Dos municipios gobernados por distintos partidos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) han entregado la mayor parte de su inversión pública a una red de siete constructoras recién creadas con relaciones político-familiares. En contexto: obras públicas deficientes, retrasadas y a sobreprecio, han sido posibles gracias a la entrega de contratos por adjudicación directa.

La “Red Peña”, como el medio de comunicación local El Diario NTR Guadalajara¹ ha llamado al conglomerado de compañías beneficiadas, ha recibido más de 60 contratos durante la actual administración de El Salto, municipio gobernado por Movimiento Ciudadano.

En esta demarcación, golpeada por la inseguridad y la contaminación industrial, el director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, José Rigoberto Peña Rubio, ha firmado las adjudicaciones directas a favor de las siete constructoras cuyo apoderado legal es su sobrino, Roberto Carlos Valenzuela Peña, una maniobra prohibida por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En su artículo 52, el ordenamiento señala que están impedidas de celebrar contratos las empresas “en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado”.²

El servidor público, responsable de dichas adjudicaciones, ocupó hace unos años el mismo cargo en el municipio de Tonalá, actualmente gobernado por el partido Morena, municipio que además presenta casos de endeudamiento y donde algunos escándalos por corrupción aparecen en el pasado³, y donde también se han entregado decenas de contratos a la Red Peña.

En conjunto, ambos municipios han adjudicado obras por casi 200 millones de pesos a las constructoras señaladas en poco más de un año de las actuales administraciones, el equivalente a más del 60 por ciento de toda la inversión pública realizada.

Para algunos analistas, el esquema de asignaciones directas irregulares, utilizado por ambos municipios, podría tener la intención de desviar recursos públicos con fines electorales.

“Es grave porque, además de que desde luego es ilegal, también el problema está en que utilizas este esquema para desviar recursos públicos y lo más común es que van a campañas políticas, a apoyos a candidatos», advierte en entrevista el académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jesús Ibarra Cárdenas.

Algunas irregularidades en torno al caso ya fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y están en la mira del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Red Peña: una violación a la Ley de Compras

Las siete constructoras que integran la Red Peña fueron creadas entre los años 2019 y 2021. Algunas tenían unos meses de haber sido constituidas cuando comenzaron a recibir millonarios contratos de obras mediante asignaciones directas. Las empresas comparten la característica de tener nombres poco usuales: Aketlán construcciones, Eunoya construcciones, Construedro de Occidente, Constructora Onkel, Constructora Ekvara, Construcciones Exalk y Construcciones Fortua.

De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, las siete constructoras tienen como apoderado legal a Roberto Carlos Valenzuela Peña, un hombre de 44 años nacido en Guadalajara. Según documentos del Registro Civil, la madre del apoderado legal de las empresas es María Irene Peña Rubio, quien a su vez es hermana del director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de El Salto, José Rigoberto Peña Rubio⁴.

La relación familiar existente entre el apoderado legal de las empresas de la Red Peña y el servidor público que adjudicó las obras y firmó los contratos es de tercer grado. Como se estableció previamente, la legislación en materia de compras gubernamentales prohíbe celebrar contratos si existe un interés familiar, con parientes consanguíneos hasta el cuarto grado⁵.

Este ordenamiento legal fue omitido durante la actual administración. Por ejemplo, el 11 de noviembre de 2021 fue firmado el contrato de obra pública del gobierno de El Salto DGOPDU/021/2021/R33 a favor de la empresa Constructora Ekvara. El director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Rigoberto Peña, firmó el contrato a favor de una empresa con menos de un año de haber sido creada, cuyo apoderado legal es su sobrino, Valenzuela Peña.

El procedimiento de contratación para el empedrado de una calle en la colonia La Alcantarilla, en la cabecera municipal, se decidió mediante adjudicación directa, según el documento firmado por Peña Rubio, que afirma siguió los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a pesar de la relación familiar entre funcionario y constructora. Para la obra, de más de dos millones de pesos, se utilizaron recursos del ramo 33, es decir, recursos federales.

