Las mujeres del Río Sonora se han enfrentado a la escasez de agua, de alimentos, al aumento de enfermedades en la zona, a la persecución política por parte de la empresa y las instituciones, y a las críticas de otros pobladores.
«Si no nos enfrentamos al poder empresarial, nos van a querer tener sometidas como antes. No podemos depender de lo que digan las empresas. Nosotras somos el motor, somos quienes damos vida. Debemos exigir justicia y que se respeten nuestros derechos humanos.»
Mena Bonilla, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, Hermosillo rural.
El poder corporativo está cada vez más concentrado en pocas manos, como quedó ejemplificado en la ceremonia inaugural del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en donde estuvieron presentes los 5 hombres más ricos del mundo. El poder corporativo es definido por AWID como “el excesivo control y apropiación de recursos naturales, trabajo, información y las finanzas por parte de una alianza de poderosas empresas y élites mundiales en connivencia con los gobiernos”. Este poder va más allá de lo estrictamente económico, para impulsar agendas que impactan las esferas políticas, normativas, culturales y legales. Si bien las corporaciones pueden incidir en las políticas públicas como cualquier otro actor, cuando esta influencia es desmedida tiende a distorsionar los marcos legales y el acceso a la justicia, privilegiando los intereses empresariales de unos pocos por encima de los derechos humanos.
Si bien el poder corporativo impide el efectivo ejercicio de los derechos humanos para todas las personas en general, es innegable el impacto diferencial en mujeres, niñas, personas LGBTIQ+, personas indígenas y afrodescendientes. Estos impactos son visibles en materia de derechos laborales, debido a que las mujeres ganan menos que los hombres en promedio, no acceden a posiciones de toma de decisiones y se concentran en las actividades informales debido al mayor tiempo que dedican a las labores de cuidado sobre todo si son indígenas, afrodescendientes y/o LBTIQ+. También se observa cuando después de un desastre ambiental, las mujeres y niñas son las que deben destinar más tiempo para el cuidado de personas enfermas, adultas mayores e infancias, así como en la provisión de alimentos y agua. Lo mismo ocurre cuando sufren agresiones y persecución debido a su participación en organizaciones y movimientos en defensa del territorio, que en el caso de las mujeres se conjuga con la violencia de género.
Por lo anterior es que la lucha feminista en la agenda de empresas y derechos humanos ha buscado evidenciar los impactos diferenciales de la actividad empresarial en ámbitos internacionales, regionales, nacionales y comunitarios, como una manera de lograr sociedades más justas y equitativas. Desde experiencias como las Feministas por el Tratado Vinculante a nivel internacional para obligar a las empresas a rendir cuentas por los abusos empresariales, hasta las iniciativas comunitarias que luchan día a día por contrarrestar el poder corporativo, las mujeres y disidencias hemos estado presentes. Es el caso de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) y el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla (CRDBT), cuya experiencia compartimos a continuación.
Desde hace una década, los CCRS han hecho frente al poder de Grupo México. Esta empresa es responsable del peor desastre ambiental en la historia de la minería en el país, ocurrido el 6 de agosto de 2014, cuando su filial Buenavista del Cobre S.A. De C.V. (BVC) derramó 40 millones de litros de solución de cobre acidulada a los ríos Sonora y Bacanuchi. Este desastre afectó a más de 20 mil habitantes, de los cuales el 48 % son mujeres que no han encontrado ni justicia ni reparación. Mientras tanto, tan solo en 2024, la fortuna de Germán Larrea, dueño del conglomerado, aumentó un 994 % y en el primer trimestre de 2024, la división minera de Grupo México reportó una ganancia de 3,799 millones de dólares.
Las mujeres del río Sonora se han enfrentado a la escasez de agua, de alimentos, al aumento de enfermedades en la zona, a la persecución política por parte de la empresa y las instituciones, y a las críticas de otros pobladores. Los CCRS son una organización de personas que cuentan con vocerías rotativas, mayoritariamente de mujeres, que fueron afectadas por el derrame, quienes se han organizado para incidir en espacios de toma de decisiones a nivel nacional e internacional. Han organizado protestas y participado en foros para enfrentar al poder corporativo y exigir que se respeten sus derechos humanos y el territorio.
Las autoridades no han dado soluciones oportunas ante este desastre. Un ejemplo de ello fue la propuesta de parte del gobierno federal para construir 36 plantas potabilizadoras, de las cuales sólo una funciona permanentemente y 2 intermitentemente. El agua en la cuenca del Río Sonora no es apta para consumo humano, por lo que sus habitantes deben comprar agua de garrafón. Esto ha afectado a las mujeres en su salud física, mental y en su economía. Por su parte, BVC tiene concesionada el 57 % del agua de los ríos Bacanuchi, San Pedro y Bacoachi, que contrasta con las concesiones otorgadas a los pobladores a quienes se les niega abrir pozos para sus áreas de cultivo y que sufren cortes constantes en el suministro del agua en los hogares.
Por su parte, el CRDBT es una organización agraria, campesina e indígena que reivindica la silvicultura comunitaria como una forma de aprovechamiento de los bosques sustentable ambientalmente y económicamente. Sus integrantes son personas defensoras de los bosques, el agua y el territorio, principalmente mujeres jóvenes que participan activamente en la organización interna de sus comunidades. La silvicultura comunitaria permite que las comunidades forestales avancen hacia la autogestión de sus recursos naturales y territorios, contribuyendo a minimizar la deforestación y los incendios forestales. Un riesgo latente en los ecosistemas forestales es el desarrollo de proyectos extractivos. Tan solo en la SNP existen 361,000 hectáreas y 4,674,861,713 m3 de agua en manos de empresas de capital privado (nacional y extranjero) mediante concesiones, licencias y contratos para al menos 12 proyectos extractivos.
Por otro lado, se ha podido constatar que en las comunidades y organizaciones forestales la cultura patriarcal está profundamente arraigada, limitando la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en el acceso a los derechos agrarios. En 2023, sólo el 27 % de las personas con derechos agrarios vigentes eran mujeres. Actualmente, el CRDBT busca generar espacios de aprendizaje continuo, intercambio de saberes e investigación participativa que permita visibilizar el trabajo de cuidados relacionado al mantenimiento de los bosques. Asimismo busca mostrar la desigualdad entre hombres y mujeres en la asignación y valoración de las tareas remuneradas y no remuneradas, en el uso del tiempo y en la participación en la toma de decisiones. Sumado a que con el cambio climático, el trabajo de cuidados se incrementa, limitando las posibilidades educativas de mujeres y niñas, su participación comunitaria y en la toma de decisiones sobre la gestión forestal. El CRDBT considera que es urgente que los acuerdos colectivos incorporen estrategias para la redistribución del trabajo de cuidados y la generación de relaciones más justas.
Estos casos ilustran la relevancia de la participación de las mujeres en los procesos de organización comunitaria para resistir el poder corporativo. Esto es posible porque las mujeres ponemos el cuerpo, el tiempo, el corazón y el liderazgo para transformar el mundo y sostener las luchas sociales. Por lo cual en este 8M creemos que ya es hora de que se reconozca y se transformen las estructuras patriarcales para que podamos estar más presentes en los espacios de toma de decisiones.
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.
* Diana A. Silva, Samantha Camacho y Tokya Casimiro son investigadoras y organizadora comunitaria de PODER, respectivamente.