Minera canadiense reactiva proyecto minero en el norte de Chiapas. Pese a intenciones de informar a contrapartes, la empresa es parte de un entramado corporativo que dificulta su monitoreo y rendición de cuentas.
Por generaciones, buena parte de la población del norte de Chiapas ha practicado la agricultura y la ganadería para generar su sustento. Entre las comunidades locales se encuentran miles de zoques, el pueblo indígena más representativo en los municipios de la región. Desde el punto de vista ambiental, la zona norte se caracteriza por la presencia de abundantes fuentes de agua, en cuyas tierras altas persiste un ecosistema al que se le conoce como Selva Negra. Para la región, se vislumbran los riesgos inherentes a la minería metálica que son principalmente sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales.
De acuerdo con la colectiva Cambiémosla Ya, el 63.4 % de las empresas mineras que operan en territorio nacional son de origen canadiense, y este no es un dato menor. La dinámica de las empresas mineras junior sigue la ruta de la especulación financiera a partir de bajos costos de inversión y la promesa de la riqueza del subsuelo mexicano. Una vez que se calcula el monto de producción, se suman los gastos de gestión y el costo de las acciones bursátiles para asignar una cifra de venta de la concesión. Aquí está la plusvalía.
Datos actualizados de la cartografía de concesiones mineras de la Secretaría de Economía reflejan que están vigentes nueve concesiones sobre el territorio de la región. En total, los polígonos de las concesiones mineras afectan una superficie de 28,482 hectáreas, sobre los territorios de los municipios de Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ocotepec, Pantepec, Rayón, Solosuchiapa, Tapalapa y Tapilula. Tres empresas mineras son titulares de las concesiones: la canadiense Fortune Bay; Frisco de Grupo Carso y Peñoles del Grupo Baillères.
En mayo del presente año, el CEO de la minera canadiense Fortune Bay, Dale Verran, arribó al municipio de Tapilula, en el norte de Chiapas, en donde sostuvo reuniones con autoridades locales para reactivar el proyecto minero “Ixhuatán”. El siguiente paso para Fortune Bay es generar acuerdos con las localidades para seguir explorando durante 2024 y 2025. El título de concesión minera 236835, cuya vigencia es hasta 2051, cuenta con una superficie de 4,176 hectáreas donde yacen cerca de un millón de onzas de oro y 4.4 millones de plata.
El entramado minero es complejo y difícil de monitorear por parte de la sociedad civil en México. Como ejemplo tenemos que esta concesión (hoy propiedad de Fortune Bay) fue promovida en el año 2000 por MIM México, S. A. de C.V. subsidiaria mexicana de Mount Isa Mines (a su vez, subsidiaria de la empresa suiza Glencore). En 2004, MIM transfiere los derechos a Linear Gold S. A. de C.V. (subsidiaria mexicana de la minera canadiense Linear Gold Corporation), la cual opera la concesión a través de su subsidiaria Servicios Ixhuatán S. A. de C.V. hasta 2007, año en que Linear Gold firma un acuerdo con la también canadiense Kinross Gold Corporation (con promesa de compra del 70 % de la concesión). Recientemente Fortune Bay ha iniciado una campaña de promoción del proyecto minero para atraer más inversión.
A través del informe técnico NI43-101 promovido por la empresa canadiense Cangold Limited, Fortune Bay presenta datos de geología que obtuvo después de haber hecho 342 perforaciones (barrenos), cuya longitud acumulada alcanza los 89 kilómetros de longitud entre los años 2004 y 2011. El proyecto consta de 6 secciones y su área de influencia abarca los municipios de Chapultenango, Ixhuatán, Pantepec, Tapalapa y Tapilula.
Tanto Linear Gold como Fortune Bay son controladas por el empresario canadiense Wade Kevin Dawe, quien también posee acciones sobre las mineras Brigus Gold y Cangold. En este mismo entramado aparecen fondos de inversión como BlackRock, Vanguard Group, VanEck Associates Corporation, cuyas prácticas de transparencia y rendición de cuentas son de igual forma opacas e inaccesibles, ya que mucha de esta información sólo se puede ver en idioma inglés y mediante plataformas especializadas, muchas de ellas de acceso restringido.
El método de la opacidad y la especulación no pueden llevar a ningún modelo sustentable. Las autoridades mexicanas, las empresas mineras y las instituciones financieras (fondos de inversión, bancos, etc.) tienen que garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades, y un paso importante para ello es la transparencia efectiva, no sólo nominal. Hablar de participación ciudadana y régimen democrático también requiere superar la brecha de la información oportuna, veraz y accesible para toda la ciudadanía, y en particular a las comunidades afectadas, en este caso, al pueblo zoque.
Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.