La SEMARNAT decidió proceder legalmente contra Grupo México por el derrame que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014. Si bien la demanda penal es un primer paso para que las comunidades afectadas accedan a la justicia, la lentitud de las autoridades para atender las afectaciones a la salud y garantizar agua limpia continúan aumentando el riesgo de enfermedades para las comunidades asentadas en la cuenca de ambos ríos.
El 6 de agosto de 2014 Buenavista del Cobre, una mina de Grupo México y la tercera productora de cobre en el mundo, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi. El derrame de tóxicos se extendió por más de 250 kilómetros y afectó a más de 22 mil personas. Según las autoridades de ese entonces este fue “el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México”. El derrame cambió para siempre la vida de las comunidades asentadas en la cuenca del Río Sonora. Las personas afectadas por el derrame, organizadas en los Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS), denuncian que a pesar de las afectaciones a más de 9 años no ha habido reparación integral, ni justicia.
El pasado 28 de septiembre, la SEMARNAT presentó el Dictamen de Diagnóstico Ambiental Río Sonora, que muestra los resultados del monitoreo de suelo, aire, biota, agua y sedimentos que realizaron el año pasado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en los municipios afectados por el derrame.
El dictamen afirma que:
1. La contaminación crónica del suelo, aire y agua es producto tanto del derrame de 2014 en los Ríos Sonora y Bacanuchi, como de la actividad minera de Buenavista del Cobre, de Grupo México.
2. El derrame no fue un accidente, sino que fue causado por un mal y deficiente diseño hidrológico del sistema Tinajas 1 de la empresa.
3. Hay sobreexplotación muy grave de los mantos acuíferos en la zona atribuible a la extracción extensiva de cobre. Hay acaparamiento de grandes cantidades de agua por parte de la empresa y hay limitaciones de acceso al agua para la población y las actividades agropecuarias.
4. Los metales encontrados en los muestreos realizados por IMTA e INECC, en conjunto con los CCRS, rebasan los valores permitidos por normas nacionales e internacionales. Se encontró mercurio en agua, aire y suelo que excede los valores recomendados. El mercurio no es un elemento que se encuentre en la geología natural de la zona, sino que proviene de la actividad minera y llega hasta la presa El Molinito, fuente de agua de Hermosillo.
5. La SEMARNAT no acepta el cierre del Fideicomiso Río Sonora (FRS) porque no ha habido justicia ni remediación ambiental.
6. Según los cálculos realizados por el INECC el costo total del impacto por el derrame tóxico asciende a 20 mil 508 millones de pesos.
En PODER, junto con los CCRS, desde hace 9 años venimos investigando el caso del derrame en el Río Sonora, analizándolo como un ejemplo más de la captura corporativa del Estado que permite que las comunidades afectadas sigan consumiendo agua envenenada y padeciendo cada vez más enfermedades. La captura corporativa del Estado sucede cuando grupos empresariales privados como Grupo México influencian de manera indebida la toma de decisiones públicas para su propio interés, generando impactos y abusos a los derechos humanos. En el caso que nos ocupa estas prácticas han sido reconocidas por las propias autoridades que están atendiendo las afectaciones del derrame. En conferencia mañanera el día jueves 12 de octubre, la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores mostró que la falta de atención o la mala atención al tema del agua fue responsabilidad de funcionarios de la CONAGUA de Sonora que ahora trabajan para Grupo México (intervención a las 2:49:43).
También el Gobierno de México afirma que Grupo México, en contubernio con SEMARNAT del sexenio anterior, afectó a comunidades de 8 municipios, no cumplió los compromisos de remediación ambiental y que se ha comprobado que el aire, el suelo y la biota están contaminados con metales que rebasan los valores permitidos.
Por esta razón la SEMARNAT decidió proceder legalmente contra Grupo México, presentando ante la Fiscalía General de la República el 17 de agosto de 2023 una “denuncia penal en contra de Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras y/o quienes derivado de los actos de investigación resulten responsables por el derrame de 40,000 m3 de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio en los afluentes que se conectan con el Río Sonora”.
Es la primera vez, en más de 9 años, que se abre una posibilidad de fincar responsabilidad penal a la empresa. Si bien la demanda penal es un primer paso para que las personas afectadas por el derrame accedan a la justicia, tener que esperar 9 años para que esto ocurra no es esperanzador. Además, si bien ha habido compromisos por parte del ejecutivo federal, ya van 5 años de este sexenio y las acciones han sido demasiado lentas. En estos años las personas afectadas han continuado consumiendo agua contaminada con metales que son bioacumulables, lo que ha incrementado las afectaciones a la salud en la región.
No es aceptable que funcionarios y funcionarias se escuden en que sus tareas son difíciles o que la coordinación entre autoridades es tardada para justificar la inacción para garantizar atención médica urgente y agua potable de calidad, como se escuchó en la reunión que se sostuvo entre autoridades y comunidades afectadas el pasado viernes 13 de octubre. Tampoco es aceptable justificar que desde PROFEPA no se ha procedido a atender y dar cumplimiento a una sentencia de la SCJN porque la resolución que deben emitir se tiene que fundar y motivar, cuando la reunión pública de información sobre este tema se ha realizado hace más de dos años.
Desde las comunidades afectadas organizadas en los CCRS la demanda es clara: para terminar de una vez por todas con la captura del Estado por parte de empresas como Grupo México, ésta debe hacerse responsable ya del pago de la reparación de los daños; urge que PROFEPA proceda contra la empresa y que el juzgado exija a la empresa que conforme el comité técnico del fideicomiso y reintegre los fondos.
CONAGUA, COFEPRIS y SEMARNAT deben garantizar agua limpia y atención a la salud con celeridad. Su lentitud e inoperancia está dejando que las personas del río Sonora continúen enfermando y su condición de salud empeore día a día. La captura corporativa no se combate con buenas intenciones ¿cuándo beberemos agua sin tóxicos en el Río Sonora?
*María Julieta Lamberti es directora de Investigación de @PODERlatam.
*Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.