Hermosillo, Sonora a 21 de diciembre de 2022. El pasado 11 de noviembre, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) nos reunimos con autoridades de CENAPRECE, COESPRISSON, CEA, IMTA, CONAGUA e INECC para dar seguimiento a la búsqueda de remediación, reparación y no repetición para las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi, como parte del Plan de Justicia Cananea (PJC) y del Río Sonora. En la reunión contamos también con la participación de Engenera, quien presentó datos reveladores sobre la minería en México.
Semanas antes de esta mesa de trabajo, los CCRS hicimos el compromiso con las instituciones que operan dentro del PJC para reunirnos en el día señalado a dialogar sobre los avances que se tienen hasta la fecha. A pesar de ello, la Secretaría del Trabajo convocó a una reunión en Cananea el mismo día y con una hora de diferencia para hablar del PJC. Ante esto, los CCRS denunciamos que:
- Durante diez meses hemos invitado a la Secretaria del Trabajo, M. Luisa María Alcalde, a que se presente en las comunidades del río y cada invitación ha sido rechazada o cancelada.
- Es reprobable que se presuma del trabajo que han hecho con los CCRS en una mesa a la que se nos invitó dos días antes y donde se nos niega a presentarnos como pieza fundamental de la lucha por justicia en los ríos Sonora y Bacanuchi.
- Rechazamos que se use nuestro nombre para que las instituciones se enaltezcan en reuniones en las que no hemos sido requeridos a participar, mientras siguen omitiendo a Grupo México como responsable principal de las problemáticas ambientales y de salud en nuestro territorio.
- No mencionar a Grupo México como causante de la contaminación ambiental, cambiándole el nombre por “actividad minera”, entorpece la búsqueda de justicia.
Durante 8 años, los CCRS hemos luchado por el reconocimiento de nuestro trabajo comunitario y político. El último año nos hemos esforzado por cumplir nuestros compromisos con los ocho municipios afectados por Buenavista del Cobre y por dar seguimiento a las mesas de diálogo con el gobierno federal, aun cuando avanzan lentamente.
Sobre las mesas de diálogo, comunicamos lo siguiente:
Sobre el tema de salud:
CENAPRECE y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora informaron que las brigadas de salud continuarán a principios del próximo año; se hará una segunda ronda de toma de cédulas familiares para las personas que no pudieron participar en la primera etapa de atención (próximamente, las autoridades compartirán más información de fechas y lugares); las y los doctores se han comprometido a mejorar la atención y trabajar en equipo con las comunidades en un ambiente más empático con las necesidades de las personas de los pueblos; se dará seguimiento a la petición de garantizar agua limpia en las escuelas y se implementará un plan de educación ambiental para estudiantes y padres y madres de familia con el fin de promover el cuidado del agua.
Sobre los daños económicos:
El INECC continúa con el análisis sobre las repercusiones económicas en agricultura y ganadería resultado del derrame de tóxicos en nuestros ríos. Integrantes de los CCRS que sean agricultores nos comprometimos a reunirnos con INECC, para ampliar el diagnóstico con datos más acercados a nuestra realidad inmediata. Hemos sugerido que tomen en cuenta las pérdidas de inversión en semilla, barbecho, rastreo y de las potenciales ganancias que pudimos haber obtenido en los períodos en que más fue castigada la producción del río Sonora. Hasta el momento se han escuchado nuestras peticiones e INECC ha cumplido con su parte de analizar a profundidad las afectaciones.
Potabilización:
Sigue en curso la rehabilitación de las primeras 6 plantas potabilizadoras que funcionarán en Bacanuchi, Banamichi, San Felipe de Jesús, La Capilla, Mazocahui y San Rafael de Ures. El lunes 14 de noviembre inició un proceso de diagnóstico en el resto de las comunidades para analizar las necesidades de potabilización de cada población.
La CEA prevé que en diciembre entre en funcionamiento la planta de San Rafael de Ures. Les aclaramos que aún no se resuelven las preocupaciones básicas de la comunidad de San Rafael, como el costo de operación, mantenimiento y pago de servicio eléctrico, y que la presión sea suficiente para todas los hogares. Solicitamos que el gobierno del Estado se comprometa en un documento oficial, como lo han dicho verbalmente, a cubrir los costos de mantenimiento y operación de las 37 plantas potabilizadoras en un periodo de 5 años a partir de que entren en funcionamiento, como fue estipulado en el Fideicomiso Río Sonora. En la reunión se mencionó que los costos serían cubiertos por un año. No aceptamos ninguna disminución de garantía hacia nuestro derecho a la reparación, remediación, y bienestar.
Minería en México.
Existe una idea generalizada de que la minería es uno de los grandes sectores económicos que aportan a la riqueza del país, sin embargo, la minería en México también es la imagen de la negligencia, la explotación laboral, la contaminación ambiental y la pérdida de territorio. La minería favorece a los grandes capitales dentro y fuera de México, y destruye el tejido social de las comunidades rurales.
Contrario a lo que se cree, el sector minero contribuye tan solo al 2.05% del PIB. Por otro lado, la industria extractiva genera solo el 0.62% de los empleos, donde además, son trabajos con jornadas extenuantes en condiciones inseguras que afectan la salud y la vida de sus trabajadores. Ello por más que las mineras presuman protocolos de seguridad que no se sostienen en la cadena de suministro.
Después de ocho años, seguimos en pie luchando por nuestros derechos y los de nuestras comunidades. Es reprobable que nos pidan ser pacientes con las peticiones que hemos hecho cuando las mismas autoridades generan compromisos que no cumplen. ¿Cuánto tiempo es necesario para que la salud, la economía y el ambiente sano regresen a nuestros pueblos a como eran antes del derrame del 2014?
Las autoridades ya han reconocido en distintas ocasiones la presencia de metales y metaloides en el agua que bebemos y aun así siguen sin aplicar medidas cautelares, al contrario, instituciones como la PROFEPA siguen sin dar la cara y entorpeciendo nuestro camino hacia la justicia.
Exigimos atención urgente y expedita para las 37 comunidades a lo largo de la cuenca del río Sonora.
Comités de Cuenca Río Sonora.
¡Por la justicia, reparación y no repetición!