América Latina vive una ola de centros de datos impulsada por la IA. Entre discursos de inversión y empleo afloran tensiones por el uso de agua y energía y por la opacidad. El marco mínimo es claro: transparencia obligatoria, evaluación de impactos con participación comunitaria y mecanismos de reparación que conviertan los beneficios en bienestar común.
No cabe duda de que la inteligencia artificial (IA) es una de las tecnologías más significativas de nuestra era. Además de la ayuda que nos presta en la vida digital cotidiana para redactar escritos, resumir textos, buscar referencias o verificar datos, en tan solo 10 años de ser impulsada por las gigantes corporaciones de la tecnología (las Big Tech: Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google, para nombrar las más grandes), la IA ha transformado muchísimas funciones en la sociedad, tanto en el sector público como en el privado: salud, comercio, educación, investigación, finanzas, asuntos legales, gobierno, periodismo y servicios públicos.
Junto a este crecimiento vertiginoso surgen debates éticos, sobre todo en torno a los datos que son apropiados, procesados y usados para construir y “entrenar” los grandes modelos del “lenguaje” de la IA (LLM, por sus siglas en inglés), como aquellos en que se basan los programas como ChatGPT, que irrumpió en la escena en noviembre de 2022.
Sin embargo, existe un área que ha recibido menos —aunque creciente— atención: los impactos del desarrollo y operación de la IA. Los grandes centros de datos (CD), donde se procesan y alojan los datos, afectan el ambiente, el territorio, el agua, así como otros derechos fundamentales de las comunidades, cuyas vidas se ven enormemente impactadas por estos megacentros. Aunque estos impactos a lo largo de la cadena de valor de la IA se están visualizando cada vez más, todavía existen grandes vacíos en las propuestas de cómo regular y gobernar estas dimensiones.
Los centros de datos, donde vive la IA
La “nube” donde residen los datos se aloja en millones de servidores ubicados en grandes centros de datos, cada uno de los cuales abarca muchas hectáreas de parque industrial. Los datos que alimentan la IA se procesan las 24 horas, los 365 días al año en estas instalaciones que utilizan recursos locales esenciales, como energía y agua.
La mayoría de los centros de datos se encuentran actualmente en países del norte global; sin embargo, los países del sur global se están convirtiendo en los lugares preferidos para nuevas instalaciones.
Es una historia conocida: grandes empresas que representan intereses y proyectos de una poderosa élite económica buscan instalarse en países con recursos naturales disponibles y baratos, mano de obra de bajo costo, y regulaciones laxas. Los gobiernos locales ven posibilidades de desarrollo económico y empleos, y las élites locales nuevas oportunidades de invertir y lucrar.
Para las comunidades, en cambio, el resultado es otro: se pone en jaque, una vez más, su acceso a bienes vitales —energía, agua y territorio— y se vulneran sus derechos de participación, información y consentimiento libre, previo e informado frente a estos mega proyectos.
Según la periodista de investigación Karen Hao —en su reciente libro Empire of AI: Dreams and Nightmares of Sam Altman’s Open AI— las grandes empresas de la IA operan como un “imperio”. Las compara con imperios coloniales históricos, pues construyen su poder y dominación a través de la apropiación y extracción de recursos que no les pertenecen, explotan mano de obra para realizar tareas esenciales de producción, y compiten entre ellas como “buenos y malos”, justificando su expansión bajo premisas de una misión “civilizadora” inevitable para lograr “el bien para la humanidad”.
El enorme costo en energía y agua de la tecnología masiva
Impulsado por la explosión de la IA, el número de centros de datos creció de 500,000 en 2012 a 8,000,000 millones en la actualidad, y se espera que siga creciendo
Un artículo científico publicado en enero de 2022 sugiere que, para 2027, la demanda mundial de agua solo para fabricar chips y refrigerar los centros de datos de IA podría equivaler a la mitad del consumo del Reino Unido. La Agencia Internacional de la Energía estima que, de aquí a 2030, los centros de datos impulsarán más del 20 % del crecimiento de la demanda de electricidad. También se prevé que, en los próximos cinco años, la demanda mundial de centros de datos se duplique y que, para 2030, consumirían tanta electricidad como la que utiliza Japón en la actualidad. Al mismo tiempo, los centros de datos y las redes de transmisión de datos fueron responsables de alrededor del 1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía en 2020.
Para dimensionar, según una estimación prudente de un estudio, GPT-3 consume casi medio litro de agua para generar entre 10 y 50 respuestas. En el estudio, publicado en 2023, se calculó que el crecimiento de la demanda de IA requerirá el consumo de entre 4,200 y 6,600 millones de metros cúbicos de agua en 2027, equivalente a cuatro y seis veces el consumo anual de Dinamarca.
Según el Foro Económico Mundial, un centro de datos de 1 megavatio puede consumir hasta 25.5 millones de litros de agua al año sólo para refrigeración, lo que equivale al consumo de agua de unas 300,000 personas en un solo día.
