- La falta de transparencia en los procesos de compra y acceso a las vacunas se encuentra cruzado por la captura corporativa de los Estados.
- Investigaciones señalan que las compras públicas no contaron con información completa y de calidad, y que la industria farmacéutica global ha utilizado diferentes mecanismos para influenciar la toma de decisiones en México.
- Por presión corporativa en 13 países de América Latina se modificaron leyes para poder comprar la vacuna entre septiembre y febrero del 2021.
Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022. El conversatorio Vacunas Covid-19, Transparencia y Derechos Humanos en América Latina, ocurrido el día de hoy, fue un espacio de diálogo y reflexión sobre cómo la falta de transparencia en los procesos de compra y acceso a las vacunas se entrecruza por fenómenos como la captura corporativa de los Estados y abre la puerta a conflictos de interés y corrupción; así como acerca de las acciones y propuestas que se pueden tomar para poner freno a este fenómeno y garantizar los derechos a la salud y al acceso a la información en la región.
Durante el evento, Ricardo Alexys Valencia Lara, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que “lo que tiene que ver con la adquisición y compra de vacunas ha sido un tema que ha estado sujeto a muchas cláusulas de confidencialidad entre los proveedores y los gobiernos. […] Los precios, las fechas de entrega o los planes de compra han estado sujetos a esas cláusulas, y ello ha representado un reto importante para la comunidad de transparencia”.
El servidor público también mencionó que, en el caso de México, el estudio Un año de compras de emergencia en México, del IMCO, señala que las compras públicas no contaron con información completa y de calidad, pues, por ejemplo, para más de 4 mil millones de pesos gastados en vacunas no se encontró ningún documento referente a la compra”.
México ha firmado 7 contratos de adquisición de vacunas contra COVID-19 y ha recibido donaciones de dosis por parte del gobierno de Estados Unidos. A pesar de que Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) solicitó copia de los contratos mediante solicitudes de acceso a la información y el INAI ha obligado al gobierno a publicar los documentos, sólo se han publicado versiones públicas de 5 contratos.
Por su parte, María Julieta Lamberti, de PODER retomó el informe especial El negocio de las vacunas, publicado el 7 de junio de 2022, el cual detalla cómo la industria farmacéutica global ha utilizado diferentes mecanismos para influenciar la toma de decisiones en México en beneficio de empresas del sector privado y por encima del interés público y la garantía al derecho a la salud. Detrás de esta opacidad se encuentran las empresas farmacéuticas quienes reciben recursos públicos pero mantienen oculta la información sobre sus ganancias y beneficiarios reales/finales.
Jorge Luis Ordelin, del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) invitó a que se hablara de transparencia no solo en el sector público, sino también en el privado, ya que “el sector privado tiene también responsabilidades”. A esto, añadió que lo que se demuestra con las vacunas es algo que está pasando día tras día con todos los medicamentos. “Desde que el medicamento entra al cuadro básico pasa de ser un instrumento del comercio a un derecho humano […] y el Estado tiene la obligación de garantizar ese medicamento. No nos hemos puesto a pensar qué implica o qué significa tener a las farmacéuticas negociando con los Estados”.
Entre los aspectos principales a considerar dentro de las dificultades para tener acceso a las vacunas, María Eugenia Luarca, de Vacunas para la Gente – LAC, señaló la asimetría en la capacidad de negociación y compra en comparación con los países del norte global, “que son países con economías más poderosas y que han podido hacer la compra de vacunas en un modelo que […] está basado, no en los derechos humanos, sino en un sistema mercantil, en el que quien tiene más plata es quien tiene las vacunas, es quien tiene derecho a la vida. Y esa desigualdad, esa asimetría, ha sido criminal”.
El conversatorio contó con la participaron de Ricardo Alexys Valencia Lara, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Hugo Osorio, de Serendipia; María Eugenia Luarca, de Vacunas para la Gente – LAC; Jorge Luis Ordelin, del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) y María Julieta Lamberti, de PODER.
Mira la grabación del conversatorio.
