Por un 8M con inclusión laboral y estadísticas sobre las disidencias sexo-genéricas
Las autoridades del Estado Mexicano mantienen una deuda de justicia, igualdad y respeto para las mujeres (todas ellas) y el acceso a condiciones igualitarias en el mundo laboral, no es la excepción. En este universo de rezagos civiles, las mujeres de las poblaciones trans continúan siendo uno de los sectores donde el rezago es más evidente. Al día de hoy, se desconoce, incluso, cuántas son, así como sus condiciones de vivienda o trabajo.
No contar profundiza la exclusión. En términos oficiales, la población de la diversidad sexo-genérica, junto con otros grupos minoritarios como la población que vive con alguna discapacidad y la población de indígena, fueron catalogados como “Grupos de Interés” por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Lo anterior, como una estrategia para medir la brecha salarial y las diferencias en la probabilidad de insertarse en el mercado laboral entre quienes pertenecen a dichos grupos de interés y la población en general. Esta información es de vital importancia para diseñar políticas públicas que garanticen el acceso al mercado laboral, así como la igualdad de oportunidades para todas y todes.
Sin embargo, la metodología tiene algunas limitaciones que el propio estudio reconoce. Se señala que las diferencias entre las personas en una relación del mismo sexo y quienes están en una relación heterosexual no es estadísticamente significativa, es decir que no se puede afirmar que quienes están en una relación con una persona del mismo sexo ganen más o menos que el resto de la población. Además de lo anterior, este resultado no es concluyente para explicar la participación en el mercado laboral de las personas LGBTIQ+ porque se usaron los datos del 2020 que sólo identifican a las personas que se encuentran en una relación con personas del mismo sexo excluyendo a las personas solteras, que de acuerdo con la ENDISEG (2022 WEB) alcanzan el 71,6% de la población LGBTIQ+. Otra limitante es que los datos del Censo 2020 no contemplan información relevante como la identidad de género, ni la expresión de género, que corresponde a cómo las personas externalizan a través de sus prácticas y conductas su identidad de género.
Hablemos del instrumento. Según la información anexa al estudio, la muestra considera a personas entre 25 a 54 años ocupadas en el país, remuneradas o asalariadas, que trabajan jornada completa y con empleo formal. Y para sistematizar esta información, el Conasami utiliza una herramienta econométrica llamada Oaxaca-Blinder, generalmente usada para comparar grupos de poblaciones distintas y observar las diferencias en relación a la inserción en el mercado laboral y la brecha salarial. A pesar de que a simple vista esta podría ser una herramienta claramente útil, también genera una discusión importante sobre cómo se está midiendo a la población de la diversidad sexo-genérica y cómo se mide la brecha salarial y las probabilidades de insertarse en el mercado laboral de esta población.
Los esfuerzos se amplían
Ante la problemática anteriormente expuesta, además de los esfuerzos del Conasami, también es necesario mencionar las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG 2021, WEB 2022) a través de las cuales las autoridades pueden conocer de primera mano las experiencias de discriminación, exclusión y violencia experimentadas por la población LGBTIQ+, en distintos ámbitos que van desde lo familiar a lo social y su acceso a distintos derechos como la salud, la educación y el trabajo.
En la ENDISEG (WEB 2022) se explica que de 14 mil 364 personas que completaron la encuesta, 7 mil 060 se auto-adscriben como LGBTIQ+. Dentro de esa población, 6 mil 915 se identificaron con una orientación sexual LGB+, mientras que mil 343 se identificaron como persona trans u otra identidad que no corresponde al sexo asignado al nacer (no binaria, género fluido, queer, demigénero u otras) siendo 643 las personas que se identificaron como mujeres trans. Sin duda, ésta es una herramienta útil pero limitada porque están mejor representadas las orientaciones sexuales no normativas que las identidades de género no normativas.
