Desde el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se anunció un paquete de proyectos de infraestructura mediante los cuales se proponía impulsar el desarrollo económico del país, entre los que se encuentran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y el Tren Maya (TM).
A pesar de presentarse como proyectos independientes, uno enfocado en el impulso al turismo y el otro en aumentar el flujo de mercancías por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, ambos forman parte de un megaproyecto regional que busca culminar la intención que han tenido distintos gobiernos en el pasado por explotar los bienes naturales, la biodiversidad, así como las condiciones geográficas y climáticas del sur-sureste de México.
En conferencia de prensa, la Secretaría de Economía afirmó que con la licitación de los parques industriales del CIIT “se está materializando un proyecto que se concibió desde el siglo XIX… [que sería] … un detonante de desarrollo económico y de bienestar para la gente del sureste, donde lo que buscamos es generar más empleos, mejor pagados, salarios dignos y, además, empresas comprometidas con la comunidad”.
De acuerdo con fuentes oficiales, se trata de una oportunidad para beneficiar a la región del crecimiento y el desarrollo económico que se generará con la presencia de las industrias y el aumento del comercio. Desde esta lógica, el gobierno federal espera que la derrama económica sea suficiente para que beneficie a la población que habita la región. No obstante, diversos estudios y análisis han dado cuenta también de los impactos que estos proyectos tendrán sobre la vida de las personas, el patrimonio natural, cultural e histórico de las comunidades indígenas y equiparables que habitan los territorios en los que se instalarán, así como las agresiones y el hostigamiento que han enfrentado las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Este reporte tiene como propósito actualizar la información contenida en “El tren de las élites. Empresas beneficiadas y proyectos energéticos en el sureste mexicano”, publicado por PODER en 2020, un documento que identifica y muestra cuáles son los actores corporativos y empresariales que participan en el proyecto Tren Maya. Además, busca mostrar que esta infraestructura tendrá un impacto directo en la cadena de suministros para las industrias y recaerá en las fuerzas armadas con la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad a las inversiones a través de la gestión controlada de los territorios.
Desde esta perspectiva, adquiere sentido la llegada de las fuerzas armadas no sólo como constructoras de los proyectos, sino también como administradoras, dueñas y gestoras tanto del TM como del CIIT y lo que ello implica; es decir, control de empresas de propiedad estatal, coordinación y administración de los proyectos, poder sobre el otorgamiento de contratos con empresas de propiedad privada, así como la gestión de los territorios. Este papel de las fuerzas armadas genera incertidumbre al ser considerados proyectos prioritarios, de interés público y seguridad nacional.
Es por esto que surge la siguiente pregunta: ¿el control de los megaproyectos por parte de las fuerzas armadas garantiza una adecuada conducta empresarial, incluyendo el respeto por los derechos humanos y evita fenómenos como la captura del Estado por las elites corporativas? Desde el gobierno federal se ha hecho hincapié en que el Ejército Nacional y la Marina Armada de México son instituciones honestas y respetuosas de los derechos humanos.
Con base en la experiencia y los antecedentes en México, la presencia de las fuerzas armadas en labores que usualmente recaen en autoridades civiles genera un temor fundado de que la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos se vean afectados. Esto es relevante toda vez que el TM ya ha vulnerado distintos derechos como el derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, además de ser un proyecto diseñado desde una perspectiva de desarrollo que beneficia a las grandes empresas y el modelo extractivista por encima de las personas y las comunidades.
Para la elaboración de esta investigación se tomaron como fuentes los comunicados e informes de avance del gobierno federal, así como las bases de datos de los contratos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Compranet y los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De igual forma se hizo una revisión de los decretos y declaratorias de utilidad pública del Diario Oficial de la Federación (DOF) y de los informes anuales y estados financieros de las empresas que participan en estos proyectos.
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