Tren Maya: la debida diligencia en materia de derechos humanos

La participación en el Tren Maya de empresas de propiedad privada y estatal, nacionales y transnacionales, debe ser motivo suficiente para reforzar medidas de protección de los derechos humanos e implementar medidas de debida diligencia.

El Tren Maya (TM) es un megaproyecto del gobierno federal que se extenderá unos 1 554 kilómetros e incluirá 22 estaciones y 16 paraderos a través de cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La administración, operación y explotación del TM estará a cargo del ejército mexicano mediante la empresa Tren Maya S.A. de C.V., una empresa de propiedad estatal en la que el 99 % de las acciones corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el 1 % restante al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.¹ El 4 de septiembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la transición de la obra Tren Maya de FONATUR a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. para que sea la SEDENA quien ejerza control y la administre en su totalidad. ² A su vez, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., empresa de propiedad estatal (bajo el mismo esquema accionario que la anterior) detentará el control de Tren Maya S.A. de C.V.

Contrataciones en torno al proyecto

La coordinación de la construcción del TM ha recaído en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), encargado de la contratación de las empresas que realizan los trabajos de diseño, construcción y rehabilitación de la vía férrea, ampliación de carreteras, material rodante, entre otros. Cuatrocientos contratos por más de 143 mil millones de pesos se han adjudicado en torno al Tren Maya por parte de FONATUR, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Ecología (INECOL) con empresas de propiedad privada y entes públicos como la SEDENA, encargada de la construcción de los tramos 5, 6 y 7.³

Treinta contratos concentran más del 90 por ciento del monto total del proyecto, con 25 empresas entre nacionales y extranjeras de países como Francia, Alemania, España, Japón, China, Portugal y Canadá. Destaca el contrato obtenido por Alstom Transport México y Bombardier Transportation México, S.A. de C.V. ambas subsidiarias de la francesa Alstom S. A.,⁴ por más de 31 mil millones de pesos para la obtención de material rodante y sistemas ferroviarios. También destaca el contrato por más de 13 mil millones de pesos otorgado al consorcio conformado por la portuguesa Mota-Engil y una de las constructoras más grandes del mundo, la China Communications Constructions Company (CCCC), que a su vez posee alrededor del 32% de las acciones de Mota-Engil. Asimismo, la portuguesa obtuvo otros dos contratos por adjudicación directa para construcción de la plataforma y vía del Tren Maya entre la localidad de Chiná y Campo de Tiro en el estado de Campeche por más de 4 mil millones de pesos.

Además, la Secretaría de Marina adjudicó de manera directa un contrato por más de 10 mil millones de pesos a Mota-Engil para la rehabilitación de 310 kilómetros de vía férrea de la línea FA del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que va de Coatzacoalcos a Palenque.⁵ Este tramo es clave en la articulación del Tren Maya con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). La empresa de origen chino Angang Group International Panzhihua, Co. LTD, subsidiaria de Ansteel Group Corporation Limited, es otra de las empresas propiedad del Estado chino enfocada en la producción del acero, con adjudicaciones, junto con Asimex del Caribe S.A. de C.V., por un poco más de 1 600 millones de pesos.⁶

El Tren Maya y los derechos humanos

Aunque desde el gobierno federal se afirme que el TM no es un proyecto que beneficie a actores corporativos privados, en el desarrollo y construcción del proyecto han estado involucradas un número considerable de empresas, lo que aumentó el riesgo de vulneración a los derechos humanos de las personas trabajadoras y las que habitan los territorios de influencia del proyecto. De hecho, habitantes de la región, comunidades y organizaciones de base han reportado daños al medio ambiente, depredación de la selva y afectaciones a los derechos humanos.^{7 8} Desde 2021, ejidatarios de Campeche denunciaron a la empresa Barrientos y Asociados ByA, por haber realizado actos de hostigamiento, extorsión, fraude y violaciones a sus derechos humanos.^{9 10}

En 2020 diversas Relatorías Especiales de las Naciones Unidas expresaron su grave preocupación por el impacto del proyecto en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.¹¹ Si bien la Misión Permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra envió una respuesta reiterando la información oficial del proyecto, ésta no disipó la preocupación expresada. Incluso en diciembre de 2022, otra comunicación fue enviada a México por distintas Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo de expertas y expertos sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que se reiteraron preocupaciones por los derechos de los pueblos indígenas, comunidades, personas defensoras, la implicación del ejército en el proyecto, así como la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos.¹²

En este sentido, es deber del Estado, de acuerdo con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios de empresas.¹³ El cumplimiento adecuado de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la implementación de medidas de debida diligencia podría prevenir los abusos empresariales.

Para este artículo se consultó a las entidades contratantes mediante solicitud de información pública para conocer la manera en la que se cumple con la debida diligencia en derechos humanos en torno a la construcción del Tren Maya. La respuesta da cuenta de la confusión que existe, toda vez que asegura que dada la naturaleza no vinculante de los Principios Rectores, éstos “sólo son modelos a seguir” (solicitud 330014823000284). Además señala que el cumplimiento de los mismos se refleja en los procesos de contratación realizados por haber estado apegados a la legislación interna. Lo anterior da cuenta de los principales obstáculos que enfrenta el Estado mexicano para avanzar en el fortalecimiento e incorporación de los estándares internacionales a sus procedimientos internos.

La debida diligencia empresarial, por ejemplo en cuanto a riesgos financieros, no debe confundirse con la diligencia debida en materia de derechos humanos. Esta última, de manera muy particular, debe identificar, prevenir, mitigar y responder por las consecuencias negativas de las actividades sobre los derechos humanos. El Estado debería “enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades” (Principio 2). Es fundamental incluir una evaluación de las consecuencias negativas que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades; ésta variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de las consecuencias negativas y el contexto de sus operaciones; y, debe ser un proceso continuo pues los riesgos cambian en función del contexto operacional de las empresas (Principio 17).

La ausencia de medidas específicas para garantizar que las empresas involucradas en el Tren Maya cumplan con su obligación de respetar los derechos humanos y reparar los daños cuando los vulneren, eleva el riesgo de que ocurran, pero sobre todo refleja una constante en la realización de megaproyectos: los derechos humanos permanecen por debajo de los intereses empresariales.

Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.

* Daniel Castrejón Olvera es internacionalista e investigador en temas de empresas y derechos humanos en @PODERlatam.