Si el sector privado va a seguir participando en espacios de la ONU, debe estar sujeto a normas y estándares internacionales de derechos humanos y protección del medio ambiente.
Por: Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Hace unos días se dio a conocer un acuerdo entre el gobierno de Egipto -anfitrión de la COP 27- y la empresa Coca Cola, para que patrocine la Cumbre del Clima de Naciones Unidas a realizarse en noviembre. Casi de inmediato, organizaciones ambientalistas estallaron en críticas contra el patrocinio de la COP por parte de una de las empresas más generadoras de basura plástica y acaparadoras de agua, acusándola de “greenwashing” y de querer aparentar como una empresa ecológica.1
En la COP de 2021 en Glasgow, Escocia, aunque no se permitió el patrocinio de empresas de combustibles fósiles, representantes de ese sector formaron la delegación más grande de la cumbre (503 personas).2 Cuando las empresas responsables de la contaminación participan y dominan las negociaciones sobre el clima, los resultados no son efectivos y retrasan las acciones urgentes para detener el cambio climático. Efectivamente, se considera a las negociaciones en Glasgow como un fracaso ya que no alcanzaron los compromisos necesarios para enfrentar la urgencia de la crisis.
El dominio del sector privado en espacios de la ONU no es un fenómeno nuevo, pero en el contexto de las problemáticas globales actuales es motivo de gran preocupación. A medida que las empresas incrementan su financiamiento, crece su capacidad de moldear agendas y prioridades. Hoy, los intereses de las corporaciones están tomando prioridad por encima de los intereses de las personas y el planeta. Las posiciones de los estados miembro más influyentes, así como los procesos y las decisiones de la ONU y sus agencias, han sido capturados por la influencia de las corporaciones, ahora consideradas como partes interesadas fundamentales, quienes cuentan con mayor recursos, influencia, y poder que la sociedad civil, y con capacidades cada vez más sofisticadas de eludir sus obligaciones en materia de transparencia, protección del medio ambiente, y derechos humanos.
Breve historia del sector privado en la ONU
Las empresas han estado presentes en la ONU desde su fundación en 1945, y jugaron un rol activo en la formulación de la Carta de Naciones Unidas. El sector cobró aún más preponderancia en los 80, cuando procesos de desregulación y privatización acompañaron la narrativa de que los gobiernos eran incapaces de abordar por sí solos los retos sociales y económicos de la sociedad.
Una de las causas raíz del auge del sector privado en la ONU es el modelo de financiamiento de la organización. Con la creciente complejidad de las problemáticas globales, el presupuesto regular de la ONU, determinado por las contribuciones asignadas de los estados miembros, no ha estado a la medida de las exigencias.3 Las agencias especializadas enfrentan iguales retos; la proporción de sus presupuestos regulares están en niveles extremadamente bajos.4
En este contexto, la ONU y sus agencias han tenido que buscar otras fuentes de recursos. Esto resulta en una dependencia de contribuciones voluntarias de los estados miembros, de empresas y de la filantropía. Estos recursos son voluntarios y negociados con los donantes, y muchas veces se alinean más con sus intereses y prioridades que con las necesidades actuales más urgentes. Además, no son estables ni predecibles, lo cual dificulta la planeación a largo plazo.
Alianzas cuestionables y socios sucios
Casi todas las agencias de la ONU se han asociado con empresas privadas, en algunos casos con trayectorias cuestionables en materia de derechos humanos y medio ambiente.
En mayo de este año, ONU Mujeres anunció una asociación con la empresa BlackRock, Inc., “para promover el crecimiento de la inversión con perspectiva de género”. BlackRock ha sido señalada por ser uno de los mayores inversores en empresas de combustibles fósiles en el mundo. BlackRock además invierte en proyectos que dañan la integridad ambiental, por ejemplo proyectos que destruyen los bosques tropicales para desarrollar plantaciones de aceite de palma, donde también ocurren abusos de derechos humanos y laborales. Un grupo de más de 700 organizaciones de mujeres y feministas dirigieron una carta a las autoridades de ONU Mujeres resaltando estas contradicciones con los valores de la agencia.5 Al final, y gracias a la presión de las activistas, ONU Mujeres rescindió el acuerdo.
