Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran La Diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México y Ojoconmipisto de Guatemala y El Faro de El Salvador, apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.

Karen Anayeli Rodríguez, de 28 años y con asma, empezó a tener síntomas de coronavirus un miércoles y para el siguiente día ya había perdido el olfato, por lo que acudió a una consulta médica en el sector privado, donde se le indicó que debía hacerse la prueba molecular o PCR. Ella cotizó en laboratorios particulares aprobados por la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), pero “era muy cara y no tenía la solvencia para pagarla, porque además necesitaría pagar los medicamentos que me recetaran”, comenta en entrevista. Ese viernes acudió a una clínica de la SSA, donde la doctora que la atendió no le mandó a hacer la prueba inmediatamente porque “dijo que mis síntomas no parecían graves”. El martes siguiente, casi una semana después de iniciar con los síntomas y con su oxigenación en 88%, la doctora del sector público finalmente le dio pase para hacerse la prueba al siguiente día. Karen todavía tuvo que esperar 6 días más en recibir los resultados. Fueron positivos, tenía COVID-19, según contó a PODER para este reportaje, que forma parte de la serie Compras en la Pandemia, de la Red PALTA.

La historia de Karen contrasta con la de Daniela Ramírez (nombre modificado a petición de la entrevistada), de 33 años y también con asma. Incluso con síntomas menores a los de Karen, la doctora del sector privado, envió a Daniela a hacerse una prueba PCR inmediatamente, pues “la preocupación principal era el asma, podría complicarme la enfermedad”, dice en entrevista. Daniela fue al hospital Ángeles de Interlomas, privado y aprobado por la SSA y el InDRE, donde le hicieron una prueba rápida y una molecular a cambio de cerca de 9,000 pesos. Los resultados de la PCR tardaron en llegar dos días, menos de la mitad de lo que tardaron los de Karen. Para Daniela los resultados fueron negativos, estaba libre de coronavirus.

Desde un inicio la estrategia de sanidad pública del gobierno federal fue la de hacer pruebas moleculares únicamente y no hacer pruebas masivas, lo cual le ha traído críticas, pues según expertos, la magnitud de la pandemia queda subrepresentada. La realidad es que para aquellas personas contagiadas con el virus Sars-CoV2, la única forma de saber que lo están es a través de las pruebas, con las moleculares que son más efectivas, o con las rápidas que son más baratas pero menos exactas. Existe una tercera opción, pero sólo para quienes se atienden en hospitales militares: las pruebas compradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que son moleculares pero de tan alta tecnología que pueden arrojar un resultado en sólo 45 minutos.

“Masivo no significa aleatorio o indiscriminado, significa donde se necesita. Sí hay pruebas basales, aleatorias para medir cómo anda el tema, pero el esfuerzo de contención fuerte es estratégico. Y era un esfuerzo posible de hacer en la primera etapa, todo lo que se ha hecho ahora de hospitalización, ventiladores, etc, ha costado mucho más que hacer pruebas masivas. El caso es hacer la prueba, sí, pero para sacar a la persona infectada de la comunidad y atenderla a tiempo”, explica para PODER Laurie Anne Ximénez-Fyvie, jefa del laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM y una de las voces líderes en la lucha contra el coronavirus.

La estrategia nacional de aplicar únicamente pruebas moleculares se confirma en las compras públicas, donde se observa que ha habido compras mucho mayores de pruebas PCR que de pruebas rápidas; sin embargo, el sector privado ha apostado también por las pruebas rápidas, según información sobre las importaciones de pruebas COVID-19 entre enero y junio de este año, como comprobó PODER para este reportaje.

SEDENA paga 10 mil pruebas a 2,200 pesos cada una

Hasta el 19 de agosto de 2020, se pueden rastrear 56 contratos por 88,069,419.68 pesos para la compra de pruebas moleculares y rápidas desde el sector público, según registros de Compranet, la Plataforma Nacional de Transparencia, algunos portales estatales y solicitudes de acceso a la información realizadas para este reportaje. Aunque la búsqueda de los contratos en Compranet se hizo con diferentes términos, es posible que las dependencias no estén reportando todos sus contratos dada la emergencia sanitaria.

33 de esos contratos fueron hechos para la compra de pruebas PCR o moleculares, por un monto de 58,900,795.26 pesos; 10 de esos contratos fueron destinados a investigación o experimentación. Sólo 19 contratos fueron celebrados para comprar pruebas rápidas por 20,547,974.60 pesos; 10 de esos contratos fueron para investigación o experimentación.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es la dependencia que más dinero ha gastado en la compra de pruebas, en su caso, moleculares. A cambio de 22 millones de pesos compró 10 mil de pruebas PCR Xpert Xpress SARS-CoV-2, según confirmó la SEDENA a PODER. Es decir, gastó 2,200 pesos por prueba comprada a IL Diagnostics, S.A. de C.V. también llamada Werfen, proveedora en México de Cepheid, compañía de innovación tecnológica de origen estadounidense.

