Este 6 de agosto se cumplen ocho años desde que los ríos Sonora y Bacanuchi fueron contaminados con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de una presa de lixiviación de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, la tercera productora de cobre más grande del mundo, lo que afectó directamente a 22 mil personas en ocho municipios, su salud, al ecosistema y la economía del Estado de Sonora. Este derrame fue considerado por el gobierno mexicano (2012-2018) como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México.
Ante la magnitud del desastre, en 2014 habitantes de los municipios afectados por el derrame se organizaron y crearon un movimiento que busca justicia y reparación. Este colectivo se llama Comités de Cuenca el Río Sonora (CCRS), lo conforman personas de ocho municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Ures y Hermosillo rural. Este movimiento es acompañado por la organización de la sociedad civil especializada en rendición de cuentas empresarial Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Tras ocho años de lucha pacífica frente al gigante conglomerado perteneciente a Germán Larrea, los CCRS han logrado el reconocimiento de las autoridades nacionales e internacionales, de la opinión pública y se han constituido como un actor de peso que busca inclinar la balanza frente a los desproporcionados abusos empresariales cometidos por Grupo México.
Luego de años de lucha, la voz de los CCRS llegó a la actual Administración y en 2021 comenzaron una serie de mesas de diálogo y trabajo para emprender las primeras acciones de este gobierno en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación por lo ocurrido. Es en ese contexto que tras el primer año de iniciado este proceso, las y los habitantes del Río Sonora presentan un balance de las acciones emprendidas por el gobierno federal, en coordinación con las comunidades, en el marco del llamado Plan de Justicia para Cananea, rebautizado hoy por las y los defensores como Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora.
En este nuevo balance se exhiben por primera vez, con base en información oficial, -resultado de la insistencia por justicia de los CCRS- los hallazgos principales sobre los verdaderos daños a los derechos humanos, a la salud, al medio ambiente, al ecosistema y a la economía. Entre ellos están la presencia masiva de metales como plomo, arsénico y cadmio en habitantes de distintos puntos de la cuenca, la disminución de población de insectos, los daños económicos al Estado de Sonora y a la sociedad mexicana por 10 mil 200 millones de pesos -que triplican lo estimado inicialmente por la Administración anterior (3 mil millones de pesos)- y quintuplican lo destinado por el fallido Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos), que en realidad sólo ejerció poco más de la mitad (mil 200 millones de pesos). Además, se hace una valoración sobre los avances y voluntades de la actual Administración en la búsqueda de justicia.
Esta nueva información revela que la versión construida por Grupo México, avalada por la pasada Administración, no se sostiene y hace falta un nuevo plan que contemple acciones que conduzcan a una efectiva reparación del daño, hacia la rendición de cuentas de la empresa y hacia un freno a la captura corporativa del Estado.
