El uso del gas natural es un tema en debate. Por un lado, se considera una fuente de energía no renovable cuya combustión produce casi un 50% menos de gases de efecto invernadero (GEI) que la combustión de carbón o petróleo. En este sentido es un combustible fósil relativamente limpio según la Administración de Información Energética (EIA). Al mismo tiempo, las fugas de gas natural son muy frecuentes dentro de los pozos de explotación de hidrocarburos produciendo un fuerte GEI llamado metano, lo cual la convierte en una fuente de energía muy contaminante. Además, la industria moderna del gas requiere grandes cantidades de suministro de agua y de tierras para desarrollar su cadena de valor. Algunos productores de petróleo evitan los accidentes quemando las fugas de gas en los emplazamientos de los pozos (quema de gas), lo que afecta al medio ambiente y a las comunidades que rodean estos proyectos.
Los promotores de la industria, propietarios y gestores de las reservas de gas, junto con las instituciones financieras, están impulsando una agenda internacional para promover la producción de gas natural con el fin de que se convierta en la piedra angular de la transición energética.
Para algunos países de la región de América Latina y el Caribe (ALC), el gas natural es un recurso estratégico para obtener ingresos o promover la inversión extranjera. Para las empresas multinacionales, es un recurso estratégico para mantener negocios a largo plazo, pero requiere altos estándares de seguridad y avances tecnológicos para hacer de ésta, una transición rentable (sin dejar de mencionar que el gas no reduce la explotación de los yacimientos de hidrocarburos).
Sólo cuatro países de la región tienen la condición de grandes exportadores (Argentina, Bolivia, Trinidad y Tobago y Venezuela). El mayor importador es México, que compra gas natural a EE.UU. Estas tendencias se reflejan en el número de gasoductos construidos en todo el continente. Más que una integración regional, constituyen una red de distribución para abastecer todas las reservas disponibles para la generación de electricidad y fines industriales.
A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19, el consumo de gas natural aumentó en toda la región, con excepción de Colombia. También se produjo el impacto, aunque menor, causado por la guerra en Ucrania, que se reflejó en los precios internacionales del petróleo y el gas. A largo plazo, este impacto será probablemente mayor para los países no productores.
Preocupa especialmente la producción de gas natural en las empresas petroleras nacionales, debido a las bajas cantidades en comparación con los niveles de las empresas multinacionales. Esto se refleja en el escaso interés de los países por desarrollar capacidades tecnológicas para transformar el gas en electricidad, con la excepción de México y Brasil, donde las capacidades de las SOE son las mayores de ALC.
Las empresas privadas se convirtieron en actores principales de la producción y transformación a través de centrales de gas. Veintitrés proyectos privados concentran el 76% de la capacidad total de la región. También hay una tendencia en las empresas mixtas público-privadas para explotar, transformar y distribuir gas, derivados y electricidad.
En este debate faltan las perspectivas de los actores sociales y comunitarios. Las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en estos temas aún están en desarrollo y el espacio cívico en la región se está reduciendo para la defensa de los derechos humanos y los defensores del territorio y el medio ambiente. Es urgente desarrollar el espacio y la narrativa para una «transición energética justa».