La prueba Xpert Xpress SARS-CoV-2 podría considerarse una prueba molecular rápida, pues tiene la ventaja de tener la misma sensibilidad y especificidad de la PCR tradicional pero se obtiene un resultado en 45 minutos. Lo cual contrasta con el tiempo promedio de respuesta de 6 días que tarda la Secretaría de Salud en emitir un resultado. La OMS recomienda su uso para personal médico o pacientes en terapia intensiva. Estas pruebas tienen un costo por pieza de 2,000 pesos en comparación con una prueba tradicional de PCR cuyo costo en un laboratorio privado es de aproximadamente 3,500 pesos.

El costo promedio de una prueba PCR, sin contar los costos del laboratorio, es de 500 pesos. Es decir, con lo que pagó SEDENA, se pudieron haber comprado 40,000 pruebas PCR tradicionales. “Viene la pregunta sobre ¿por qué compran una prueba tan cara si lo que se necesita es testear a bajo costo?”, dice la Dra. Ximénez-Fyvie.

SEDENA también compró insumos y cartuchos compatibles con el analizador de alta tecnología GeneXpert, necesario también para procesar las pruebas Xpert Xpress SARS-CoV-2, que se repartieron en tres hospitales militares, todo por un monto de 3.4 millones de pesos. El proveedor también fue IL Diagnostics. Hasta el cierre de este reportaje, SEDENA no envió las respuestas a un cuestionario enviado por PODER.

Las pruebas en el proyecto del Tren Maya

El Tren Maya, uno de los proyectos bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue considerado como “prioritario”, según el decreto ejecutivo del 23 de abril de 2020. Es decir, FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., ambas dependencias encargadas del proyecto, no detuvieron operaciones, por lo que se vieron en la necesidad de realizar pruebas a parte de su personal. La dependencia pagó 2,328 pesos por cada una de las 223 pruebas PCR, sumando un total de 519,144 pesos al laboratorio La Hélice Celeste, S.C., ubicado en la Ciudad de México. Este precio unitario es el segundo más barato en cuanto a pruebas en laboratorios privados identificado para este reportaje.

Hasta el 8 de junio de 2020, laboraban en FONATUR 3,918 personas en activo, de las cuales 258 fueron calificadas como “altamente expuestas”, según el contrato. El documento no especifica la razón para contratar 223 servicios en lugar de 258.

“En ese contexto se informa que las pruebas se aplicaron al personal que realizó procesos críticos en la oficina, que labora tanto en áreas sustantivas como administrativas adscritas a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Comercialización, Dirección de Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección General en el caso del Fonatur, Subdirección de Administradoras Portuarias y Proyecto Tren Maya para el caso de Fonatur Tren Maya y Gerencia Central, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Finanzas y personal de Mantenimiento y Limpieza en lo que respecta a Fonatur Infraestructura, así como al personal que estuvo en contacto directo con el público en general”, respondió el área de Comunicación Social de FONATUR a los cuestionamientos de PODER.

FONATUR informó que bajo el contrato en cuestión, “la prueba se aplicó a 38 personas que desarrollan actividades esenciales y/o trabajos de campo en el proyecto Tren Maya” en el laboratorio ubicado en la Ciudad de México. Y en cuanto al personal activo y adscrito en los estados del sureste mexicano, donde se construye el tren durante la pandemia, la dependencia respondió que se trata de 116 personas, a 18 de las cuales se les realizó la prueba. “14 se la hicieron en la Unidad de Laboratorio Clínico y Biología Molecular, S.C. y las 4 restantes en un Laboratorio Estatal de Salud Pública”.

Las rápidas en los estados

Entre los contratos localizados para pruebas rápidas, hay 4 que sí fueron para aplicarse en pacientes, en los estados de Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Sonora, algunos de ellos abiertamente contrarios a la estrategia nacional de la Secretaría de Salud en relación a las pruebas.