El 1 de julio de 2022, Peña Rubio firmó el contrato DGOPDU/037/2022/RP para la construcción de una línea de conducción de agua potable en el fraccionamiento Cima Serena, por 2 millones 197 mil 500 pesos. La adjudicación directa benefició a la Constructora Onkel, también representada por el sobrino del funcionario.

Unos días después, el 5 de julio, fue autorizado el contrato DGOPDU/040/2022/RP, a unas calles de distancia, a favor de Construcciones Fortua, otra empresa que forma parte de la Red Peña, también para una línea de agua potable en el mismo fraccionamiento, por 2 millones 198 mil 900 pesos. Al fraccionar la obra en dos contratos distintos, el director general evita la obligación de licitar los trabajos y los adjudica directamente.

Esta práctica de adjudicar de forma directa las obras públicas a favor de la Red Peña se repite en 61 contratos firmados por Peña Rubio, desde el inicio del actual gobierno municipal de El Salto, en octubre de 2021, hasta noviembre de 2022.

Los 61 contratos millonarios entregados a empresas ligadas familiarmente con el director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de El Salto también tuvieron la firma del presidente municipal emanado del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Zaid Santillán Cortés. El pasado 16 de enero, el alcalde se negó a dar su postura sobre los contratos.

“Habría que investigarlo, pero no voy a hablar del tema en este momento”, respondió a medios de comunicación el edil Santillán Cortés. Ante la insistencia del reportero, afirmó: “nosotros hemos hecho todo conforme a la ley, no voy a hablar de ese tema”, y dio por terminada la entrevista, durante un evento del gobierno de Jalisco.

Además de compartir el mismo apoderado legal, las siete constructoras que forman la llamada Red Peña tienen otros vínculos entre sí. Todas las empresas fueron constituidas hace menos de cuatro años, entre 2019 y 2021, con los mismos dos notarios públicos. Cuatro de las compañías tienen al mismo gerente administrativo, Luis Francisco González Rodríguez, y en las tres restantes el cargo lo ocupa Sandra Nohely Álvarez Sánchez. Y uno de los socios de Exalk, Manuel Alejandro Estrada Mares, es el titular del órgano de vigilancia de otra de las empresas, Ekvara.

También hay coincidencia en el mismo domicilio que comparten dos constructoras, Construedro y Exalk, cuya sede oficial está en la calle Batalla de Trinidad 104, en la cabecera municipal de El Salto. A pesar de que ambas empresas de reciente creación han recibido contratos millonarios, el domicilio de las constructoras, que aparece en los contratos públicos, es una pequeña finca de un nivel, en una calle de tierra, con la fachada en malas condiciones y que luce abandonada.

Aunque sean siete razones sociales distintas, la Red Peña trabaja como un solo ente y las obras que realizan suelen estar relacionadas entre sí: cada empresa realiza distintas etapas de un mismo trabajo o incluso son obras fraccionadas y repartidas entre las empresas para burlar la obligación de licitar.

“Está demostrado que cuando las obras se licitan sí encuentras mejores condiciones para el ente público, no solo en precio, sino en trayectoria, en calidad de las empresas que están participando”, explica el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Luis Barboza Niño.

El líder gremial advierte que concursar las obras públicas no solo es una obligación legal, sino que conviene a los municipios, al ayudar a garantizar las mejores condiciones de contratación.

Obras retrasadas y a sobreprecio

El municipio de El Salto se encuentra al sur del Área Metropolitana de Guadalajara. Desde los años sesenta, El Salto fue impulsado como un destino industrial, especialmente para los ramos electrónico, manufacturero y químico, que han detonado el crecimiento económico, pero también la contaminación y devastación ambiental.

A escasos metros del contaminado cauce del río Santiago, se realiza una de las obras contratadas por el municipio con empresas de la Red Peña, en la cabecera municipal. Se trata de la construcción de la red de agua potable, drenaje sanitario y la colocación de piedra ahogada en concreto sobre la calle Jalisco. Sin embargo, los trabajos están a sobreprecio.

