Grupo México y su dueño, Germán Larrea, han sido señalados por falta de transparencia en los impactos de sus proyectos e inversiones, por perseguir sindicalistas, por la nula rendición de cuentas ante catástrofes que involucran vidas humanas y por negligencias ambientales en cuerpos de agua nacionales.
Hace 137 años comienza la historia de Banamex, que fue privatizado en los noventa quedando como Grupo Financiero Banamex-Accival, y que en 2001 fue comprado por Citigroup. Una institución financiera que ha tenido vínculos con muchos actores políticos en su historia y que maneja recursos de millones de personas en México.
La adquisición de este banco puede potenciar el poder de los actores que quieren comprarlo. Grupo México quiere comprar Banamex. ¿Sabes qué es Grupo México y por qué es relevante esta posible compra?
Los corporativos con inversión en la industria energética acumulan un poder de gran calibre en la vida social, económica y política de los Estados. En esta esfera se mueve Grupo México, un clúster de empresas multinacionales dedicadas a la extracción de minerales, al transporte, a la infraestructura urbana-industrial, y al entretenimiento. Es la cuarta empresa más grande de México con una capitalización de mercado de más de 22 mil millones de dólares anuales.
Su división de minería, con propiedades en América y Europa, acapara la mayor reserva de cobre en el mundo y ocupa el cuarto lugar en producción de este metal en toda la industria. Por lo tanto, Grupo México juega un papel activo en la especulación de precios del cobre, uno de los metales clave para la transición energética. En transportes, su capacidad ferroviaria supera toda posibilidad de competencia pública y privada en México al movilizar mercancías en 11,000 km entre puertos al interior del país, extendiendo su oferta a pasajeros en algunas rutas. Las actividades de infraestructura del corporativo engloban empresas de perforación, combustible, ingeniería, vivienda y autopistas. También es dueño de Cinemex, una cadena de proyección cinematográfica, cuya Fundación usa este poder para incidir en el discurso público capturando audiencias.
Grupo México y su dueño, Germán Larrea, han sido señalados por falta de transparencia en los impactos de sus proyectos e inversiones, por perseguir sindicalistas, por la nula rendición de cuentas ante catástrofes que involucran vidas humanas, por negligencias ambientales en cuerpos de agua nacionales, y por aquel capitalismo “de cuates” que caracterizó la compra de sus patrimonios insignia. Larrea, con su familia, tiene alrededor de 24 mil 300 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, es una de las dos personas más ricas de América Latina.1 Sin embargo, su fortuna convive con una gran marginación en las regiones en las que extrae su riqueza, en donde la calidad del aire, agua y tierra han quedado supeditadas a la expansión de su cartera.
La joya de German Larrea es justamente la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora. De acuerdo con informes anuales de Grupo México, esta mina a cielo abierto posee un total de 93,706 hectáreas. Solo esta propiedad representa el 17.5 % del total de la superficie concesionada en todo el país, y dado que la explotación minera requiere grandes cantidades de agua, también implica un reordenamiento de prioridades en su uso que choca de frente con el derecho humano al acceso al agua.
En noviembre de 2022, el presidente de México denunció a Grupo México por utilizar al gobierno a su beneficio después de que la empresa contrató a un exfuncionario público que le otorgó un derecho de explotación en medio de un cese al otorgamiento de nuevas concesiones hídricas. Esta práctica, conocida como “puerta giratoria” por la manera en que funcionarios entran y salen en puestos gubernamentales y corporativos, apuesta por desdibujar, para beneficio de pocos, la línea que debe separar el poder político y el económico. La incidencia de Grupo México en la vida pública también se observa en Sonora, en donde cada proyecto de expansión se acompaña de eventos gubernamentales que celebran la voluntad que la empresa tiene para crecer sus operaciones, ignorando el estrés hídrico y el clima de injusticias ambientales que azota a la entidad, componentes clave de la plataforma de campaña del actual gobernador, sobre la cual ya no se sostiene.
La injerencia de la empresa en las actividades sociales de los pueblos que ha contaminado y en los que colindan sus operaciones también llama la atención. Sus brigadas realizan talleres con temáticas ambientales, se adentran en los municipios entregando premios en eventos culturales, y organizan actividades en donde pintan instalaciones educativas y de salud con los colores o logos de su empresa. También promueve estas actividades desde su Fundación a través de la gran cadena nacional de cines de su propiedad, Cinemex, en donde usa este poder para incidir en el discurso público capturando a la audiencia, que busca entretenerse. La captura corporativa del Estado es un ejercicio político y civil constante promovido por Germán Larrea y por las operaciones de Grupo México, quienes aprovechan el abandono del Estado para pedir a los pueblos aplausos y fotos a cambio de sus donaciones.