La realización de estos estudios logró, entre otras cosas, que las autoridades reconocieran que existe una correlación entre tener una identidad de género u orientación sexual no normativa (pertenecer a la comunidad LGBTIQ+) con el aumento a la probabilidad de la negativa a un empleo y de sufrir algún tipo de violencia en los centros de trabajo. En el caso de violencia laboral los grupos más vulnerables son las mujeres trans con un 36.9% de casos de violencia; hombres trans con un 18.3% y mujeres cisgénero con 16.1% de casos de violencia. Es decir, el espacio de trabajo sigue siendo un lugar inseguro, incluso, para quienes logran alcanzarlo.
Los nuevos esfuerzos econométricos
Ante las debilidades metodológicas que tienen las herramientas comúnmente utilizadas por los gobiernos, aparece en el escenario de la discusión un grupo de integrantes de la academia y del activismo que tienen una perspectiva crítica sobre cómo se realiza el ejercicio estadístico de las poblaciones LGBTIQ+ en el país.
Un ejemplo de ello es el estudio “Importancia de la inclusión de las personas trans binarias y no binarias en los censos poblacionales” del investigador Carlos Adrián Chable Miranda, publicado en la revista Inter Disciplina que dedicó todo su dossier a los Estudios Trans. El investigador describe la relevancia de generar instrumentos que contemplen debidamente a este sector poblacional y denuncia “la escasez de un instrumento donde se tome en cuenta la transgeneridad como una característica posible dentro de los censos poblacionales” (p.357).
Lo que sigue es legislar. Además de la necesidad de contar con mejores estadísticas sobre la población LGBTIQ+ que permitan conocer las brechas en el acceso a la salud, la educación y al mercado laboral, urge promover la inclusión laboral y homologar las leyes de identidad de género en todo el país. Esto debido a que la falta de documentos de identidad es un importante obstáculo para que el sector poblacional pueda ingresar al mercado laboral mitigando el riesgo de discriminación, exclusión y violencia por adscribirse a una identidad de género no hegemónica. Si bien 20 estados en México han aprobado las leyes de identidad de género, es necesario avanzar en su aprobación en todo el país y evitar los retrocesos que puedan producirse por el cabildeo por parte de actores conservadores y anti-género que se oponen al avance de los derechos de la población LGBTIQ+.
Un ejemplo de los esfuerzos por avanzar en la inclusión laboral de la población trans, es el intento por promover una ley de cupo trans en el Congreso de la Ciudad de México por parte del diputado Temístocles Villanueva. Sin embargo, la cámara de la Ciudad de México no logró llegar a ningún acuerdo. Otro intento ocurrió el 26 de enero de 2022, cuando la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios presentó ante el pleno del Congreso de la CDMX, la primer iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las disposiciones en materia de acceso laboral de personas transexuales, travestis y transgénero al servicio público, también sin resultados. Finalmente, un esfuerzo similar es la Ley para el ”Reconocimiento y la atención de las personas LGBTTTI+ de la Ciudad de México” impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo el 07 de septiembre 2021, que en su apartado quinto, aborda el tema del derecho al trabajo y las garantías laborales para las minorías sexuales, aunque lo hace sin el agregado de la valoración particular a las mujeres trans. Sin duda, los y las representantes populares tienen mucho trabajo por delante para lograr un Estado donde se respeten las diferencias, en un país donde grupos conservadores y anti-género mantienen la disputa por el control de las normas que nos rigen a todes. Como ya ha sido comentado la investigadora Sayak Valencia, la falta de acceso de las personas trans a los derechos básicos y su retroceso en los derechos logrados, no es un asunto sólo de las personas trans, sino que opera como un “boomerang violento” que evidencia el retroceso en los derechos que hoy puede afectar a las poblaciones trans pero más adelante puede impactar los derechos humanos de las mujeres cis y de otras poblaciones y comunidades.
*Diana A. Silva es investigadora y Ricardo Balderas es periodista en @PODERlatam.
*Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.