El contrato DGOPDU/055/2022/RP fue adjudicado a la empresa Eunoya por 2 millones 145 mil pesos. La obra abarcó 110 metros de construcción, por lo que el costo aproximado por metro cuadrado fue de 19 mil 508 pesos, de acuerdo con la relación de obras realizada por el propio gobierno municipal⁶.

El costo es superior a lo que otro municipio metropolitano, el Ayuntamiento de Zapopan, pagó por una obra similar durante el mismo año. Según la información del contrato DOPI-MUN-RM-PAV-AD-116-2022⁷, Zapopan destinó poco más de dos millones de pesos en la rehabilitación de la calle Puerto Galileo, en la colonia Colinas de la Primavera.

En promedio, el gobierno zapopano erogó 12 mil 500 pesos por metro cuadrado, 64 por ciento más barato que en El Salto, a pesar de que se incluyeron más conceptos. Además de la red de agua potable, alcantarillado y la pavimentación, que en el caso de Zapopan se realizó con concreto hidráulico, la obra incluyó también banquetas, cruces peatonales, rampas con accesibilidad universal para silla de ruedas, así como señalética.

Además del costo, la obra de El Salto debió estar lista desde el 30 de diciembre, pero en un recorrido realizado el pasado 3 de enero, habitantes de la zona confirmaron que los trabajos apenas comenzaron. Hasta el momento, lo único que Eunoya Construcciones ha realizado es la demolición del empedrado antiguo. La obra asignada vía adjudicación directa a la Red Peña resultó más costosa e ineficiente que en otros municipios.

Una situación similar ocurre con la construcción de empedrado de la calle La Loma, delegación El Verde de El Salto, que según los contratos firmados con las constructoras Exalk y Onkel tendría que haber sido finalizada el pasado 30 de diciembre y los trabajos apenas van en el arranque. En este caso, el municipio de El Salto fraccionó la obra, asignando a cada constructora unas cuantas cuadras, por lo que pudo asignar el trabajo de forma directa, sin necesidad de realizar una licitación.

Esta forma de burlar la ley fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el municipio vecino de El Salto, en Tonalá, donde también ha sido beneficiada la Red Peña.

Observaciones de la Auditoría Superior

La ASF encontró irregularidades en la asignación de obra pública del municipio de Tonalá, en el primer trimestre de gobierno del alcalde del partido Morena, Sergio Armando Chávez Dávalos. El informe individual de la auditoría número 1116 de la Cuenta Pública 2021 señala la apertura de un proceso de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos tonaltecas que fraccionaron obras para evitar licitaciones.

“Se fraccionaron los importes para ubicarlos en los supuestos de excepción y con ello evitar el proceso por concurso simplificado sumario por lo cual no fueron adjudicados de conformidad con la normativa aplicable, con lo que no se acredita que se aseguraron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”, señala la ASF.⁸

Todas las obras señaladas por la auditoría a la administración municipal morenista fueron adjudicadas a empresas de la Red Peña. En poco más de un año del gobierno de Chávez Dávalos, de octubre 2021 a noviembre de 2022, 55 contratos fueron entregados a la Red Peña por más de 87 millones de pesos. Sólo en dos casos se realizó un concurso por invitación restringida, sin embargo, la competencia fue simulada, pues únicamente se incluyó a empresas de la Red Peña, ligadas entre sí.

“Es un esquema de fraude a la ley, que es un uso del modelo de compras con francas ilegalidades y simulaciones, como crear empresas fantasma o empresas sombra -que son diferentes- donde a partir de ellas, simulas una competencia en licitaciones y en adjudicaciones”, considera en entrevista el académico y ex presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Ibarra.

Es la segunda vez que Chávez Dávalos gobierna Tonalá. En el trienio 2015-2018, bajo las siglas del PRI, su director de Obras Públicas fue José Rigoberto Peña Rubio⁹, el mismo funcionario que hoy ocupa el cargo en El Salto, tío del apoderado legal de las empresas de la Red Peña.