La presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de impulsar un marco regulatorio que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de los derechos humanos para mejorar el destino del país, conservar su soberanía y proteger los derechos humanos frente a cualquier tratado comercial y de inversión.
ara analizar el contexto actual sobre la situación de las comunidades afectadas por la actividad empresarial, debemos partir por reconocer las luchas contemporáneas ante los impactos en los territorios y el medio ambiente por las empresas en México.
Existen algunos ejemplos de luchas emblemáticas: lo es el de los Comités de Cuenca Río Sonora, quienes desde 2014 continúan en proceso legal para acceder a una reparación integral y que Grupo México se haga responsable del derrame de material tóxico en su territorio, asumiendo su responsabilidad por las afectaciones a derechos humanos.
Otro ejemplo es el de las comunidades de la Península de Yucatán y Oaxaca por la construcción de megaproyectos, todas marcadas por factores comunes como la opacidad, falta de transparencia e impunidad corporativa. Pero ¿por qué en nuestro país se perpetúa esta problemática?
El marco jurídico mexicano cumple con una función regulatoria de las relaciones contractuales que las empresas puedan generar entre particulares y con el Estado, pero se ha olvidado de identificar cómo prevenir, proteger y en su caso reparar los abusos a derechos humanos que las actividades empresariales generen, dejando en total desprotección a las comunidades que por la magnitud de dichas actividades suelen ser las más impactadas.
A pesar de los avances en la última década en materia de derechos humanos, éstos no han permeado en las empresas y su responsabilidad. A nivel internacional, existen instrumentos como los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos y mecanismos no jurisdiccionales, pero el camino avanzado aún es muy corto.
En los últimos dos sexenios, se realizaron trabajos desde la Secretaría de Gobernación hacia un plan nacional de acción y hacia una política pública de empresas y derechos humanos, donde la sociedad civil participó activamente para que esos instrumentos tuvieran una perspectiva de derechos humanos; sin embargo, esas iniciativas no se consolidaron, por lo que no se logró contar con alguna directriz que vincule a las empresas sobre su responsabilidad con los derechos humanos.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene en sus manos una oportunidad histórica de consolidar una agenda progresista de empresas y derechos humanos, con una perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad. En sus “100 pasos por la transformación” expresó que en su próximo gobierno será una prioridad mirar hacia los derechos humanos de las comunidades indígenas y actualmente se encuentra una reforma constitucional en discusión en el Congreso Federal.
El reconocimiento de la situación que viven los pueblos y comunidades en México debe incorporar cómo atender al impacto que las actividades empresariales generan en sus derechos humanos y el medio ambiente. En esta oportunidad histórica se pueden construir soluciones con las comunidades afectadas y brindar garantías de no repetición, aprendiendo de esos hechos históricos.
Una agenda progresista y a favor de los sectores más vulnerables del país, puede ser un primer paso para iniciar un camino para acabar con la impunidad corporativa y tomar el ejemplo de la Unión Europea, Brasil, Perú, Colombia quienes abrieron el debate hacia una regulación jurídica corporativa, no solo como una directriz, sino de carácter vinculante. En el caso de la Unión Europea, esta regulación ya se ha adoptado.
El camino está abierto para realizar los cambios normativos con esa perspectiva de derechos humanos en las actividades empresariales y las inversiones. La presidenta electa tiene la oportunidad de encabezar los esfuerzos desde la Presidencia de la República y, a través de la Secretaría de Gobernación, impulsar con el legislativo y las entidades federativas un marco regulatorio robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de los derechos humanos para mejorar el destino del país, conservar su soberanía y proteger los derechos humanos frente a cualquier tratado comercial y de inversión.
Sheinbaum no sólo pasará a la historia como la primera presidenta de México, también tiene la posibilidad de ser la primera en asumir el compromiso y hacer realidad la implementación de una agenda integral en materia de empresas y derechos humanos con la participación efectiva de las personas titulares de derechos, incluyendo a aquellas trabajadoras, comunidades afectadas y pueblos campesinos, rurales, indígenas, afromexicanos y otros grupos históricamente vulnerados y/o marginalizados.
Desde la sociedad civil esperamos que en los próximos años se materialicen acciones para combatir las causas de la impunidad corporativa a favor de las comunidades, una deuda histórica que continúa pendiente.
* Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en PODER.
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.