- En un pronunciamiento dirigido a senadoras, senadores, diputadas y diputados, comunidades, pueblos y organizaciones de 19 entidades del país demandan no impugnar la nueva Ley de Minería y tomar todas las medidas necesarias para que entre en vigor cuanto antes.
- Subrayan en el manifiesto que la actividad minera deja de tener carácter preferencial con respecto a las actividades de los pueblos, el establecimiento del consentimiento a través de un proceso de consulta, entre otros.
- “Solicitamos que… se valore seriamente la situación de deterioro social y ambiental que la actividad minera nos ha acarreado, el contenido de estas reformas y su innegable impacto positivo sobre los derechos humanos, en los principios que lo sustentan y también en lo que respecta a la protección de las personas y del medio ambiente”.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y de la semana en la que se ha insistido en que bancadas de diversos partidos tanto del Senado como de la Cámara de Diputados impugnaría la nueva Ley de Minería por temas procedimentales, más de 200 comunidades, pueblos y organizaciones de diversas entidades del país dieron a conocer un pronunciamiento en el que demandan que no se impugne la nueva Ley de Minería, sino, que, por el contrario se reglamente y comience a aplicar a la brevedad, dada la importancia de los derechos que reconoce.
Con el mensaje de #LosDerechosNoSeImpugnan, los pueblos y comunidades subrayan que: “Estas reformas son muy importantes y significativas, sobre todo en el terreno del goce efectivo de los derechos humanos que el Estado mexicano está obligado a respetar y a garantizar a nuestro favor, puesto que, la permisividad de la Ley reformada dio pie, durante muchas décadas, a violaciones de estos derechos que algunas y algunos todavía estamos enfrentando y sufriendo”.
“Entre otras medidas que son grandemente positivas, está que la minería deja de tener preferencia sobre las actividades productivas propias que por siglos han sostenido la economía de nuestros territorios y nuestras regiones; lo que también nos permitirá gozar de un medio ambiente sano al que tenemos derecho”.
Asimismo, “Estas nuevas disposiciones, también contemplan que no se podrá otorgar una concesión minera donde haya escasez de agua y tampoco en las áreas naturales protegidas, en lugares donde se ponga en riesgo a la población, prohibición extensiva a la minería submarina. Y eliminan, además, la expropiación como derecho del concesionario… Resulta relevante mencionar que se establece la obligatoriedad de obtener el consentimiento, después de una consulta previa, libre e informada antes de otorgar alguna concesión en los territorios”.
Y enfatizan: “De ahí nuestra rogativa a las y los legisladores, sobre la pretendida impugnación que trascendió en la opinión pública, como sus representadas/os esperamos que no ocurra. Solicitamos que, por el contrario, se valore seriamente la situación de deterioro social y ambiental que la actividad minera nos ha acarreado, el contenido de estas reformas y su innegable impacto positivo sobre los derechos humanos, en los principios que lo sustentan y también en lo que respecta a la protección de las personas y del medio ambiente”.
“Señoras legisladoras y señores legisladores, desde las comunidades les decimos que la lucha ha sido larga, ardua y ha costado incluso vidas humanas. Hoy lo que ocupamos es una reglamentación adecuada y la pronta implementación de las reformas. Los logros con las reformas a la Ley, para nosotras/os se traducen en una armonización del marco legal para proteger a las personas y el medio ambiente, garantizar nuestros derechos y recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos que pertenecen a todas y todos los mexicanos, quienes además deben poder decidir sobre el destino de sus territorios. Si bien estos logros no son todos los que desearíamos y necesitamos, sí significan un gran avance; no los malogren en nuestro perjuicio”.
#LosDerechosNoSeImpugnan
El pronunciamiento está firmado por comunidades y organizaciones de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas.
