Este #8M nos convoca una vez más a reflexionar sobre las fuerzas que atentan contra nuestros derechos y nuestras vidas, a unirnos para expresar nuestro repudio y a resistirlas juntes.
En América Latina estamos enfrentando nuevas amenazas a nuestros derechos, en el contexto de un auge alarmante de movimientos de extrema derecha – ahora instalados en los gobiernos mismos de varios países. También nos enfrentamos – aquí en México – a una creciente y preocupante militarización de los espacios públicos y de la economía nacional, incluyendo megaproyectos en manos de empresas militares.
Estas fuerzas amenazan y socavan nuestros derechos fundamentales: atentan contra nuestro bienestar y nuestro medio ambiente. Abren el camino para políticas excluyentes y expresiones de odio contra las mujeres en toda su diversidad, las personas LGBTIQ+, personas migrantes y personas racializadas. Violentan las formas de vida y los territorios de las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales, a las que sistemáticamente se les ha obstaculizado acceder a la propiedad de la tierra que trabajan y sostienen en beneficio de las comunidades. Incrementan las violencias contra las personas trans, particularmente las mujeres trans, y restringen sus oportunidades de acceso a derechos fundamentales como la salud y el trabajo digno.
Denunciamos este avance de la extrema derecha que en varios países ha llegado al poder con una agenda anti-derechos, debilitando o eliminando instituciones del Estado que garantizaban el acceso a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, a la educación integral, y a avanzar la igualdad de género, como está ocurriendo en Argentina. Este avance implica un retroceso en derechos que se ganaron con mucho esfuerzo y organización, y un aumento de narrativas de odio que están generando violencia, no solo digital, sino sobre nuestros cuerpos.
Denunciamos las medidas regresivas y neoliberales de estas fuerzas en lo económico, social, ambiental y laboral. El modelo capitalista basado en la explotación y el despojo ha llevado la privatización al extremo, poniendo en peligro los bienes naturales, la subsistencia de las comunidades y nuestro futuro como humanidad; el mercado una vez más en el centro, determinando todos los aspectos de la vida. Y las mujeres son las que más sufren las consecuencias, asumiendo las cargas que nos dejan sobre los hombros cuando el Estado no cumple con sus obligaciones.
En México la creciente militarización amenaza con subordinar los derechos humanos a la “seguridad nacional”. Esto tiene un alto costo para la integridad y seguridad física de las mujeres, especialmente las mujeres defensoras y/o buscadoras de personas desaparecidas: sabemos el riesgo que implica la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Por otro lado, con el involucramiento del ejército y la marina en megaproyectos “de desarrollo”, se profundiza la opacidad y se reduce la participación y la prevención de impactos adversos a las comunidades y el medio ambiente: impactos que afectan desproporcionalmente a las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales, y que perpetúan la captura corporativa del Estado.
Este #8M, nuevamente con toda la fuerza de nuestra diversidad y desde todas nuestras identidades, las mujeres llamamos a repudiar estas fuerzas que amenazan los derechos ganados con nuestro esfuerzo colectivo, y que socavan las posibilidades de vivir vidas sanas, íntegras y dignas. Llamamos a desafiar este sistema de despojo, explotación y destrucción. Seguiremos resistiendo desde una postura feminista, interseccional y transformadora.