Un ejemplo en el historial de violaciones a derechos humanos
La mina Buenavista del Cobre fue el punto de partida para el peor desastre ambiental en la historia de la minería en el país. En el 2014 una de las presas de lixiviados que contenía un concentrado de minerales y ácido sulfúrico se derramó hacia los ríos Sonora y Bacanuchi. La empresa no tomó con seriedad el asunto y dejó que los habitantes se encontraran por sorpresa con un río de aguas ácidas y peligrosas. Para dotar de fondos a un mecanismo de resarcimiento de daños posterior al desastre, creó junto con el gobierno federal un fideicomiso privado. Este fondo, en contra de todo principio de la función pública, se puso a cargo de un Subsecretario de la Semarnat, dejando que los fondos privados se administraran a través de un trabajador del Estado. Las acciones llevadas a cabo por este fideicomiso fueron insuficientes, centradas en la reparación del daño a través de pagos individuales, y se utilizó para beneficiar a compañías y asociaciones cercanas al entonces subsecretario Rodolfo Lacy Tamayo y a Germán Larrea.
Como un premio a la impunidad, Buenavista del Cobre amplió su capacidad de producción obteniendo permisos para construir una gran presa de jales que estará en proceso de llenado hasta el 2050, año en el que será uno de los cuerpos de agua más visibles en Sonora. Esta presa fue construida cerrando sin previo aviso el camino rural que históricamente había utilizado el pueblo de Bacanuchi para acceder a servicios básicos en Cananea. La comunidad ahora tiene que transitar por propiedad privada para llegar al mismo destino. En el 2018 la SCJN resolvió que esta presa había sido construida sin la debida consulta a las comunidades. En el informe preventivo de esta construcción se declara que hay un riesgo de colapso, y aunque esto es posible en cualquier obra de gran calibre, el historial de Grupo México no le da garantías de seguridad a los pueblos río abajo.
En el 2021 el Gobierno Federal creó el Plan de Justicia para Cananea – Río Sonora con la promesa de atender las problemáticas ambientales y laborales que ha desatado la empresa en toda la cuenca. Las autoridades a cargo del Plan encontraron exposición a metales pesados como arsénico, manganeso, cadmio, y plomo en porcentajes que van del 50 al 90 por ciento de la población. Estos y otros metales también aparecen en repetidas ocasiones que la en muestras de suelo, aire y agua superficial y subterránea. Al 2023, Grupo México mantiene su política de negligencia y negación al querer desvincularse del daño, adjudicando toda prueba de afectación a que la cuenca es una “región mineralizada”.
Con la capacidad que Grupo México ya tiene para movilizar información, fuentes de trabajo, mercancías básicas, y energía, es necesario cuestionar el alcance que implica que, un corporativo con amplio historial de violaciones a los Derechos Humanos, adquiera un banco que mueve fondos de inversión, afores, prestamos, y endeudamiento.
Interés en la compra de CitiBanamex
Grupo México ha manifestado su interés por comprar la parte del banco Banamex propiedad de la estadounidense Citigroup que abarca consumo como créditos, hipotecas, autos, préstamos a PYMES, aseguradora, casa de bolsa y afores entre otros.
El conglomerado va a ofrecer entre nueve mil 600 y 11 mil 200 millones de dólares y según el Bank of America Securities, Banamex tiene una valuación de entre 12 mil 500 y 15 mil millones de dólares.2
Hasta ahora no se ha realizado la compra cuyos mayores postores son Grupo México y Banca Mifel. Es una transacción que ha sido sonada en los medios de comunicación y en donde las empresas dicen que el gobierno federal está metiendo las manos en un proceso que corresponde sólo a privados.3
Las condiciones del gobierno para dicha compra son: que el acuerdo sea respaldado por capital mexicano, que el comprador no tenga deudas de impuestos con el SAT, que la amplia colección de arte del banco permanezca en México y una muy importante, que no se despida a los y las trabajadoras de manera masiva.