En Jalisco, por ejemplo, el gobernador Enrique Alfaro anunció la compra de 20,000 pruebas rápidas “como medida de prevención y detección temprana”.¹ Según el gobierno de Jalisco, en el país sólo existían hasta marzo 10,000 pruebas rápidas. Después de que la empresa Hisa Famacéutica cancelara la venta de las pruebas para la Secretaría de Salud de Jalisco, el 29 de mayo, esa dependencia compró 26,000 pruebas por 550 pesos cada una; es decir, 14,300,000 pesos. La marca fue Cellex, cuya eficacia no fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El proveedor de Jalisco fue Mapore, S.A. de C.V., fundada en ese estado en abril de 2017 por Alan Sebastián Salazar Gaytan y Nancy Gaitan Gamboas para realizar actividades de publicidad y propaganda en medios de comunicación. En julio de 2018 la empresa cambió su objeto social para ser distribuidora de productos de la salud, según los registros revisados por PODER. Los socios aparecen relacionados también a una firma fundada el 8 de noviembre de 2018 en Panamá, llamada Respifix, S.A.²

Sonora, específicamente el Ayuntamiento de Hermosillo, adquirió el 17 de junio 5,000 pruebas rápidas para el personal que labora en esa dependencia por 4,000,000 de pesos a Díaz Lab Laboratorios Clínicos, S.A. de C.V.

En ese estado al norte de México, también se dio uso a más pruebas rápidas para toda la población, que acude por iniciativa propia o por una llamada de la Secretaría de Salud como parte del programa Anticipa, que busca reducir la cantidad de contagios. Sin embargo, esto provocó largas filas³, afectando otra vez a quienes quieren salir de la duda pero no tienen recursos económicos suficientes como para pagar una prueba rápida o PCR en un laboratorio privado.

“Fui a un laboratorio privado. Llegué a las 7am, a las 8:15 empiezan a hacer las pruebas PCR y a partir de ese momento, había una fila de medio kilómetro de carros estacionados. La prueba la hacían en el estacionamiento con Equipo de Protección Personal. Se tardaron dos días en mandar los resultados. Es una realidad que no todo mundo puede pagar esta prueba, a mi me costó cerca de 4,000 pesos, y no te libra de absolutamente nada, porque saliendo podrías contagiarte”, dice un ingeniero biomédico de Sonora que prefirió mantener el anonimato.

Pruebas rápidas importadas por el sector privado

La mayoría de los laboratorios aprobados por el InDRE y la SSA realizan la prueba PCR; sin embargo, también hay los que hacen prueba rápida, como el Corporativo Hospital Satélite, según se comprobó por teléfono para este reportaje. Además, hay aquellos que la realizan sin declararla claramente en su recibo de costos, como hizo el Hospital Ángeles de Interlomas según Daniela Ramírez. Médica Sur también hace la prueba de anticuerpos, que aunque no es precisamente rápida, también arroja resultados sobre si la persona estuvo contagiada, por 1,180 pesos.⁴ Hay otros que no forman parte del listado y ofrecen pruebas rápidas por internet.

La empresa Campañas de Prevención e Información Médica Previta, S.A. de C.V., por ejemplo, ofrece un paquete de 3 pruebas rápidas de detección de anticuerpos COVID-19 por 2,680 pesos para ser aplicadas a domicilio en empresas privadas.⁵ En su sitio de internet especifica que “en caso de requerir la adición de una o más pruebas”, tendrá un costo de 893.20 pesos cada una.

Previta forma parte de las empresas que han importado pruebas rápidas a México desde laboratorios chinos, italianos, suecos y estadounidenses, principalmente. Entre enero y junio de 2020, se registraron 16 importaciones de pruebas rápidas al país, por un valor de 7,629,538.19 dólares, mientras que el valor de las importaciones de pruebas PCR fue menor a 500,000 dólares, según datos recopilados por PODER.

De las pruebas rápidas, 13 de las importaciones fueron de pruebas fabricadas por 5 de los 17 laboratorios aprobados por la Cofepris, por la eficacia de las mismas⁶, entre los que se encuentra al que le compró Previta, Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd., de origen chino que no cuenta con la certificación sanitaria de la National Medical Products Administration (NMPA) de China.

En respuesta a preguntas enviadas por PODER, Previta comentó que las pruebas aplicadas en los corporativos son del laboratorio Hangzhou Biotest Biotech, Co. Ltd, es decir, de una empresa diferente a la que aparece en los registros de importaciones revisados para este reportaje. Las pruebas de Hangzhou Biotest Biotech, Co. Ltd, sí fueron aprobadas por la Cofepris, pero tampoco cuentan con la certificación sanitaria de la NMPA.⁷

Atyde México, S.A. importó pruebas rápidas del laboratorio chino Genrui Biotech, Inc., y también fue proveedora del “kit novel covid-19 oro coloidal”, del mismo laboratorio, para el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) el 19 de julio a cambio de 58,500 pesos.

Evaluación Ambiental y Sanitaria importó pruebas rápidas del laboratorio chino Hangzhou Testsea Biotech Co. Ltd; mientras que Inochem, S.A. de C.V. importó del alemán Euroimmun Medizinische Labordiagnostika Ag.; y Gerard Medical Sistems, S.A. de C.V. le compró pruebas a Innovita (Tangshan) Biological Technology Co. Ltd. Ninguna de esas tres empresas fue proveedora del gobierno.