Todo esto representa una amenaza enorme, si consideramos que actualmente una cuarta parte de la humanidad carece de acceso a agua potable.
Los centros de datos en México
América Latina no ha quedado al margen de la expansión global de la IA. Además de concentrar muchos de los minerales —litio, cobre, manganeso— necesarios para el desarrollo de la tecnología y sus componentes, es una región donde se están instalando los centros de datos, con impactos sobre las poblaciones que habitan en esos territorios.
En México en 2019, el entonces presidente López Obrador presentó una visión ambiciosa de convertir al país en líder en infraestructura digital y computación en la nube. En 2020, Microsoft anunció una inversión de 1,100 millones de dólares para instalar un centro de datos en Querétaro, México. Las instalaciones, conocidas como Ascenty1 y Ascenty2, fueron inauguradas en 2020 y 2022. Desde entonces, y con fuerte apoyo y promoción de los gobiernos federal y estatal, Querétaro ha sido protagonista de una acelerada concentración de infraestructura tecnológica. Allí confluyen, por un lado, las tensiones de una narrativa de desarrollo económico y oportunidades de empleo y, por el otro, impactos adversos en condiciones de vida y en los derechos humanos de las comunidades afectadas.
En 2024 Microsoft anunció tres nuevos centros de datos para México enfocados en inteligencia artificial (IA), con una inversión total de 1,300 millones de dólares. Siguieron Google y Amazon Web Services (AWS): la primera invertirá 1,200 millones de dólares, mientras que la segunda destinará 5,000 millones para una región de nube centrada en aprendizaje automático e IA.
La Asociación Mexicana de Centros de Datos asegura que, con esas previsiones, para 2030 habrá 100 centros de datos en todo el país, al menos la mitad de ellos ubicados en Querétaro y en la zona centro de México. La industria prevé multiplicarse por 10 en los próximos cinco años. En Querétaro se estiman inversiones por más de 10,000 millones de dólares durante la próxima década.
El actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que la empresa CloudHQ invertirá 4.8 billones de dólares en Querétaro para construir un centro de datos de inteligencia artificial de 52 hectáreas, con seis sedes que funcionarán como “carreteras de datos”. Se dice que el proyecto generará 600 empleos directos altamente especializados y alrededor de 7,200 empleos en la construcción de las instalaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta inversión pone a México en una posición clave dentro de la economía digital.
La llegada de estos centros de datos a Querétaro se anuncia al público como una gran oportunidad de desarrollo económico y creación de empleo. Para las comunidades locales, sin embargo, llegan en un momento complicado: coincide con la peor sequía del siglo en el estado. La población sufre de estrés hídrico, y casi el 15 % carece de acceso constante a agua potable. La privatización del agua en 2022 agravó la crisis, al permitir que las empresas se beneficiaran de un recurso cada vez más escaso.
Los centros de datos también ejercen presión sobre una red eléctrica ya debilitada, incrementando las fallas en el suministro de energía y generando mayor dependencia de combustibles fósiles. Documentos del Centro Nacional de Control de Energía advirtieron en 2023 que la demanda máxima de energía, sumada a las nuevas solicitudes, excede la capacidad instalada, lo que pone en riesgo la posibilidad de garantizar un suministro eléctrico de calidad.
Entre las y los pobladores hay múltiples y conmovedores testimonios de sequías y apagones, de la desaparición de las plantaciones de milpas y maíz, así como del agotamiento de los pozos de agua para la siembra. La mayoría dice no tener información sobre los centros de datos: de qué se produce allí ni para qué. El secretario ha minimizado el problema del estrés hídrico y la disponibilidad de agua para las comunidades, mientras que la industria niega tener responsabilidad.
Propuestas insuficientes
La comunidad internacional ha ido tomando conciencia del impacto de las tecnologías de la IA en el ambiente y los derechos de las comunidades locales. Más de 190 países han adoptado una serie de recomendaciones no vinculantes sobre el uso ético de la IA, que abarcan el ambiente. Además, tanto en la Unión Europea como los Estados Unidos de América se ha introducido legislación para atenuar el impacto ambiental de la IA, aunque en el caso de Estados Unidos está estancada y con remotas chances de que prospere.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) recomienda, entre otras cosas, que los gobiernos elaboren reglamentos que exijan a las empresas que divulguen las consecuencias ambientales directas de los productos y servicios basados en la IA. También recomienda alentar e incentivar a las empresas para que sus centros de datos sean más sostenibles, mediante el uso de energías renovables y la compensación de sus emisiones de carbono.
En América Latina, la Declaración de Montevideo sobre la Inteligencia Artificial, adoptada en la Segunda Cumbre Ministerial sobre la Ética de la Inteligencia Artificial —celebrada en Uruguay en octubre de 2024, con el apoyo de la UNESCO y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (antes Corporación Andina de Fomento)— busca orientar el desarrollo y uso de la IA de manera ética, inclusiva y sostenible.