Recordemos el escándalo de fraude a CitiBanamex por parte de Oceanografía en 2014 por 400 millones de dólares. El fraude consistió en la presentación de cuentas por cobrar falsas por parte de Oceanografía a CitiBanamex para apalancar créditos. Las cuentas por cobrar hacían referencia a servicios prestados a PEMEX con facturas irregulares. La institución no condujo procesos efectivos para evitar que esto sucediera. Otros casos son tanto la acusación por lavado de dinero o uso de fondos ilícitos movidos por clientes, como que ha estado entre los primeros lugares de las instituciones financieras con más quejas por parte de usuarios.
Por otro lado, cómo puede corresponder sólo a privados esta decisión cuando una institución financiera implica a empresas del Estado como la mencionada PEMEX y mantiene relaciones comerciales con él, cuando el manejo de la información, de datos personales y biométricos, y cuando los recursos de millones de usuarios, así como el manejo del futuro de las personas y familias a través de las Afore quedaría en manos de un privado. Estas decisiones no deben corresponder a la esfera privada porque están vinculadas a los intereses del Estado y al interés público.
Asimismo, el presidente López Obrador aseguró en una de sus conferencias matutinas que las Afores son negocios seguros para los financieros, pero no así para los trabajadores. México se ha jactado de tener uno de los mejores sistemas de pensiones con transparencia. Las Afore se volvieron la principal fuente de financiamiento de la deuda de largo plazo del gobierno, de las empresas privadas, así como de las empresas productivas del Estado. Estas son el inversionista institucional más importante del país. 4
En octubre, 2022 las Afores administraban un total de cinco billones 55.3 mil millones de pesos.5 CitiBanamex, administra aproximadamente 786 mil 724.1 millones de pesos en su Afore, que está entre las tres principales de México.
Aunque Larrea asegure no despedir empleados en la compra de CitiBanamex, su empresa se sostiene históricamente en total impunidad ante sus abusos a los derechos humanos y su total menosprecio a las personas afectadas, y su captura del Estado, en beneficio privado. Su conglomerado es quien manejaría la información y datos de usuarios y va a invertir los fondos ahorro para el retiro de las personas, que es el patrimonio de muchas familias. Los millones de usuarios que tendrán su Afore en CitiBanamex, sin saberlo, estarán respaldando estas atrocidades y su dinero y futuro se manejará por una empresa con estos antecedentes.
Las instituciones financieras tienen la responsabilidad de hacer su debida diligencia en derechos humanos en sus operaciones y ciclos de inversión e incluso en las compras, divisiones, fusiones de las mismas.6 Pero no hay una obligación de hacerlo en una regulación adecuada y clara que mire por la responsabilidad jurídica de aquellas instituciones que cometan actos contrarios a la Constitución Mexicana, a los marcos normativos nacionales, al derecho internacional de los derechos humanos, a los estándares internacionales y a lo que todos estos no han establecido en favor de la realización plena de los derechos humanos.
El Estado debe desarrollar regulaciones ante el actuar de las instituciones financieras frente a los derechos humanos, sancionar los incumplimientos y malas prácticas, así como abstenerse de contratar a quienes no cumplan.
El Estado debe proteger y garantizar los derechos humanos exigiendo este cumplimiento a las instituciones financieras y a las empresas, antes de brindar su apoyo y/o de generar relaciones con las mismas. Al no hacerlo, el Estado resultaría implicado en caso de abusos a los derechos humanos o bien cometería una omisión en su obligación de protección cuando estos sucedieran. En este caso, las autoridades deben incluir en sus condiciones para la compra de CitiBanamex el respeto a los derechos humanos para aquella entidad que se comprometa a tener un papel preponderante en la sociedad y no sólo actuando por su beneficio económico privado.
El conglomerado de empresas que tiene Grupo México le otorga un poder de decisión muy amplio y esto aumentaría significativamente si se añade a su portafolio una institución financiera de esta magnitud.
Es importante mirar hacia estas instituciones financieras dado que tienen un rol de peso en las decisiones del país y manejan los recursos y patrimonio de las personas, sabiendo que hay derechos humanos que son constantemente negados por la lógica del libre mercado. Dado el vínculo cercano del Estado con las instituciones financieras, éste debe responder por el interés público y no por la carrera en búsqueda de un mayor y más rápido retorno de capital solo para intereses particulares.
* Luis Franco Garza e Ivette González son Organizador Comunitario y Directora de Vinculación Estratégica e Incidencia, respectivamente, en PODER.
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.