Las fuerzas armadas mexicanas, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), gastaron más de lo presupuestado para el 2024.¹ Al menos, eso es lo que denuncian organizaciones civiles como el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias (CIEP).

Otro problema descrito por la organización PODER, es el de la opacidad de esos recursos. Según lo reportan en el informe Militares S.A. de C.V. en las Fuerzas Armadas (FFAA) existe reticencia para transparentar la información sobre las contrataciones públicas que refieren al megadesarrollo denominado Tren Maya operado en su totalidad por militares.²

[LEA AQUÍ: Militares S.A. de C.V.]

En resumen, la mayor parte de los cuestionamientos al aumento del presupuesto de las FFAA giran entre dos ejes. El primero, que algunos contratos dirigidos por las FFAA pueden inhibir las condiciones de una negociación sin violencia como lo ocurrido con el Ten Maya.³ Y el segundo es la asignación de recursos públicos en un aparato relativamente opaco o que tiende a ocultar información relevante.

Sin embargo, los señalamientos de la sociedad civil no han sido escuchados y este cuerpo marcial recibió, durante este 2024, dos de cada 10 pesos para inversión pública y sin candados planteados para estas operaciones.⁴ Y esos candados eran necesarios. Por ejemplo, en sus procesos de compras públicas para este 2024 aún prevalece la adjudicación directa como práctica mayoritaria, lo que únicamente debería ser utilizado en caso de emergencia.

Otro problema es el de la rendición de cuentas, puesto que algunas de las compras realizadas por SEDENA, a pesar de ser consideradas como mayoristas, contemplan inexplicablemente (porque hasta el momento del cierre de esta investigación ni SEDENA ni el propietario de la empresa han aceptado entrevista), el precio de ventanilla del producto. Es decir, no existen políticas de ahorro verificables. O bien, también se contrató, como una de las firmas preferidas de los militares, a empresas señaladas por presunto conflicto de interés.⁵

Estas son las empresas consentidas de los militares

Durante estos nueve meses del 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional ha erogado un total de 18,941,868,389.137 pesos mexicanos sólo en contratos. Por su parte, SEMAR ha ejercido 3,271,578,675.96 pesos también en adjudicaciones. Sumando un total de 22,213,447,065.097 pesos en gasto por contrataciones de servicios diversos, al tipo de cambio del 11 de septiembre.

Sobre las empresas que recibieron los contratos más onerosos se trata de Angar Azcapotzalco S.A. de C.V. con 2,515,115,550 pesos por la compra de camionetas de lujo; Trans Ce Cargos S. de R.L. con un contrato por 2,253,100,000 con motivo del mantenimiento de aeronaves para la SEDENA; DLG Industrias S.A. de C.V. con un contrato por 1,161,764,400 pesos por la compra de 300 tolvas cerradas para pellet (vagones de carga); PEGSA Construcciones S.A. de C.V. con una suma de 935,399,990.67 por el servicio de construcción para la ampliación del Puerto de Dos Bocas; y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo con el último contrato más costoso por 793,965,517.24 pesos por trasladar militares por toda la república en camiones rentados.Esas son las cinco empresas favoritas de los militares para este año.

Para dimensionar el gasto de la SEDENA en contratos, en poco más de medio año, las fuerzas armadas han ejercido casi la mitad del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante el mismo período de tiempo.⁶

Sobre los mecanismos de licitación, tal y como lo denuncia PODER, las FFAA prefieren en su mayoría (63%) la contratación sin concurso. Del total de contratos, 2017 fueron emitidos bajo concurso. El resto, es decir 3871 de las adquisiciones se realizaron por diferentes modalidades siendo la adjudicación directa por montos máximos de excepción la segunda modalidad más utilizada, seguida por el concurso con invitación a por lo menos tres empresas por montos máximos con 477 casos y la adjudicación por patentes con 411 contratos.

¿Quiénes son estas empresas?

La primer empresa, y la más beneficiada por los militares, es Angar Azcapotzalco. Dicha firma forma parte del consorcio empresarial Grupo Andrade y Heraldo Media Group.⁷ Es decir, su propietario es dueño de varias compañías y el hangar de autos es sólo una de ellas. Esta firma obtuvo un total de 2 mil millones de pesos por la compra de 1750 camionetas que SEDENA adquirió al menudeo a pesar de la cantidad. O más claramente, sin ningún ahorro.

[Acta constitutiva: Grupo Angar]

Por su parte, la firma Trans Ce Cargo S.A. de R.L. de C.V. fue señalada por tener nexos con el obradorismo y recibir contratos sin concurso de por medio. En marzo, el diario El Universal, aseguró que la compañía en cuestión tenía representación legal por Joaquín Adrián Caudillo Piña extrabajador de la aerolínea Interjet, señalado como persona de confianza del titular de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Óscar Artemio Argüello Ruíz.⁸

La siguiente empresa, DLG Industrias S.A. de C.V. se trata de una conocida. La firma en cuestión formó parte de la licitación para el Tren Turístico Puebla-Cholula.⁹ Asimismo, fue participante en los consorcios encargados de la construcción del tramo Cancún-Playa del Carmen del Tren Maya.[10, Tren Maya. Van 10 empresas por las licitacines (2021). Milenio.] Se trata de una de las empresas mayormente contratadas por la administración en turno, misma que ha sido acreedora a 402,869,750.078 pesos en contratos de 2008 a 2021, según lo reporta el portal QuienEsQuien.Wiki desarrollado por PODER.

Otra de las empresas favoritas de los militares, PEGSA Construcciones S.A. de C.V., además de los onerosos contratos, ha sido señalada por licitar con dos empresas con el mismo dueño. El hecho fue reportado por la propia Auditoria Superior de la Federación (ASF) en marzo de este año.¹⁰

El procedimiento, ocurrió en diciembre del 2022 (con fondos federales), tuvo la participación de las empresas PEGSA Construcciones S.A. de C.V., CIEG S.A. de C.V. y Consorcio Constructor e Industrial Trasnacional del Golfo, que tienen en común como socio a Francisco Javier Ochoa Peral.¹¹ Para la ASF que estas dos empresas cuenten con un socio en común, y les sea permitido participar significa que el ganador pudo haber tenido ventaja y obtenido indebidamente el contrato por 404 millones de pesos.

El último de los grandes contratos de los militares, ocurrió a favor de un sindicato de transportistas donde su titular, Luis Antonio Zaldívar Sánchez, es activamente difusor de los programas sociales del gobierno en turno.¹²