Ixtacamaxtitlán, Puebla, a 18 de julio del 2024.
- Tras la cancelación de las concesiones mineras por vulnerar los derechos humanos de las comunidades indígenas en Ixtacamaxtitlán, la empresa minera canadiense Almaden Minerals Ltd. solicitó ante el CIADI iniciar un proceso de arbitraje contra México.
- Almaden Minerals Ltd. exige al estado mexicano una indemnización de 200 millones de dólares por no concretarse su proyecto minero, como consecuencia de una sentencia emitida por la SCJN.
- La Unión de Ejidos exigimos que las autoridades mexicanas consideren para el procedimiento de arbitraje las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente que la empresa minera generó en el territorio.
- Las comunidades de la Sierra Norte de Puebla rechazamos este intento de Almaden Minerals Ltd. de seguir lucrando con este caso.
En relación al proceso de arbitraje que la empresa minera canadiense Almaden Minerals Ltd. impulsa ante el CIADI contra México, desde la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, y las organizaciones firmantes manifestamos:
El pasado 27 de junio, la empresa minera canadiense Almaden Minerals Ltd. solicitó un proceso de arbitraje contra el estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que es un mecanismo del Banco Mundial. La empresa invocó el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) del cual México y Canadá son parte, denunciando afectaciones económicas por la suspensión de sus actividades.
Recordamos que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un acto de reparación y defensa de derechos de las comunidades indígenas, revocó las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía que habían afectado el derecho humano al territorio, a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento de la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla, México. Es por ello que Almaden Minerals Ltd. exige al gobierno mexicano una indemnización económica y ha anunciado que cuenta con un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Schiller Flexner.
Hasta este momento, las actividades de Almaden Minerals Ltd. en Ixtacamaxtitlán generaron daños a la población, impactos a la salud y al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa. En su comunicado, la empresa minera sigue invisibilizando los derechos de las comunidades y las afectaciones que ya dejó en el territorio y que han sido documentadas por la Unión de Ejidos a lo largo de estos años diez años de lucha, como se puede observar en la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las comunidades. Asimismo, autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas han realizado estudios en torno a los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán por la minería, concluyendo que esta actividad económica no es factible de realizarse en la región, debido a los múltiples factores impactados que potencialmente desencadenarían la pérdida del ecosistema.
Solicitamos a las autoridades competentes (Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior, y al presidente Andrés Manuel López Obrador) con base en el Convenio sobre la Solución de Controversias del CIADI, que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas que fueron afectadas por el proyecto minero mientras estuvo en su etapa de exploración, así como la documentación recopilada sobre las afectaciones generadas al medioambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio. Por otro lado, solicitamos al Tribunal de Arbitraje del CIADI facilite que la Unión de Ejidos presente su opinión escrita (amicus curiae) como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente.
Consideramos que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección a los derechos humanos.
Exigimos que nunca más un proyecto de extracción se imponga en nuestro territorio. Decimos ¡FUERA! a la minería tóxica en Ixtacamaxtitlán. Reiteramos que nuestro derecho humano a la libre determinación y el consentimiento DEBE estar por encima de los intereses de las corporaciones.
Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerlas Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias.
Organizaciones firmantes:
Brigada de Defensa del Territorio Xochiteco
Cambiémosla Ya
Centro de Estudios Ecuménicos (CEE)
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)
Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la SNP (CRDBT)
Consejo Maseual Altepet Tajpianij
Consejo Tiyat Tlali
Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)
Movimiento Atzin
Organización Independiente Totonaca (OIT)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Servicios Ambientales Amelatzinhualahtoc A.C.
Unión de Cooperativas Tosepan
Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA)
