«Defender los derechos humanos frente a proyectos extractivistas tiene implicaciones específicas y diferenciadas para las mujeres, relacionadas con los riesgos particulares que enfrentan así como con los roles que desempeñan en sus comunidades», Aída Isela González Díaz defensora del terriorio.
En México, según el exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, hasta 2019 se registraron más de 500 conflictos ambientales. Muchos de ellos son consecuencia de la expansión de megaproyectos en sectores como la minería, los hidrocarburos y las termoeléctricas, que alteran los ecosistemas y las comunidades circundantes 1
En cada uno de esos escenarios, mujeres, niñas y adolescentes se levantan, organizándose, con la esperanza intacta de proteger lo que les pertenece, preservando el alma de sus tierras a pesar de las adversidades.
Un ejemplo claro, de esta resistencia, es el conflicto ocurrido en la comunidad de Choréachi. En las entrañas de la Sierra Tarahumara, en el sur de Chihuahua municipio de Guadalupe y Calvo, esta comunidad rarámuri ha vivido durante más de 20 años violencia y múltiples intentos de desplazamiento. Y han decidido no rendirse.
Según se redacta en el informe Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara 2016, en ese periodo 162 personas rarámuri exigieron justicia ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5 (TUA 5) de Chihuahua, defendiendo su ancestral posesión de tierras.
La solicitud del pueblo Choréachi era la del reconocimiento como propietarios ejidales de las tierras que para ese momento ya poseían una demarcación, la comunidad de Las Coloradas de los Chávez.
Durante las quejas presentadas a la TUA 5, el argumento fue el del reconocimiento de la figura como ejidatarios al pueblo Choréachi alegando su posesión ancestral y que, en 1967, diecisiete ancianos de Choréachi habían recibido las tierras del ejido de manera legal (previamente a la aparición del ejido conocido como Pino Gordo) previamente a la integración de los expedientes de dotación y ampliación del poblado de Pino Gordo.
Aunque la sentencia de la TUA 5 fue favorable, el llamado ejido Pino Gordo impugnó vía Amparo la resolución debido a que la comunidad se ubicaba en las mismas tierras indígenas que pretendían continuar explotando permisos de aprovechamiento forestal autorizados por Semarnat sobre 15 mil 200 hectáreas sobrepuestas al territorio de Choréachi, dejando así en suspenso a la justicia para los pueblos originarios 2
A pesar de no haberse resuelto el conflicto con Pino Gordo, en 2007 llegaron nuevas resoluciones judiciales que ampliaban el territorio de la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, invadiendo tierras de Choréachi. La situación se intensificó aún más cuando la Semarnat otorgó permisos para la explotación forestal, sin consultar previamente a la comunidad indígena, como lo exige la ley 3
Aunque el artículo 61 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que “cuando una autorización pueda afectar el hábitat de una comunidad indígena, la autoridad debe recabar la opinión de sus representantes”, la Semarnat permitió la explotación en la Sierra Tarahumara, alegando que Choréachi no existía.
De tal modo que el conflicto en la zona continuó hasta sus límites fatales. El 5 de septiembre de 2013 las autoridades reportaron que el defensor indígena y candidato a presidente municipal, Jaime Zubias Ceballos, había sido asesinado, presuntamente, en manos del crimen organizado. Antes y después la ola de violencia no se detuvo y subsecuentemente el 5 de noviembre del mismo año fue asesinado Socorro Ayala Ramos, integrante del pueblo de Choréachi. En los últimos años, las autoridades indígenas y defensores han sido objeto de amenazas y persecuciones.
Ante la falta de condiciones de seguridad y la violencia generada en Choréachi, en febrero de 2014 se solicitó a la CIDH medidas cautelares colectivas para la comunidad y para el personal de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), organización que acompaña los procesos jurídicos ante los tribunales.
Y en octubre de 2015, en un hecho histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano adoptar medidas provisionales para garantizar la vida, integridad y seguridad de los integrantes de Choréachi, siendo la primera ocasión en la que la Corte dicta medidas colectivas para una comunidad indígena del país 4
Defender la tierra es defender la vida: Red de Defensoras México
Después de 11 años de lucha, el 23 de octubre de 2018, el Tribunal Superior Agrario finalmente reconoció el derecho territorial de Choréachi, demostrando que sus tierras eran preexistentes al ejido Pino Gordo y a la comunidad de Coloradas de los Chávez. Se reconocieron 32,832 hectáreas. Pero la batalla no terminó ahí.
En el fragor de la defensa territorial, las mujeres de Choréachi se han convertido en guardianas del futuro. En octubre de 2020, la Red de Defensoras emitió un comunicado de alerta, entregado a PODER, denunciando una campaña de hostigamiento contra Aída Isela González Díaz, integrante de la organización Alianza Sierra Madre. El informe dejaba claro el peligro: una campaña de difamación orquestada por los representantes legales de Coloradas de los Chávez.
“La defensora Aída Isela González está siendo atacada con una campaña de desprestigio a través de los medios de comunicación”, indicaba el comunicado.
En PODER, conversamos con algunas integrantes de la Red de Defensoras y con Aída Isela sobre la urgente necesidad de vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, especialmente aquellas cuyo negocio depende de la extracción de recursos en las comunidades.
Para Aída Isela, protectora de la sierra y sus compañeras de lucha, resulta necesario incorporar una visión de género en los proyectos de defensa y conservación del territorio, pues las relaciones de género influyen directamente en cómo las personas viven, acceden y participan en la gestión de los recursos naturales.
Según explica, las mujeres, sobre todo en comunidades indígenas y rurales, son las guardianas del conocimiento sobre la biodiversidad, los ciclos naturales y el manejo sostenible de los recursos. Sin embargo, “sus voces quedan silenciadas cuando los proyectos no incorporan esta perspectiva”.
-¿Por qué es importante conservar una visión feminista en la defensa del territorio?
Respuesta: La perspectiva de género es clave para visibilizar las desigualdades estructurales y abordar de manera diferenciada las afectaciones y riesgos que enfrentan las mujeres y niñas en la defensa del territorio. Considerar el género permite crear estrategias más justas e inclusivas. Desde el feminismo, luchar contra el poder empresarial no es solo una resistencia, sino una lucha por otro mundo: uno donde las ganancias no estén por encima de la vida, donde no se reproduzcan desigualdades y no se exploten los cuerpos ni los territorios.
En el mismo sentido que Aída Isela y desde Sur Oriente del Estado de México, la compañera Tania López Hilario, activista comunitaria e integrante de la Red de defensoras, coincide con lo expresado por Aída Isela y agrega.
“Las mujeres al igual que los territorios hemos sido vulneradas, invisibilizadas y saqueadas en muchos sentidos. Al restringir nuestra participación, nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sano, a organizarnos, etc. (…) El territorio al ser una extensión de nuestro propio cuerpo, sufre los atropellos que impone el modelo capitalista, extractivista y neoliberal, al igual que la Madre Tierra”, dice
De tal modo, que el feminismo según Tania López, nos permite identificar las brechas de desigualdad y discriminación que aún permean en nuestra sociedad y dentro de los propios movimientos de defensa y resulta ser el último de los caminos claros para continuar tejiendo comunidad.
