Juzgado de Sonora tendrá la oportunidad de velar por el ambiente y la salud de las personas afectadas por derrame minero

• Habitantes afectados por derrame en Río Sonora continúan buscando justicia y reparación de daños.
• Hacen un llamado al Juzgado Decimotercero Distrito en Sonora para que siga velando por la vida, salud y ambiente de las personas expuestas a metales, y ratifique como definitiva una suspensión protectora e integral.
• Juzgado de Sonora decidirá en los próximos días la suspensión definitiva en juicio de amparo para el Río Sonora.

21 de octubre de 2022.- El 27 de mayo del presente año diez habitantes, entre ellos dos niños, de diferentes municipios que fueron afectados por el derrame minero ocurrido en 2014 en el Río Sonora, interpusieron un juicio de amparo ya que su solicitud de medidas cautelares, dirigida a la Profepa, no fue atendida favorablemente.¹ Esto forma parte del largo proceso que han llevado las comunidades afectadas en busca de justicia y reparación del daño.

En el amparo, las personas afectadas solicitaron una suspensión para que se salvaguarde su vida e integridad a través de acciones en materia de salud y de medio ambiente que protejan a la población de las fuentes de exposición a contaminantes mineros. Para ello, pidieron que se asegure la calidad del agua en las escuelas a lo largo del Río Sonora, y que la Profepa active sus facultades y atienda lo relativo a las fuentes de contaminación, ya que de lo contrario, aunque las personas tuvieran acceso a servicios médicos, continuarían en riesgo. El caso se encuentra en el Juzgado Decimotercero de Distrito en el estado de Sonora bajo el número de expediente 718/2022.

Casi de inmediato el Juzgado ordenó a las autoridades de los tres niveles de gobierno implementar medidas para la atención de la salud de las personas, las cuales incluyen transporte gratuito a los centros hospitalarios más cercanos a cargo de los Ayuntamientos, y proveer de agua limpia a las escuelas. Las personas afectadas presentaron una impugnación, ya que consideraban que las medidas eran insuficientes; ésta fue resuelta por el Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (Sonora) como parcialmente fundada y ordenó algunas precisiones.

No obstante, dicho Tribunal, al estudiar la inconformidad sobre la omisión del Juzgado de pronunciarse sobre las fuentes de exposición a metales pesados, se limitó a decir que esto se podía resolver en un incidente de suspensión. Por lo tanto, las personas afectadas solicitaron la apertura del incidente y lograron que el Juzgado abordara el principio de precaución en materia ambiental, concediendo una suspensión provisional para que:

1. Las autoridades adopten medidas preventivas para preservar la vida y la salud de las personas afectadas e informen sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo de contaminación por el derrame minero de 2014;
2. La Profepa realice una evaluación actualizada, con la mayor información científica posible sobre los daños ocasionados por el derrame;
3. Y, para garantizar los derechos a la información y a la participación en materia ambiental, la Semarnat y la Profepa informen a la parte quejosa las medidas ambientales llevadas a cabo con motivo del derrame, así como las posibles consecuencias en su salud y la forma en que se pueden prevenir estos efectos nocivos, retomando las preocupaciones y aportaciones de las personas afectadas.

Adicionalmente, el Juzgado precisó que la suspensión provisional no implica que se interrumpan otras acciones de las autoridades a favor de la salud y el ambiente en la región del Río Sonora.

Al ser dictada la suspensión, el Juzgado citó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en unas líneas que indican el espíritu que debe imperar en la adopción de las medidas que solicitaron las personas afectadas: “La preservación de la naturaleza y los bosques constituye un valor cuya defensa trae consigo un interés constante y sostenido en la opinión pública y los poderes públicos. Por tanto, el Tribunal Europeo estableció que ‘las exigencias económicas e inclusive ciertos derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la propiedad, no deben anteponerse frente a consideraciones relacionadas con la protección del medio ambiente’”.

Desde el inicio del juicio, el 27 de mayo, las personas afectadas hicieron saber al Juzgado que las sustancias a las que se encuentran expuestas están entre las diez de mayor preocupación en materia de salud pública para la Organización Mundial de la Salud² y que en las hojas informativas de la OMS se señala que en lo referente al plomo (Pb) no existe un nivel por debajo del cual se pueda decir que habiendo exposición no existirán efectos negativos. Además, la exposición a éste es prevenible. Tratándose de arsénico (As), el abordaje más importante en las comunidades consiste en prevenir la exposición mediante el abasto seguro de agua, pues puede haber afectación de grupos que cuentan con especial protección como son las infancias y las mujeres embarazadas; en este último, comprometiendo inclusive los derechos de las generaciones futuras. Esto amerita acciones inmediatas que atiendan de forma seria lo relacionado con las fuentes de exposición, mediante un actuar estatal diligente y comprometido con la salud y el ambiente.

En próximos días está previsto que se resuelva si la suspensión pasa de provisional a definitiva, por lo que hacemos un atento llamado a que el Juzgado continúe anteponiendo el interés público, velando por la salvaguarda de la salud y el ambiente de las personas, cuya protección es preponderante, y ratifique como definitiva una suspensión protectora e integral que aborde lo relativo a las fuentes de exposición a fin de que la problemática pueda ser atendida de origen.

Comités de Cuenca Río Sonora

¡Por la justicia, reparación y no repetición!