Los otros tres registros de importaciones de pruebas rápidas no aprobadas por Cofepris, corresponden al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, del sector de salud pública, que compró a los laboratorios estadounidenses Biomedomics, Inc y a Genscript Usa Inc.; y Laboratorios Licon, que importó de Seracare Life Sciences, Inc. No se encontró evidencia de que ni el instituto ni el laboratorio usen esas pruebas para aplicarlas en pacientes.

Para la Dra. Ximénez-Fyvie, las pruebas rápidas funcionan para investigación o experimentación, como está haciendo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), según las compras localizadas; pero no para aplicarse en las personas, pues ahora se sabe que la inmunidad a la COVID-19 se puede perder después de 60 días. En la opinión de la experta, el alto valor de importación de pruebas rápidas en México, tiene que ver con que “las compañías que hacen las pruebas rápidas han estado empujando mucho por venderlas, porque saben que eventualmente dejarán de comprarlas”.

Pruebas como derecho humano

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre que en México la pandemia está “subestimada”; una de las razones es las pocas pruebas que se realizan. “Los test son limitados con 3 por cada 100.000 personas por día, que se puede comparar con más de 150 por cada 100.000 personas en Estados Unidos”, dijo a la prensa el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.⁸

Hasta el 25 de agosto, en México, con una población de 127 millones de habitantes, se habían hecho 1.2 millones de pruebas moleculares, al ser las únicas que contabiliza el gobierno, de acuerdo con datos históricos de la SSA. En Perú, con una población menor a 33 millones, el 16 de julio ya se habían hecho casi 2 millones de pruebas, según Statista.

Y las pruebas van a la baja en México. El 20 de julio fue el día que más pruebas se hicieron, 17,476; y el 23 de agosto, apenas hace un par de semanas, fue el día que menos pruebas se realizaron después del pico máximo, 3,686. Aunque el 23 de agosto fue domingo, y domingo es el día de la semana que menos pruebas se procesan, la Dra. Ximénez-Fivye confirma, con preocupación, la baja constante en las pruebas realizadas.

La COVID-19 vino a presionar aún más el de por sí ya frágil sistema de salud público en México, y al mismo tiempo, a abrir posibilidades de negocio para laboratorios y hospitales privados en torno a todo tipo de insumos y pruebas PCR y rápidas, profundizando las desigualdades en el acceso a la salud para la población.

“Las pruebas son como un derecho de vida, un derecho humano y fundamental”, dice la Dra. Ximénez-Fyvie. La diferencia entre poder salir de la duda de estar contagiados y acceder a un tratamiento a buen tiempo se basa en tener o no entre 2,000 y 10,000 pesos para pagar una prueba privada.

Para Karen, quien además había sido despedida de su trabajo en Chedraui a inicios de la pandemia sin ninguna indemnización, las consecuencias de haber tenido que esperar 10 días desde que acudió al sector salud para confirmar el diagnóstico con una prueba, son que sus pulmones aún están dañados, ahora carga con tres inhaladores porque su asma empeoró y su olfato todavía no vuelve.

“Sufrí crisis de ansiedad. Hasta la fecha es algo que me rompe mucho porque la pasamos muy mal mi familia y yo. La doctora del sector salud no me dio medicamentos adecuados, tuve que ir a una doctora privada ya con la prueba para que me diera más medicamentos. Ver los precios de las pruebas en laboratorios privados fue un viacrusis, al final si me hubiera gastado los 4,000 pesos de la prueba, no habría tenido para las medicinas, tuve que elegir”, comenta.

Incluso fuera de la Ciudad de México, hay zonas donde ni siquiera hay pruebas, según la Dra. Ximénez-Fyvie. “Mitla, en Oaxaca, tiene 12,000 habitantes y un sólo médico, una clínica sin ventilador y el hospital más cercano está a 1 hora y media. No tienen acceso a pruebas, son indígenas zapotecos, son los olvidados. La disparidad es atroz”, remata.

Actualización 08/09/2020 14:15pm: SEDENA respondió a las preguntas enviadas por PODER después del cierre del reportaje. Informó que 55% de las pruebas compradas han sido usadas para realizar «el diagnóstico oportuno en pacientes civiles y militares sospechosos por COVID-19 que son atendidos en los hospitales militares reconvertidos y en los hospitales de salud para el Bienestar (INSABI)». También respondió que antes de la pandemia, SEDENA contaba ya con cuatro equipos Genexpert, con el que se procesan las pruebas compradas.