Análisis de incumplimientos de la normatividad ambiental por parte de Buenavista de Cobre

El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre (CuSO₄) acidulado en el Arroyo Tinajas, afluente del Río Bacánuchi y el Río Sonora en el municipio de Cananea provenientes de las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (BDC), subsidiaria de Grupo México.¹

La versión de la empresa fue que el derrame lo causó el exceso de lluvia, es decir que el represo poniente – que contenía el sulfato acidulado – elevó considerablemente su nivel de líquido por ésta. Luego, la presión que ejerció este exceso de líquido erosionó el tubo y la pared que conectan el represo poniente con el represo Tinajas 1 (a siete kilómetros), donde ocurrió lo mismo: se elevó el nivel de líquido a tal grado que se vertió hacia el arroyo Tinajas que conecta directamente con el Río Bacánuchi y éste con el Río Sonora.²

Sin embargo, esta versión fue desmentida por las autoridades. A través de solicitudes de información³ se descubrió que PROFEPA determinó que la principal causa del derrame fue que BDC operaba sin cumplir con las especificaciones técnicas a las que se encuentra obligada según la normatividad ambiental aplicable. La PROFEPA ha demostrado que BDC incurrió en 55 irregularidades, ha sido negligente y ha obtenido beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, manejo de residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera, como detalla el informe que se presenta en el “Anexo: Síntesis de la información contenida en los expedientes de la PROFEPA”.

BDC es una empresa minera dedicada a la extracción de cobre y molibdeno en el municipio de Cananea, Sonora. Esta empresa es subsidiaria de Grupo México; un corporativo multinacional dedicado principalmente a la extracción de minerales, administración de concesiones ferroviarias y la industria de la construcción, que tiene presencia en Estados Unidos, Perú, México y varios otros países. Grupo México es propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, la segunda persona más rica del país según el listado de la revista Forbes de 2015. BDC es la cuarta mina de cobre más grande del mundo en términos de producción y uno de los negocios más redituables para Grupo México. El Grupo invertirá 3 mil 400 millones de dólares en BDC, puesto que como parte de sus planes de negocios se ha propuesto convertir a la mina en la tercera más grande del mundo y aumentar 180% su capacidad de producción de cobre o 505 mil toneladas por año.⁴ Grupo México, a través de BDC, posee casi 40% del territorio concesionado en el municipio de Cananea, Sonora, es decir, poco más de 104 mil hectáreas con 42 concesiones.

A partir del derrame de sustancias tóxicas el 6 de agosto de 2014, calificado por el Gobierno Federal como el peor desastre ambiental de la historia reciente de México, desde el Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)^® hemos acompañado a los Comités de Cuenca Río Sonora⁵ con el objetivo de exigir que se aplique un Plan de Remediación Ambiental integral, que se ofrezcan garantías (pruebas científicas bajo estándares internacionales) respecto a que el agua y la tierra no están contaminadas, que se consulte a los Comités de Cuenca como posibles afectados antes de que las autoridades otorguen a la empresa cualquier permiso ambiental, que se asegure que BDC trabaje con las autorizaciones que le obliga la ley y que se ofrezcan garantías de no repetición de nuevas afectaciones ambientales por la operación de la mina BDC.

Como parte de la investigación que llevamos adelante desde PODER, en acompañamiento a los Comités de Cuenca Río Sonora, el pasado 11 de marzo de 2015, por medio del portal de acceso a la información pública www.infomex.org, se interpuso una solicitud de acceso a la información con número de folio 1613100023215 pidiendo a la PROFEPA copia de los expedientes en donde se explicitan las 55 irregularidades en que incurrió la empresa BDC. La evidencia de la existencia de las 55 irregularidades han servido para que PROFEPA procediera a la clausura parcial de las instalaciones de BDC posteriores al derrame y para la imposición de una multa por 22,959,386 millones de pesos a la empresa.⁶

El 15 de abril, argumentando que el Comité de Información de PROFEPA requería mayores elementos que permitieran dar respuesta puntual a la solicitud de referencia, mediante resolución 0053/15 aprobó la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información interpuesta por PODER. El 6 de mayo de 2015 la Dirección General de Fuentes de Contaminación de la PROFEPA informó que contaba con los expedientes No. PFPA/3.2/2C.27.1/0019/14, PFPA/3.2/2.C.27.1/0018-14 y PFPA/3.2/2C.27.5/0003-14 cada uno conformado por 426, 2,288 y 2,703 fojas respectivamente. Además, la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sonora respondió que contaba con el expediente jurídico No. PFPA/32.2/2C.27.1/0078-14, el cual está conformado por 2,711 fojas. Este conjunto de expedientes fueron puestos a disposición de PODER en su versión pública luego de cubrir el costo de reproducción del material el 3 de julio de 2015. A partir de ese momento nos dimos a la tarea de revisar la información contenida en los expedientes mencionados, y de un análisis minucioso de la información hemos podido documentar las irregularidades, hechos y omisiones en los que incurrió BDC, los cuales dan cuenta de la responsabilidad y negligencia de la empresa en cuanto a la violación de las normas ambientales correspondientes.

En informe presenta, de manera sistemática, cada una de las irregularidades detectadas por PROFEPA en sucesivas inspecciones realizadas a BDC después de ocurrido el derrame. Cabe destacar que dicha autoridad ha encontrado a la minera responsable del incumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y además ha demostrado que BDC ha sido negligente y ha obtenido beneficios económicos al disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, manejo de residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera como detallamos a continuación.⁷