La pesadilla de Bacanuchi, el patrimonio empresarial duerme tranquilo

Bacanuchi fue una de las primeras localidades afectadas por el derrame minero de 2014 a cargo de la empresa Buenavista del Cobre, que no se ha hecho responsable. La población sigue padeciendo sus impactos.

Aunque nos gustaría escribir de las noches estrelladas de Bacanuchi en Sonora, se atraviesa una presa de jales de inmensas dimensiones que atemoriza a la población. Así que hoy les escribimos del insomnio y de la lucha que ha enfrentado esta pequeña comunidad próxima a Buenavista del Cobre (BVC), una minera productora de cobre, contaminación e injusticias.

Bacanuchi fue una de las primeras localidades afectadas por el derrame minero de 2014 a cargo de la misma empresa y del cual no se ha hecho responsable. La población sigue padeciendo sus impactos.

Dicha comunidad, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), enfrenta graves rezagos: carece de transporte público, sus caminos están en mal estado y el Centro Rural de Salud, cerrado por años, fue reabierto gracias a la lucha legal que emprendió un grupo de mujeres.

A la par, un niño que requería servicios médicos urgentes evidenció ante tribunales la falta de políticas públicas de salud, logrando un fallo que obliga al estado y al municipio de Arizpe a la adquisición de una ambulancia, lo que no se ha materializado. Esto constata cómo el desarrollo prometido por la minería no llega, pues los habitantes de localidades aledañas a las explotaciones se ven forzados a sobrellevar lo insufrible al no contar con servicios básicos. La desigualdad llevada a la barbarie.

En el marco de las luchas protagonizadas por los Comités de Cuenca Río Sonora, tanto el gobierno como Buenavista del Cobre han buscado imponer formalismos sobre la protección de los derechos humanos y el caso de la mega presa de jales no es excepción, pues aún cuando en 2018 Bacanuchi obtuvo una victoria legal que reconoció su derecho a participar en temas medioambientales, la minera intenta derribar dicha decisión histórica por medio de un juicio ordinario ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), debatiendo temas de legalidad, y así pasar por alto lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, tras un amplio análisis, ordenó se implementaran medidas en el marco de la construcción y operación de la nueva presa de jales con participación de la gente, teniendo como fin último la protección más amplia de las personas y del ambiente.

No obstante que la sentencia se encuentra enlistada como emblemática en materia de derechos humanos y fue publicitada por la SCJN mediante un comunicado con el elocuente título: “Segunda Sala concede amparo a comunidad de Bacanuchi contra la construcción de una presa de jales mineros”, después de casi cinco años sigue sin cumplirse.

Es menester también aclarar que el fallo fue limitado; en la práctica la SCJN reconoció el derecho a participar de la comunidad mediante reuniones públicas informativas posteriores y no previas a la operación de los proyectos. Límites de origen que, además, navegaron a la deriva de una justicia que se automutila, desamparando a las personas.

Posteriormente, la participación de “la comunidad de Bacanuchi” se estrechó a las personas firmantes del amparo. Al ocurrir catástrofes ambientales, ¿las afectaciones operan con tales distinciones? Los desastres se repiten, mientras unos permanecen intocables en autorizaciones y operación, para otros la justicia cae a cuentagotas.

En notas periodísticas cercanas a la resolución, se da cuenta de que Bacanuchi teme desaparecer y que ello conlleva no poder dormir, o sentirse dentro de una pesadilla. Pesadilla que no es informe, basta recordar el memorial de Stava en Italia que representa la tragedia atestiguada por los rescatistas: cuerpos de personas que se cubren el rostro con una mano, mientras que el brazo restante se extiende en un infructuoso esfuerzo por protegerse de la avalancha de lodo (1985). ¹ Imagen enteramente incompatible con las esculturas heroicas que las compañías mineras erigen en los territorios apropiándose del espacio público.

La sentencia de la SCJN es fruto de la lucha de la comunidad afectada, así como de las muestras de solidaridad, de las que retomamos la presentación de un amicus curiae, una comunicación dirigida a la Corte del entonces Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La sociedad civil se volcó en la preocupación por la fuente tóxica del insomnio de Bacanuchi, que no es infundada dado el historial del derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, así como sus fallidas reparaciones todavía cuestionadas.

Como resultado del proceso, la Semarnat dictó medidas de prevención a cargo de la empresa. Muy poco, teniendo en cuenta los incumplimientos que siguen a los desastres. Y definitivamente sin reparar en quienes expresaron un “no” a la presa de jales, ni en las manifestaciones en prensa sobre la pesadilla que supone vivir bajo la amenaza constante de que la presa reviente y cubra a la comunidad con lodo tóxico.

A la fecha, tenemos conocimiento que la empresa interpuso un juicio administrativo en contra de las medidas dictadas en el cumplimiento de la sentencia. De sus argumentos, el más destacable es la posibilidad de una merma económica por la implementación, lo que también expuso en el marco del cumplimiento, alegaciones que el Juzgado encontró infundadas.

El TFJA dio trámite a un juicio que versa sobre temas discutidos, pues la empresa afirma que el fallo no implica la implementación de medidas adicionales de protección al ambiente, sino sólo realizar una reunión para escuchar a las personas, ya que las comunidades no son expertas y por tanto, sus preocupaciones y sugerencias no deben ser tomadas en cuenta para implementar medidas. Esto, aún cuando existe una decisión -no objetada por la empresa- en el cumplimiento donde se precisó que de ser así, la participación de las comunidades se traduciría en actos de simulación.

Resalta que el TFJA concedió una suspensión a la empresa respecto de las medidas. Su patrimonio puede dormir tranquilo mientras se resuelve el juicio y la pesadilla de Bacanuchi prosigue. Concesión que pone los intereses patrimoniales privados por encima del derecho colectivo al medio ambiente sano y a la salud, sin ser controvertida por las autoridades ambientales, como hacen cuando se trata de suspensiones favorables a las comunidades.

El Río Sonora merece justicia, que debe reflejarse positivamente en las condiciones de vida de las personas. La deuda con Bacanuchi y con el Río Sonora incrementa cada día y se le tiene que poner un alto. Los Comités de Cuenca Río Sonora y las organizaciones que los acompañan rechazan la justicia facciosa. Junto con las comunidades afectadas se exige el levantamiento de la suspensión otorgada a la empresa y el inmediato cese del juicio administrativo contra las medidas preventivas que se le impusieron.

Se espera también que, con la llaneza con que se otorgan suspensiones a las mineras haciéndose cargo el Estado a través de sus instituciones jurisdiccionales de defender su beneficio económico, para Bacanuchi -tan próxima a las amenazas de la minería- se materialicen la ambulancia, caminos transitables, transporte público, infraestructura de comunicación, sistemas funcionales de alertas.

*Cynthia Arco Amarillo y Victoria Beltrán integran el área de Litigio Estratégico en @PODERlatam.

Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.