Del 28 al 30 de octubre se llevó a cabo el 11º Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza con el tema: Las personas titulares de derechos en el centro: reforzar la rendición de cuentas para avanzar en el respeto corporativo de las personas y el planeta en la próxima década.
Desde PODER tuvimos la oportunidad de participar en diferentes modalidades: 1) aprendiendo y enriqueciéndonos de las y los panelistas que presentaron sus experiencias; 2) compartiendo nuestro análisis a través de argumentaciones construidas en materia de rendición de cuentas empresarial, transparencia y derechos humanos; 3) participando en distintos eventos paralelos al Foro oficial; y 4) algo muy importante para nosotres: apoyando la participación de personas representantes de comunidades afectadas por la actividad empresarial que PODER acompaña. Te contamos detalles a continuación.
A lo largo de 24 paneles adquirimos más información sobre una variedad de temas relevantes, como cambio climático y transición energética justa, industrias extractivas, personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, racismo, género y diversidad, captura corporativa, el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, debida diligencia en la materia, inversión responsable, y una mirada regional sobre la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, incluyendo avances de algunos estados en materia de políticas y regulaciones.
Fue muy interesante escuchar a distintos titulares de derechos de todo el mundo, conocer sus luchas, sus éxitos y sus demandas de justicia, reparación y no repetición.
Magdalena Navarro, representante del Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla y originaria del Pueblo Nahua, fue oradora en el panel Defendiendo los Derechos: El rol esencial de las personas defensoras de derechos humanos. Su presentación se enfocó en las amenazas actuales a las defensoras que luchan por la rendición de cuentas de las empresas, protegen su territorio y los bosques, y buscan justicia. Compartió el panel con otras personas defensoras, así como con procedimientos especiales de la ONU, el Estado de Noruega y la empresa Hewlett Packard.
Entre los objetivos de la sesión estuvieron: destacar la necesidad de compromisos claros por parte de las empresas en contra del uso de los Litigios Estratégicos contra la Participación Pública (SLAPPs en inglés) contra defensores de derechos humanos y medioambiente y contra organizaciones de la sociedad civil; destacar las obligaciones de los Estados en proteger a las personas defensoras y líderes sindicales; escuchar el testimonio de las personas defensoras cuando enfrentan al interés corporativo; resaltar la incompatibilidad entre el compromiso de respetar los derechos humanos y el hostigamiento a personas defensoras, sociedad civil y sindicatos.
En la participación de Magdalena destacaron los mensajes que dio al Estado Mexicano: A) Mejorar, aprobar y garantizar leyes que protejan a los defensores y defensoras de derechos humanos así como a los pueblos indígenas, legítimos dueños de la tierra; B) Apoyar el desarrollo económico con proyectos de sustentabilidad forestal y comunitaria y no sólo enfocarse en las empresas extractivas, y C) Garantizar la remediación y no repetición de los daños al medio ambiente que provocan los proyectos extractivos. También dio mensajes a las empresas, en particular el siguiente: «La empresa minera Almaden Minerals respete (sic.) el fallo de la Suprema Corte que canceló sus concesiones y que se retire de Ixtacamaxtitlán, Puebla.»
Magdalena resaltó su rol como mujer defensora: «Asumir este papel (de defensora) es difícil porque el machismo en México está arraigado, no sólo a nivel familiar, sino en todos los ámbitos… Me motiva participar para aportar a un cambio, para mis hijos y las futuras generaciones.»
Mira aquí la grabación del panel. Comienza en 5:02:00.
José Manuel López, es agricultor y pequeño ganadero, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), conformados por habitantes de ocho municipios que desde 2014 buscan justicia y reparación por el derrame de una presa de lixiviados con ácido sulfúrico y metales pesados provenientes de la mina de Grupo México, que pasó por los 280 km del Río, afectando a 36 comunidades y a más de 25,000 personas.
José Manuel participó en el panel Las personas titulares de derechos en el centro: Nuevas fronteras en el acceso a las reparaciones. Compartió mesa con otra persona defensora de derechos humanos de Ecuador, la Oficina Federal de la Defensoría del Pueblo de Brasil, así como algunas organizaciones, abogados y empresas de varias partes del mundo.
Para que las víctimas del derrame accedan a la remediación efectiva, José Manuel dio algunos mensajes contundentes:
«Así como es un caso emblemático para la justicia en México, emblemática tiene que ser su reparación. La reparación tiene que ser proporcional al tiempo de espera y al impacto del desastre.»
