larga trayectoria de abusos
Este octavo aniversario marca también un momento clave para los CCRS. Consiguieron avanzar a una nueva etapa de su lucha, al lograr que la problemática del Río Sonora se abordara dentro del Plan de Justicia para Cananea, lanzado por el actual gobierno en 2021, coordinado por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS),1 y rebautizado por las y los defensores como “Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. En el marco de este plan se llevaron a cabo una serie de acciones dirigidas a recoger y sistematizar información sobre el estado de la salud, el agua, el medio ambiente, el ecosistema y la economía de la zona, así como la realización de mesas de diálogo entre autoridades y comunidades encaminadas a abrir el camino a una reparación efectiva.2
Los daños: se confirma lo que ya se sabía
El derrame dejó a miles de personas sin acceso a agua limpia y potable y sin acceso a servicios médicos especializados. Las poblaciones afectadas detectan en sus comunidades un incremento en enfermedades, principalmente respiratorias, gastrointestinales, afectaciones cutáneas y altos niveles de metales pesados en la sangre. Los campesinos han tenido que lidiar con los tropiezos que dejó el derrame para cultivar sus tierras y vender los productos de la región con la facilidad y ritmo que se hacía previo al 2014. Las mujeres del río, particularmente, han tenido que sostener el reparto de algunas de las peores consecuencias del derrame. Ellas son quienes llevan el peso de los garrafones de agua supuestamente purificada, la supervisión de su consumo y no de fuentes menos confiables, y la preocupación por el alza de malestares en sus comunidades. Asimismo cargan con doble y triple jornada, como trabajadoras, amas de casa, madres y estudiantes, asumiendo los cuidados de las familias, la gestión de la economía doméstica, y administración de la poca y dudable agua que llega a los hogares en los que se ha confirmado presencia de metales pesados.
La información presentada por las autoridades en las actuales mesas de trabajo, y recogidas en el informe elaborado por los CCRS: El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad, confirma con datos oficiales lo que la comunidad expone desde años: la presencia masiva y homogeneizada de metales como plomo, arsénico y cadmio en la sangre y orina de los habitantes de las comunidades afectadas a los largo de la cuenca; impactos negativos significativos en el medio ambiente, tal como la disminución de insectos importantes para la resiliencia del ecosistema, y daños económicos al Estado de Sonora y a la sociedad mexicana por 10 mil 200 millones de pesos –el triple de lo estimado inicialmente por la Administración anterior (3 mil millones de pesos)- y cinco veces más de lo destinado por el fallido Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos), que sólo ejerció poco más de la mitad (mil 200 millones de pesos).3
Asignaturas pendientes
El reclamo de los CCRS es por una remediación a la medida del daño. El acceso al agua potable es lo más urgente: más del 90 por ciento de las fuentes de abastecimiento para consumo humano reflejaron niveles alarmantes de arsénico y plomo.4 Demandan la instalación de potabilizadoras separadoras de metales y la reubicación de pozos en cada comunidad, con el compromiso de cubrir los gastos de operación y funcionamiento. Esto debe realizarse como un parte de un plan transexenal para el abasto del agua en los municipios afectados. Según los CCRS, 5 de las 6 plantas fijas hoy no funcionan, y la sexta opera intermitentemente. Por otro lado, ninguna de las 4 plantas móviles se encuentra en funcionamiento ni tiene la capacidad para abastecer a las comunidades. El compromiso establecido previamente por el fallido Fideicomiso Río Sonora era de construir 36. Sin embargo, las autoridades actualmente están hablando sólo de 10 plantas fijas, sin otorgar garantías para las demás.
Un plan integral de atención a la salud es otra demanda urgente. Se está avanzando en los programas de habilitar a especialistas en toxicología. Pero también reclaman la instalación definitiva de una clínica de especialidades, y que se atienda a todas las y los afectados que fueron expuestos, especialmente a los grupos más vulnerables.
El balance que hacen los CCRS acerca del compromiso y las acciones por parte de las autoridades gubernamentales es mixta. Por un lado, se valora el compromiso de la SEMARNAT, y de la SSA y sus institutos y comisiones. Por el otro, se sigue reclamando a PROFEPA un papel más proactivo en dotar de recursos al Fideicomiso y en declarar medidas cautelares por la situación. Asimismo, se le atribuye a CONAGUA la subestimación de la gravedad de la situación, y el retraso de soluciones urgentes en garantizar el derecho humano al agua.
En lo que a las instituciones del gobierno se refiere, los CCRS reclaman una mejor coordinación que se refleje en un documento oficial escrito, calendarizado y con acciones concretas, así como una estrategia de comunicación y de alerta para que las y los habitantes del estado de Sonora estén informados acerca de la situación.
Impunidad de la empresa y captura de estado
Grupo México mantiene silencio acerca de su responsabilidad en las afectaciones por el derrame en el río Sonora. En las reuniones públicas de información convocadas por las autoridades –y requeridas por comunidades en los juzgados– sus representantes no han dicho nada; no son obligados a identificarse y operan con opacidad. La empresa fue invitada al anuncio Plan de Justicia para Cananea -dsin la presencia de representes de las comunidades afectadas. Más aún, el 3 marzo de este año, los CCRS fueron informados por DGGIMAR que Grupo México lleva 11 años operando sin un plan de manejo de residuos peligrosos.5
Urge avanzar para cumplir con las demandas de las y los afectados por el derrame, que al fin y al cabo no están exigiendo más que sus derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua, a un medio ambiente sano y a una vida digna. Al mismo tiempo es necesario cuestionar y modificar los marcos que sostienen un modelo económico y político que promueven la impunidad de los beneficiarios de las industrias extractivas y la captura corporativa del estado.
* Elena Arengo (@ArengoElena) y Luis Franco Garza son coodirectora ejecutiva y organizador comunitario, respectivamente, en la organización de derechos humanos y rendición de cuentas empresarial Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER / @PoderLatam).
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.
- Los temas ambientales dentro del plan son coordinados por la SEMARNAT, y lo relevante al diagnóstico y atención a la salud, por la SSA. Cada secretaría involucra también a las comisiones e instituciones que están bajo su responsabilidad. ↩
- Recordemos que una supuesta “reparación” se había asumido con la extinción unilateral, por parte de Grupo México, del Fideicomiso creado con ese propósito. Los CCRS pelearon ese cierre, y ganaron su reapertura con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ↩
- PODER, Julieta Lamberti, (2018). Análisis del Fideicomiso Río Sonora. Simulando la remediación privada en un Estado capturado. Disponible aquí. ↩
- Cofepris, oficio número S00132 2020. Disponible aquí. ↩
- Dirección General de Gestión Integral y Actividades Riesgosas.oficio DGGIMAR.710/00428. Disponible aquí. ↩