Más recientemente, en su informe a la Asamblea General de la ONU, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, hizo un llamado a establecer una moratoria a la construcción de estos centros de datos hasta que se comprendan mejor sus efectos sobre el ambiente.
Pero las políticas son escasas y están desarticuladas entre sí. Lo cierto es que, en los países de la región, se siguen promocionando la IA y los centros de datos que la sostienen con una narrativa de desarrollo económico y social, privilegiando beneficios para las empresas impulsoras, sin regulaciones ni requisitos de debida diligencia ambiental y de derechos humanos, y sin un diálogo articulado con la sociedad civil y las comunidades afectadas.
A falta de regulación, poder comunitario
En la región, activistas comunitarios y de derechos humanos se están organizando para actuar rápida y concertadamente en cuanto se sabe que un centro se va a establecer en comunidades. A falta de legislaciones claras, grupos de sociedad civil están implementando estrategias que incluyen la movilización local y una coordinación con redes de activistas internacionales incidiendo a lo largo de las cadenas de valor de estas empresas de tecnología.
Un ejemplo es el del Movimiento Socioambiental de Quilicura (MOSACAT), que denunció los proyectos de Google en la comuna de Cerrillos, argumentando que podrían utilizar más agua que la necesaria para toda una comuna, agotando aún más los recursos hídricos locales. Esta acción legal se ha complementado con protestas públicas, denuncias de la laxitud de la regulación ambiental chilena, y rechazo de las estrategias de greenwashing por parte de las empresas.
En Uruguay, la resistencia popular a la instalación de centros de datos —especialmente el proyecto de Google en el departamento de Canelones— se ha centrado en el alto consumo de recursos, el impacto ambiental y la falta de transparencia. La principal preocupación surgió en 2023, durante la peor sequía que el país ha sufrido en 74 años. El diseño original del centro de datos de Google proponía un sistema de refrigeración por agua, con una demanda estimada de 7.6 millones de litros de agua potable por día, equivalente al suministro diario de unas 55,000 personas en el país. Movilizados bajo el lema de “No es sequía, es saqueo“, y apoyándose en que la Constitución uruguaya reconoce el derecho humano al agua, activistas denunciaron la privatización y el uso desmedido de agua. Las protestas lograron que se redujera el tamaño del proyecto Google y que la empresa modificara sus planes para el sistema de refrigeración.
Sin embargo, a pesar de las protestas, la construcción del CD sigue adelante en Canelones, y el gobierno uruguayo continúa impulsando nuevos centros, promoviendo al país como un destino óptimo para las inversiones tecnológicas.
En Querétaro también ha habido resistencia. Hubo protestas contra la privatización del agua, especialmente tras la aprobación de la Ley de Aguas en 2022, que permite la concesión de servicios hídricos a empresas privadas, hecho que —según las y los manifestantes— fomenta la injusticia hídrica y el desabasto. La colectiva Voceras de la madre tierra ha exigido la derogación de la ley, además de que se detenga la promoción de Querétaro como un “paraíso ambiental” para centros de datos y que se transparente la información sobre los impactos ambientales generados en la entidad. Activistas han manifestado que el desarrollo económico del estado no puede ser a costa de los recursos naturales, por lo que exigen regulaciones estrictas que aseguren que la operación de los centros de datos no comprometa la disponibilidad y calidad del agua para la población y los ecosistemas locales. También han apelado a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como el Acuerdo de Escazú (que obliga a transparentar la información sobre impactos ambientales). La misma colectiva realizó, en julio de 2024, una intervención pública ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que exigió el reconocimiento del agua como derecho humano, la transparencia total sobre los proyectos de centros de datos, y la regulación estricta del uso de agua en estas instalaciones.
Un nuevo frente para rendición de cuentas y los derechos humanos
La proliferación de los centros de datos asociada a la IA en América Latina abre un nuevo frente para la rendición de cuentas empresarial y los derechos humanos. Las gigantes empresas tecnológicas que la impulsan repiten patrones conocidos de ocupación, extractivismo y explotación, de la mano de narrativas de progreso tecnológico inevitable. Los movimientos de resistencia local que se han gestado ponen en evidencia que la promesa de la economía digital no compensa la amenaza directa a los bienes naturales y derechos fundamentales: van más allá de la preocupación ambiental y cuestionan la falta de transparencia, la toma de decisiones sin la debida participación ciudadana y las promesas mismas de un desarrollo que beneficia a las élites del poder económico, dejando a las comunidades con la carga de los costos ecológicos y sociales. La instalación de los centros de datos al servicio de la IA se percibe como una forma de neoextractivismo, donde las corporaciones globales se apropian de recursos —en este caso, agua y energía— con mínimos beneficios para las poblaciones afectadas.
Se requiere una profunda reflexión sobre el modelo de desarrollo que se promueve en América Latina, y avanzar hacia una gobernanza más justa y sostenible en la era de la IA.
* Elena Arengo es codirectora de PODER.
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.