A nueve años del derrame de lixiviados de cobre ocasionado por Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a más de 22 mil personas, la remediación del río no ha ocurrido, las personas afectadas no disponen de servicios de salud o monitoreo constante de la calidad del agua y la empresa responsable del derrame sigue operando en la impunidad.
El pasado 6 de agosto se cumplieron 9 años de impunidad del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, un derrame de lixiviados de cobre ocasionado por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a más de 22,000 personas. Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) 1 denuncian que la remediación en el río no ha ocurrido, como lo demostró el más reciente resolutivo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que el cierre del Fideicomiso Río Sonora no tuvo justificación. En estos 9 años las comunidades del río no han recibido la atención que requieren para remediar los daños en su salud y en su territorio. Las autoridades no han mostrado interés o coordinación adecuada para garantizar que las personas afectadas dispongan de servicios de salud o monitoreo constante de la calidad del agua y la empresa responsable del derrame sigue operando en la impunidad.
Los CCRS llevan 9 años luchando y exigiendo justicia, remediación proporcional a la afectación y garantías de no repetición. Son personas que habitan los 8 municipios por los que atraviesa el río Sonora. En el río se vive en riesgo constante de sufrir graves enfermedades, todas las formas de relacionarse con el agua han cambiado, no se tiene claridad sobre el futuro. Los CCRS ya no quieren seguir asumiendo los costos que le corresponde a la empresa asumir. El gobierno y la empresa siguen en deuda, es por ello que los CCRS hacen 9 demandas exigiendo que: 1) las plantas potabilizadoras operen en su totalidad, 2) abran centros toxicológicos para el monitoreo de la salud, 3) se proteja la salud de las infancias, 4) el plan de justicia sea transexenal, 5) la remediación sea real, 6) se implemente el monitoreo constante de la calidad del agua, 7) se atiendan las irregularidades de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, 8) se implemente un sistema de alerta ante posibles derrames, y 9) se restituya el Fideicomiso.
Durante la conmemoración de los 9 años del derrame, los CCRS invitaron a otros colectivos y organizaciones a reflexionar sobre el agua, la vida y el territorio. En el evento “Por la vida y el agua del río Sonora” organizado por los CCRS en colaboración con la Universidad de Sonora (Unison) y el Colegio de Sonora (Colson), se desarrolló la mesa de trabajo “Experiencias del Territorio” sobre los movimientos de defensa en México. En la mesa participaron Martha Patricia Velarde de los CCRS, Lucio Romano del Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla y Sandra Elena Neyoy Mumulmea del Grupo Étnico Indígena Mayo o Yoreme del sur de Sonora. Este espacio permitió compartir experiencias y reflexiones entre las que se encontraron ideas y pensamientos, algunas de los cuáles son: a) el reconocimiento de que los movimientos de defensa luchan por la vida y en contra de la desesperanza, y que tienen una necesidad latente de darle la vuelta a la verdad que los oprime; b) que para que un movimiento perdure en el tiempo hace falta organización, no dejar de insistir, tener momentos de capacitación y crear alianzas, y c) en ocasiones los movimientos de defensa se convierten en referentes para otras luchas, pero la mayor parte del tiempo no son reconocidos por las autoridades.
También sobre los proyectos extractivos se afirmó que la falta de información sobre éstos hace más débiles a los movimientos de defensa o los pone en desventaja, haciendo asimétrica la relación con las empresas. Dichos proyectos llegan sin consulta ni el consentimiento de las comunidades por lo que se hace difícil generar estrategias para dar seguimiento a las actividades de las empresas.
Además, se identificaron algunos aspectos para contrarrestar el desequilibrio de poder que hay entre las comunidades y las empresas. Por un lado, es importante analizar las alianzas políticas locales, la orientación política de los funcionarios y entender los modelos de desarrollo. Por otro lado, las herramientas jurídicas con las que cuentan las comunidades son pocas y la justicia no es equilibrada, como en el caso del amparo. Éste requiere de mucho conocimiento y el acompañamiento de otras organizaciones, pero cuando una comunidad decide interponer un amparo es porque ya dimensionó el tamaño del problema y entiende que ceder ante los intereses de las empresas puede representar perder el territorio, la cultura y el futuro.
La mesa concluyó que los derechos humanos no se gozan solo por existir marcos legales o porque México suscriba tratados internacionales. Los derechos deben poder ejercerse en la práctica, fortaleciendo el consentimiento comunitario y marcando la pauta para que el gobierno y las empresas no puedan violentarlos. Sin olvidar que, los movimientos de defensa y las redes de apoyo que los acompañan pueden incidir en que las comunidades se acerquen al pleno goce de sus derechos. Finalizaron afirmando que lo que se quiere es recuperar sus vidas y sus territorios.
Los Comités de Cuenca Río Sonora son un movimiento social de personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre. SA de CV, de Grupo México en 2014. Están conformados por habitantes de los municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
El Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla está conformado por defensoras y defensores de los bosques representantes de 19 ejidos de la Sierra Norte de Puebla; son comunidades forestales con más de 40 años de experiencia en el manejo forestal comunitario. Los ejidos que lo conforman viven problemáticas relacionadas con la minería, los incendios y la tala ilegal. El ejido de Tecoltemi, que forma parte del colectivo, es una comunidad agraria afectada por el proyecto de Minera Gorrión de la empresa canadiense Almaden Minerals. Esta empresa perdió la titularidad de las concesiones mineras con las que contaba para el desarrollo de su proyecto como resultado del amparo interpuesto por las autoridades del dicho ejido.
*Martha Patricia Velarde es integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, Lucio Romano es defensor en el Colectivo de Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla ySamantha Camacho es investigadora en PODER.
Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.