Buenos días. Estoy aquí para hablar del mayor desastre socio-ambiental en la historia de la minería en México, qué sucedió el 6 de agosto del 2014 recorriendo los ríos Bacanuchi y Sonora. El derrame de una presa de lixiviados con ácido sulfúrico y metales pesados provenientes de la mina de Grupo México pasó por los 280 km, afectando a 8 municipios, 36 comunidades, y a más de 25000 personas.
No teníamos información clara. Por 3 meses se cerraron todos los pozos de agua potable y de agricultura, por eso nuestras siembras se perdieron en su totalidad. Después se abrieron sin saber la calidad del agua y las enfermedades se empezaron a ver. El gobierno reconoció oficialmente 381 casos de enfermedades, pero 4 años después dijeron que eran 1000. Estos no fueron atendidos con estudios toxicológicos. Los casos se archivaron y después los expedientes se perdieron.
El gobierno y la empresa acordaron crear un fideicomiso de 2 mil millones de pesos con recursos de ésta, en donde sólo se ejercieron 1200 y el resto no sabemos. Se comprometió:
1. Construir y operar un hospital de especialidades para atender las enfermedades que se presentaran desde el momento del derrame y hasta 15 años después.
2. Construir y mantener 36 plantas potabilizadoras para separar metales pesados del agua.
3. Llevar a cabo la reubicación de pozos de agua potable.
4. Pagar daños a la agricultura, a la ganadería, al turismo y al comercio.
Los compromisos anteriores no se cumplieron. No hay ni una sola planta que funcione de las sólo 6 que se construyeron. La reubicación de pozos solo fue de unos cuantos. El hospital de especialidades no existe. A los afectados por agricultura, ganadería, turismo, y comercio no se les cubrieron los daños. Todo fue una simulación.
Después de esto se quiso cerrar el fideicomiso argumentando que ya estaban reparados los daños, las autoridades daban por hecho de que se habían remediado y que el agua estaba limpia y apta para consumo humano.
La Suprema Corte de Justicia dio el fallo a favor de la comunidad y se declaró invalido el cierre arbitrario del fideicomiso, exigiendo a las autoridades reparar los daños en su totalidad, pero a la fecha no ha sucedido.
En la actualidad tenemos muchos problemas de salud. Hace un año logramos que se hicieran estudios a una cantidad de la población y en marzo recibimos los impactantes resultados, como estos míos y de mi hijo de 9 años, en donde a las personas se nos encontraron metales pesados en sangre y orina. Al 95% de la población se le encontró plomo, al 50% arsénico y al 79% cadmio. Nos están quitando la vida.
Se hicieron estudios en los pozos, en aguas superficiales, en aire y suelo, todo con metales rebasando las normas oficiales.
La nueva información del gobierno mostró que las pérdidas económicas reales por el derrame son cinco veces más grandes que lo calculado que eran 2 mil millones de pesos, y ahora asciende a más de 10 mil millones. La empresa minera sigue sin reparar, y nosotros seguimos sin justicia.
Los avances son muy lentos y no responden al gran impacto que la contaminación tiene en cada uno de nuestros días, no vemos para cuando se haga justicia en el río Sonora.
¿Qué debe de suceder para que las víctimas accedan a la remediación efectiva?
Hacemos un llamado a las personas de las Naciones Unidas para que puedan interceder en los gobiernos de México para que la reparación integral se lleve a cabo en el río Sonora.
Así como es un caso emblemático para la justicia en México, emblemática tiene que ser su reparación. La reparación tiene que ser proporcional al tiempo de espera y al impacto del desastre.
Tanto los inversionistas que le ponen sus dineros a empresas irresponsables como Grupo México, las organizaciones como la ONU que deben vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en los territorios, y el gobierno de México, tienen que responder por los abusos que le permiten cometer a Grupo México, tienen que llamar la atención a la empresa para que no siga contaminando y se haga responsable de sus daños al medio ambiente y a todos nuestros derechos humanos.
Queremos avances urgentes con nuestra participación, pues nosotros sabemos las afectaciones que tenemos porque las vivimos en carne propia y lo que necesitamos para repararlas como lo son: el hospital de especialidades incluyendo toxicológicas, las plantas potabilizadoras en las comunidades, no tener enfermedades por el exceso de metales pesados en nuestros cuerpos y salud, que se paguen los daños en la agricultura, ganadería y turismo, y que entre la empresa y el gobierno no sigan minimizando el problema.
El gobierno autorizó a la empresa construir una nueva presa de jales 51 mil veces más grande que la que se derramó, con 2 mil 40 millones de metros cúbicos, sin que la empresa haya rendido cuentas por su negligencia. Y ninguno reparó los daños. Sabemos que estamos en peligro, pues si esta se derrama se extinguiría el río Sonora y toda la ciudad capital del Estado.
A más de ocho años sin reparación, nos tienen que poner en el centro, tanto para la toma de las decisiones, como de la justicia y de la no repetición.
