En la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el gobierno de México debe comprometerse con la promoción de la agenda de empresas y derechos humanos, a fin de posicionar el tema en la Administración Pública Federal y estatal, para lograr un marco robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de los derechos humanos.
El nuevo año marcó el inicio de la convocatoria de consulta del gobierno federal para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho proceso determina que durante el mes de enero se desarrollarán foros de consulta temáticos en diferentes ciudades del territorio mexicano.
El artículo 26 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se deberá elaborar un Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno deberán diseñarse en congruencia al Plan Nacional de Desarrollo 2025 a 2030.
Entre los elementos 2 con los que deberá contar el PND están: a) un diagnóstico general de los temas prioritarios; b) los ejes generales que agrupan los temas prioritarios; c) los objetivos específicos; d) las estrategias para ejecutar las acciones; e) los indicadores de desempeño y sus metas. El referido PND indicará programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así como una visión de largo plazo para su cumplimiento.
De lo anterior, se puede observar que el PND será el antecedente para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), que será el instrumento rector en materia de derechos humanos de la Administración Pública Federal, con la finalidad de articular las acciones del Ejecutivo para la atención de las problemáticas más apremiantes en la materia.
En el anterior PNDH 2019 a 2024, gracias al impulso de las comunidades afectadas por la actividad empresarial y del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos por primera vez se logró incluir una estratégica prioritaria sobre “impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta”.
El respeto a los derechos humanos por parte del sector empresarial es fundamental para disminuir la desigualdad y generar actividades económicas congruentes con el respeto a los derechos de las personas, las comunidades y el medio ambiente. Es trascendental que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos en contextos corporativos, para lo cual es necesario contar un marco regulatorio robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de esos derechos. Esto contribuirá a mejorar el destino del país, conservar su soberanía y proteger los derechos humanos frente a cualquier tratado comercial y de inversión.
Por este motivo, en la construcción actual del PND, el gobierno de México debe comprometerse con la promoción de esta agenda de empresas y derechos humanos, a fin de posicionar el tema en la APF y estatal para lograr un marco robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de los derechos humanos.
Los foros anunciados para consulta pública no incluyen mesas de trabajo específicas para que participen las comunidades indígenas, afromexicanas, campesinas, agrícolas, forestales que día con día enfrentan los impactos de la actividad empresarial en su territorio. Las autoridades federales aún están a tiempo de cambiar el rumbo de esos procesos de consulta, incorporando además una perspectiva de género e intercultural.
Durante este sexenio, la apuesta de todas las autoridades se debería enfocar en fortalecer los mecanismos y políticas de protección existentes para salvaguardar los derechos a la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, así como de aquellas afectadas por las actividades empresariales incluyendo megaproyectos, con la finalidad de eliminar los obstáculos jurídicos para acceder a la justicia, así como proporcionar mecanismos accesibles y efectivos a través de los cuales las víctimas puedan presentar denuncias sobre los daños a los derechos humanos relacionados con las empresas y, sobretodo, para obtener reparación integral.
La economía es política y la adopción de un marco regulatorio de la actividad empresarial, que asegure el respeto de los derechos humanos y ambientales, es esencial para cambiar y mejorar el destino del país.
*Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.
*Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en PODER.
- Este artículo también establece que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. ↩
- Artículo 21 ter de la Ley de Planeación. ↩