Las maneras en que las mujeres son afectadas por el cambio climático son múltiples y son el resultado no sólo de su posición subordinada en las estructuras sociales de poder e impuesta, sino por el lugar que ocupan en un modelo económico.
El cambio climático plantea una crisis existencial para todo el planeta, pero impacta desproporcionalmente en grupos y personas en situaciones de vulnerabilidad por inequidad, discriminación y exclusión. Entre estos están mujeres, niñas y niños, personas mayores, minorías étnicas y raciales, comunidades indígenas, personas LGBTI, personas migrantes y desplazadas, y personas con discapacidades.
Las maneras en que las mujeres son afectadas por el cambio climático son múltiples, y son el resultado no solo de su posición subordinada en las estructuras sociales de poder, sino por el lugar que ocupan en un modelo económico que valora y privilegia las ganancias, el crecimiento económico desregulado y el capital por encima de la sostenibilidad, la justicia y la equidad. En este sentido, los efectos del cambio climático no son “neutrales” con respecto al género: profundizan y exacerban desigualdades preexistentes.
Esto se evidencia en nuestra región latinoamericana –la que presenta los mayores índices de desigualdad en el mundo– sobre todo entre las mujeres de comunidades rurales, indígenas y campesinas, donde las economías familiares se basan en el cultivo, la siembra, la cosecha y el uso del agua y otros recursos naturales. Según ONU Mujeres, una de cuatro mujeres de la población económicamente activa a nivel global está dedicada a la agricultura, y por lo tanto están más expuestas a las consecuencias del cambio climático.
El calentamiento derivado de los gases de efecto invernadero provocan cambios en los patrones de lluvias y en las fuentes de agua, temperaturas erráticas, degradación de bosques, modificaciones en la biodiversidad, etc. Todo esto repercute en los recursos naturales que son esenciales para la vida y la economía cotidiana: una economía de supervivencia que es gestionada por mujeres. La creciente escasez y dificultad de acceder a esos recursos tiene graves consecuencias desde la perspectiva de género: las mujeres y niñas rurales, indígenas y campesinas –las principales responsables de alimentación, la salud y el cuidado de sus familias– ven aumentada su carga de trabajo y disminuidas su calidad de vida y su capacidad de sostener a sus familias, a medida que se amenaza la seguridad alimentaria para la comunidad en general. Sin mencionar que esta carga de trabajo y mental les restringe su participación en la toma de decisiones que les afectan cotidianamente.
Un modelo económico imbricado con el cambio climático
El cambio climático se ha acelerado como resultado de un modelo de desarrollo económico en el que el capital juega un papel preponderante. Los impactos adversos del cambio climático sobre la tierra, el agua, el aire y los recursos naturales se conjugan –y están estrechamente relacionados– con los actividades desreguladas e irresponsables de industrias extractivas, de combustibles fósiles, y de una agroindustria que cambia radicalmente el uso de los mantos acuíferos y los suelos. El acaparamiento de estos recursos esenciales para la supervivencia (agua, suelo, leña y otros recursos naturales) por parte de las empresas tiene consecuencias directas e indirectas en la vida de las mujeres.
Las mujeres en comunidades rurales en México
Este escenario se vive en múltiples contextos México. En las comunidades de Sierra Norte de Puebla, las mujeres son testigo del aumento de plagas por cambios en patrones climáticos y han tenido que redoblar su trabajo frente al deterioro de los recursos forestales. Además, las comunidades se ven obligadas a competir por el agua con los invernaderos que se están instalando cada vez más en la región, como parte de la cadena de suministro de la agroindustria. A su vez, el cultivo del maíz está siendo afectado por patrones de lluvias atípicas y las sequías provocan la desaparición de manantiales, fuentes de abastecimiento de agua para el consumo, pero también para el ganado.
