En las últimas décadas, diferentes países han ido incorporando en sus legislaciones la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos en toda su cadena de suministro. Esa era la obligación de Aurubis, que ahora puede ser sancionada por haber comprado cobre a Grupo México, responsable de contaminar el agua y afectar la salud de las personas del Río Sonora.
Según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y la debida diligencia en materia de derechos humanos (DDDH) es un requisito fundamental.
Para el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (GTDHyE), la DDDH se refiere a los procesos que todas las empresas deben incorporar a fin de identificar, prevenir, mitigar y justificar cómo subsanan los efectos adversos potenciales y reales sobre los derechos humanos causados total o parcialmente por sus actividades.
Que las empresas se comporten con DDDH es lo primero que esperamos para que cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en el lugar donde opera. Los PRNU son claros en que se necesita promover la DDDH en todos los niveles de las empresas y en toda su cadena de suministro.
Es importante también que la DDDH para las empresas deje de ser voluntaria y sea vinculante y obligatoria.
Debida diligencia en derechos humanos obligatoria para las empresas
Desde 2017 se han ido aprobando en el mundo diversas legislaciones para establecer la obligatoriedad de las empresas de llevar adelante la DDDH en diferentes ámbitos y sectores. Entre otras, la Ley de deber de vigilancia de las empresas matrices y contratistas de Francia adoptada en 2017, el Reglamento de la Unión Europea sobre minerales de conflicto, la Ley de diligencia debida y transparencia en relación con los minerales y metales procedentes de zonas afectadas por conflictos y el trabajo infantil en Suiza del 2020, la Ley de diligencia debida en materia de trabajo infantil de los Países Bajos aprobada en 2019, la Directiva de la Unión Europea sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas del 2024 y la Ley Alemana sobre Obligaciones de Debida Diligencia Corporativa en las Cadenas de Suministro (LkSG) aprobada en 2021 y que entró en vigor en 2023.
La LkSG obliga a las empresas alemanas a asumir la responsabilidad de su cadena de suministro y a garantizar que sus socios en el extranjero respeten y protejan determinadas normas de derechos humanos y medioambientales. Esto también incluye las acciones de los proveedores directos e indirectos de una empresa. La LkSG identifica explícitamente una serie de riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente que las empresas deben evitar, minimizar o terminar. Entre ellos causar degradación ambiental que afecte el acceso de las personas a alimentos, agua potable, saneamiento o salud.
¿Por qué es importante la debida diligencia en derechos humanos obligatoria para la rendición de cuentas empresarial? El caso de Aurubis y el cobre de Grupo México
Grupo México fue el mayor productor de cobre de México en 2023. Entre los principales compradores de concentrado de cobre de Grupo México en Europa, destaca Aurubis AG.
Aurubis AG es una empresa que produce anualmente 1.1 millones de toneladas de cátodos de cobre y 1.7 millones de toneladas de productos de cobre.
Aunque Aurubis se presenta como una empresa líder en descarbonización, y que cumple con la LkSG, ha comprado cobre a Grupo México,1 empresa con un largo historial de afectaciones a los derechos humanos, sociales y ambientales.
El 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre ambiental relacionado con la minería en México al derramarse de una presa de lixiviación de la mina Buenavista del Cobre (BDC), de Grupo México, cuarenta millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora. Hasta la fecha, no ha habido un claro acceso a la remediación y a la justicia y, por lo tanto, al pleno disfrute de los derechos humanos de las personas afectadas.
Esta catástrofe, provocada por la negligencia de BDC, afectó a más de 22,000 personas en su derecho fundamental al agua y a la salud y sufrieron enormes pérdidas económicas, aunado a los daños a la flora y la fauna en la región. Los costos derivados del derrame fueron de 20,508.17 millones de pesos a precios constantes de 2022. En 2023, la SEMARNAT ratificó que agua, suelo, aire, sedimentos, flora y fauna están contaminados a consecuencia del derrame y que las personas afectadas tienen metales pesados en sangre y orina.
Aurubis tiene conocimiento de la situación en Sonora desde 2019 y como no ha hecho nada para exigir a Grupo México que respete los derechos humanos de las personas afectadas en este caso, el 5 de febrero de 2025 los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), la Iniciativa Romero y PODER han presentado una queja sobre la falta de debida diligencia en la cadena de suministro de Aurubis ante la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones (BAFA) de Alemania. El 24 de marzo de 2025 la BAFA respondió que tras un examen detallado de la denuncia y de los documentos presentados por los CCRS tomará medidas e iniciará una investigación específica conforme a la LkSG contra Aurubis. Esto porque se ha logrado demostrar que los derechos humanos, cuya observancia exige la ley a las empresas, han sido vulnerados.
Si la BAFA determina que ha habido una infracción, podría ordenar a la empresa que implemente medidas concretas para corregir la violación. Asimismo, tiene la facultad de imponer sanciones económicas significativas a la empresa.
Además de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y de los Estados de protegerlos, otro actor importante para avanzar en la DDDH y evitar situaciones como la de Aurubis son las personas e instituciones inversionistas. El GTDHyE ha recomendado que los inversionistas exijan más sistemáticamente el ejercicio de la DDDH a las empresas en las que invierten. En este sentido el pasado 3 de abril, durante la reunión de accionistas de Aurubis, the umbrella organization of critical shareholders presentó una moción exigiendo que Aurubis remedie esta situación y solicitó que este año sólo se pague a los accionistas un dividendo de 75 centavos por acción, en lugar de 1,50 euros y que el resto, 32,744,272.50 de euros, se invierta en el pago de indemnizaciones y en medidas integrales para reforzar la DDDH de la empresa.
Es importante resaltar la urgencia que en México se avance en leyes de DDDH en las cadenas de suministro, en contraste con el empuje conservador en países donde han asumido gobiernos con afán de desregulación. En Alemania, por ejemplo, el partido que ganó las elecciones este año ha exigido la derogación de LkSG considerándola una burocracia innecesaria para las empresas y lo mismo ocurre ante la propuesta de una Ley ómnibus en la Unión Europea que reemplazaría a la Directiva, reduciendo las responsabilidades de las empresas. La realidad demuestra que estas leyes son absolutamente necesarias para combatir los abusos a derechos humanos y la destrucción ambiental a lo largo de las cadenas de suministro globales y para hacer responsables a las empresas de los mismos.
* María Julieta Lamberti es Directora de Investigación en @PODERlatam.
* Este artículo fue publicado El Plumaje de Animal Político.
- Según información disponible en la base de datos Panjiva Inc. consultada el 18/09/2024, en el último año la empresa subsidiaria de Grupo México S. A. B . de C. V., encargada de la operación de la mina Buenavista del Cobre, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras S.A. de C.V. ha enviado a Alemania a Aurubis AG 32,718,720 kilogramos de concentrado de cobre por un valor de 57,643,503.43 de dólares. ↩