También se dirigió a otros actores identificando las obligaciones y responsabilidades que tiene cada uno:
«Tanto los inversionistas que le ponen sus dineros a empresas irresponsables como Grupo México, las organizaciones como la ONU que deben vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en los territorios, y el gobierno de México, tienen que responder por los abusos que le permiten cometer a Grupo México, tienen que llamar la atención a la empresa para que no siga contaminando y se haga responsable de sus daños al medio ambiente y a todos nuestros derechos humanos.»
Destacó la necesidad de avances urgentes, a más de ocho años sin reparación, y con la participación de las personas afectadas.
Lee aquí el mensaje completo de José Manuel. Mira aquí la grabación del panel.
También, nuestra Directora de Investigación en PODER, Julieta Lamberti, tuvo una presentación en el panel Aplicación de un enfoque de derechos humanos en las industrias extractivas y energéticas, en donde se desarrollaron conceptos relativos a las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son los principales retos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a los que se enfrentan las industrias extractivas y energéticas de todo el mundo a la hora de poner en práctica los Principios Rectores? ¿Qué ha funcionado y qué no hasta la fecha?
- ¿Cómo pueden las empresas extractivas y energéticas trabajar para causar el menor trastorno económico y social posible a las comunidades y, cuando surjan problemas, cómo pueden facilitar el acceso a soluciones eficaces?
- ¿Cómo pueden las empresas extractivas y energéticas trabajar con las comunidades indígenas y minoritarias para garantizar que la consulta se base en los principios del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y, especialmente en relación con la adquisición de tierras, y no en un mero ejercicio de marcar casillas?
Desde PODER recomendamos que los conflictos socioambientales y las exigencias que las comunidades tienen para la reparación de los daños, no sean tomadas como externalidades para las empresas, sino como factores de aprendizaje para encaminar a la industria extractiva hacia proyectos respetuosos de los derechos humanos.
Julieta señaló que en México la legislación minera ha sido muy favorable para la actividad empresarial otorgando 17 millones de hectáreas del territorio nacional a concesiones mineras, pero sin perspectiva de derechos humanos. Por ello indica que es necesario modificar la legislación para que sea compatible con la perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género, como lo recomendó el Grupo de Trabajo cuando hizo su visita a México.
Para avanzar en la debida diligencia, hay que avanzar hacia un enfoque preventivo, cuando los daños ocurren asegurar la participación de las poblaciones afectadas para definir las reparaciones, y establecer medidas y garantías de no repetición.
«Desde sociedad civil creemos que es necesario que se promuevan políticas que contrarresten la captura corporativa del Estado y la influencia excesiva que tiene la industria extractiva cuando se intenta avanzar o mejorar la legislación que regula o que debería regular a esta industria. Así que hay que trabajar porque de otra manera vamos a seguir viendo como las empresas adoptan la narrativa de la responsabilidad social, presumen en sus páginas web y en los foros en los que participan, la adopción de políticas internas, códigos de conducta y políticas de derechos humanos, pero estas políticas siguen sin reflejarse en la realidad de las personas y comunidades que día a día en la región de América Latina y en muchos otros países del mundo siguen sufriendo los abusos empresariales en sus territorios por parte de esta industria.»
Julieta recalcó una reflexión final de parte de las compañeras y compañeros que acompañamos desde PODER en los territorios y que están resistiendo a proyectos extractivos afectando sus derechos humanos:
«Ni un árbol más, ni un litro más de agua a proyectos de muerte que no respetan los derechos humanos de las comunidades.»
Mira aquí la grabación del panel. Comienza en 00:19.
Participamos en dos eventos paralelos al Foro.
1. En la discusión Vacunas Covid-19, Transparencia y Derechos Humanos organizado por PODER, Vacunas para la Gente y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) acompañadas de la representación para América Latina y el Caribe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, representación del Parlamento Europeo y de Oxfam LAC.
En este evento profundizamos sobre cómo la falta de transparencia en los procesos de compra y acceso a las vacunas se ve atravesada por la captura corporativa, abriendo la puerta a conflictos de interés y corrupción, y sobre cómo los defensores de los derechos humanos que luchan por la transparencia se han visto afectados negativamente. También reflexionamos sobre las acciones y propuestas que pueden adoptarse para frenar la captura corporativa y garantizar los derechos a la salud y de acceso a la información.
2. En el evento Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y Planes Nacionales de Acción: ¿Un remedio para las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos? Organizado por la Fundación Manyusha, el ISHR, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y PODER.
Aquí revisamos retos específicos en la implementación y/o desarrollo de Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (NAP) en Tailandia y México; hablamos sobre la necesidad de incidir por legislaciones sobre debida diligencia en derechos humanos obligatoria que aborden las brechas existentes en la rendición de cuentas empresarial y en las cadenas de suministro.