Otra consecuencia del cambio climático en esta y otras regiones –y que coincide con la presencia de sequías, altas temperaturas, la tala indiscriminada y el cambio ilegal del uso del suelo– es la propagación de incendios forestales. En lo que va de este año, el número de incendios ya han superado lo sucedido en 2022. Las mujeres de estos lugares observan una reducción en los ciclos de lluvias, combinada con un aumento de los meses de estiaje. Describen a los incendios de ahora como “extremos”, con llamas de hasta más de 35 a 40 metros. Los incendios impactan los huertos frutales, cuidados y cultivados por mujeres, socavando la economía diaria. Los incendios también tienen efectos nocivos en la salud, al respirar aire contaminado por el humo. Todo esto se traduce en una carga de trabajo de procurar alimentos y de cuidados, trabajos que recaen en los hombros de las mujeres.
La minería extractiva es otra actividad que contribuye a profundizar los impactos del cambio climático. Las comunidades del Río Sonora en el noroeste del país han sido víctimas y testigos de desastres ambientales provocados por la mina Buenavista del Cobre. Cuentan que gracias a una regulación permisiva y una falta de consideración de los derechos humanos, la explotación minera ha contaminado el aire, el agua y el suelo, afectando gravemente la productividad de las tierras, la salud, la pérdida del territorio, así como la contaminación de la agricultura y la ganadería y sus productos derivados. Las mujeres han sufrido los efectos del cambio climático en esta región que se potencian con la sobreexplotación de los recursos hídricos, concesionados a la industria minera.
Imprescindible enfrentar el cambio climático con perspectiva de género
La gravedad de la crisis climática demanda acciones colectivas efectivas en el sentido de cambiar el modelo económico predominante. Esto significa no solo una transición de prácticas extractivistas y energías derivadas de combustibles fósiles, hacia modelo energéticos renovables y sostenibles. Requiere urgente e intencionalmente incorporar las dimensiones de género no sólo en el análisis de los impactos, sino en el desarrollo de las soluciones: mayores estudios sobre la complejidad del cambio climático aunado a evaluaciones de impactos acumulados, diferenciados y exponenciados por las actividades industriales.
Hacen falta políticas con enfoques de derechos humanos hacia el cambio climático que prioricen el bienestar de la población por sobre la actividad industrial mediante el diseño e implementación de marcos regulatorios claros e incorruptibles.
Esto incluye obligaciones vinculantes para las empresas de mitigar, prevenir, remediar los daños provocados por sus actividades en los territorios más golpeados por el cambio climático. Lo cual no debería alimentar narrativas corporativas de tipo ambientalista mejor conocida como lavado verde (greenwashing en inglés) o en discursos de combate al cambio climático para evadir los impactos acumulados de la explotación de los recursos por parte de las empresas
A nivel local, la organización y la participación de las mujeres en la gestión de recursos naturales es fundamental: garantizar el acceso a las mujeres a la propiedad de la tierra, a las posiciones de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones con respecto al uso y gestión de sus recursos naturales; invertir en sectores de cuidado, de salud y educación. Las mujeres rurales comparten que son ellas las que salvaguardan prácticas – como métodos de acceso al agua, prácticas de cuidados de cultivos de alimentos, entre otros – que pueden servir como ejemplos y alternativas sustentables.
Finalmente, no es tema menor la obligación de abordar los obstáculos estructurales que impiden que las mujeres puedan ejercer esa participación plena en la lucha contra la crisis climática. En caso de daño ambiental y violación de los derechos humanos, se deben asegurar que mujeres defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente tengan las protecciones y acceso a recursos jurídicos necesarios.
En este mes de marzo, saludamos a las mujeres de las comunidades que, en su día a día responden a los efectos adversos del cambio climático y de las actividades industriales. Junto a ellas, defendemos, aprendemos y nos organizamos en la defensa de nuestro ambiente y nuestros derechos.
Elena Arengo es co-directora ejecutiva y Oscar Pineda es investigador senior en PODER.
Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.