El PNUD, por su lado, tiene una trayectoria de alianzas cuestionables con empresas de petróleo y gas. En Colombia, el PNUD anunció un paquete de ayuda de USD 1.9 millones para apoyar a comunidades pobres de la Amazonía.6 El programa era parte de una asociación con GeoPark, la multinacional petrolera que justamente buscaba extraer petróleo cerca de una comunidad indígena de la misma zona, y que estuvo involucrada en un derrame petrolero. Esta colaboración es otro ejemplo de cómo esta agencia, encargada del desarrollo sostenible, se asocia con empresas contaminadoras en proyectos que van en contra de los intereses de las mismas comunidades que pretende beneficiar. Un análisis de este programa reveló que sus objetivos incluían acciones para neutralizar la oposición a la explotación petrolera, realizar proyecciones de negocios para la industria, y en general facilitar el trabajo de la petrolera en un área sensible.
Los problemas con la influencia corporativa en la ONU
La participación en asociaciones con empresas del sector privado –y particularmente con aquellas con trayectorias cuestionables- no sólo daña la reputación de la ONU, sino que puede socavar su capacidad de diseñar soluciones efectivas a las problemáticas globales más urgentes: la violación de derechos humanos, las desigualdades económicas y sociales, la degradación del medio ambiente y la crisis climática.
Las acciones de las empresas en procesos de negociación de la ONU han bloqueado intentos de soluciones efectivas. La preferencia por las soluciones “técnicas” a la crisis climática, basadas en sistemas de mercado para los bienes comunes , son solo un ejemplo de la promoción de falsas soluciones que solo sirven a los intereses de las empresas y su lógica de ganancia.
Las dinámicas multiactor colocan a los garantes de derechos, las personas titulares de derechos y las empresas en lugares iguales, borrando las desigualdades de poder entre estos grupos. Las empresas, a diferencia de los gobiernos, responden a interesas de sus accionistas e inversionistas con el objetivo de aumentar sus ganancias, lo cual muchas veces está en conflicto directo con la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.
Las iniciativas impulsadas por la ONU para acotar el poder corporativo se han caracterizado mayormente por promover una conducta empresarial responsable. Se permite la participación de empresas con historias de violaciones, que dan la falsa impresión de que la ONU y las empresas transnacionales comparten los mismos objetivos. En otras palabras, se presta al “bluewashing” y el “greenwashing” que permite maquillar la imagen de las empresas e incluso a mejorar sus ganancias, en vez de promover obligaciones que sí cambarían el actuar de las empresas en pro de los derechos humanos.
¿Una participación del sector privado en la ONU?
Si el sector privado va a seguir participando en espacios de la ONU, debe estar sujeto a normas y estándares internacionales de derechos humanos y protección del medio ambiente. La ONU, sus agencias, y los estados miembros deberían establecer reglas claras de participación para el sector privado, que garanticen que no haya influencia indebida o conflictos de interés. Las empresas, en vez de hacerse propaganda con sus donaciones multimillonarias a la ONU, deberían pagar impuestos adecuadamente y sujetarse a regulaciones y mecanismos de debida diligencia y rendición de cuentas obligatorios. Por otro lado, los estados miembros, deberían apoyar el proceso para un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos , y promover regulaciones a nivel nacional para exigir a las empresas cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente.
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.
- Disponible aquí. ↩
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- En 2022, el presupuesto regular de la ONU es de aproximadamente 3.12 mil millones de USD. Hace 10 años, el total de los gastos presupuestados fue de 2,76 mil millones USD. Con ajustes por inflación y el aumento de costos de bienes y servicios, esto representa una reducción real del 18.3 por ciento durante esa década. ↩
- 11%, por ejemplo, en el caso de la OMS. Esta falta de recursos regulares fue lo que impidió a la OMS movilizar recursos de manera rápida para responder a la crisis global de la COVID-19. Ibid. ↩
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