Bajas de sueldos “voluntarias”, despidos masivos y sin liquidación, renuncias forzosas y promesas incumplidas son algunas de las acciones que al menos 14 empresas en México tomaron al inicio de la pandemia por COVID-19, según lo que PODER documentó en su campaña periodística #EmpresasConTache.
Todos los testimonios de abusos empresariales fueron recopilados a través de redes sociales y con el correo empresascovid@projectpoder.org. Cada caso fue verificado y reporteado por parte del equipo periodístico de PODER, dio anonimato a la mayoría de las fuentes para evitar represalias o por no entorpecer litigios penales. La difusión de los casos fue principalmente por redes sociales. Al compilarlos detectamos ciertospatrones de abuso empresarial e impunidad.
Despidos injustificados
Rappi, la empresa de repartos a domicilio despidió al menos a 17 personas en mayo de 2020, a pesar de que durante la pandemia el negocio creció. Al enfrentarse a la resistencia de los empleados, personal de GIN Group, empresa contratada por Rappi para llevar recursos humanos, les amenazó con acusarles de fraude, a pesar de no tener pruebas.
El director de Rappi, Alejandro Solís, es también fundador de Grupo Dival, que aplicó la misma política de despidos en sus restaurantes, Hooters, Romano’s Macaroni Grill y en el corporativo. La diferencia es que en esa empresa, la pandemia les vino como anillo al dedo, pues ya desde diciembre de 2019 estaban realizado despidos. Sucede que con la crisis sanitaria encontró la excusa para dar finiquitos en lugar de liquidaciones a quienes despedía. Alrededor de 60 personas fueron afectadas.
Fantasías Miguel despidió a 200 trabajadores en la Ciudad de México el 24 de marzo de 2020, en vísperas de la emergencia sanitaria. Resalta el caso de Carlos Alberto Martínez Sánchez, quien relató para PODER cómo soportó que la empresa no le diera indemnización por un accidente laboral que le causó la pérdida de movilidad en el brazo derecho ocurrido en 2019. En marzo de 2020, cuando pudo incorporarse a su puesto, sólo fue para recibir la noticia de que sería despedido. Daniel Litchi, director de la tienda de manualidades más grande de México y América Latina, habló en medios sobre los retos durante la pandemia, pero no mencionó lo abusos laborales contra los empleados.
Muebles América en Aguascalientes despidió a Daniela Baldit de un día para otro, sin aviso y sin liquidación, durante la pandemia. Uno de los representantes del departamento jurídico de la empresa, que vende muebles y electrodomésticos en el Bajío, le dijo que el motivo era que “la cosa estaba muy difícil” y le ofreció sólo 2,000 pesos, que ya incluía lo trabajado ese mes. En abril, antes del despido, Baldit tuvo un ataque de asma y fue obligada a regresar a la sucursal, a pesar de ser persona vulnerable ante la COVID-19. Según Baldit, la empresa, señalada por el gobierno por no haber detenido labores durante la pandemia, no respetó la Jornada de Sana Distancia, impulsada por el gobierno, y no cerró sucursales.
Obligando a trabajar en oficina durante el “Quédate en casa”
Una de las empresas más criticadas por el cinismo con el que actuó su presidente durante la pandemia, fue Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. Al inicio de la crisis por la COVID-19, la narrativa de la empresa internamente y externamente fue que “en muy pocos casos es grave”, según comprobó PODER con el acceso a un video que circuló internamente donde el conductor Javier Alatorre así lo dice. Fue hasta tres semanas después de iniciado el “Quédate en casa”, la política gubernamental para exhortar a las personas a no salir de casa y a las empresas a permitir el trabajo a distancia, que Grupo Salinas inició horarios escalonados, pero siguió presionando a los empleados para que asistieran varias veces a la semana. La firma, cuyo presidente es consejero cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue investigada por la administración de la Cuarta Transformación, y Tv Azteca, también propiedad de Salinas, recibió el contrato más grande para difusión enla pandemia.
Nestlé, de Grupo Herdez desde marzo de 2015, obligó a sus empleados a trabajar en puntos de venta, es decir, a tener contacto con más personas, a pesar de la indicación del gobierno de suspender actividades no esenciales. Los trabajadores entrevistados reportaron jornadas de 15 horas consecutivas de lunes a sábado. Además, aunque sí se les repartió cubrebocas y gel antibacterial para evitar el contagio de la COVID-19, en algunos momentos se tardaron hasta 3 días en entregar los insumos de protección. La empresa presumió la donación de 65 millones de pesos en alimento y equipo médico para poblaciones vulnerables al mismo tiempo que violaba los derechos laborales de sus empleados.
Office Depot, de Grupo Gigante, mantuvo abiertas varias sucursales como si fuera actividad esencial y pidió a sus empleados trabajar de forma “solidaria” o rebajarse aún más el sueldo. La empresa les dio dos opciones que implicaban dejar de cobrar 500 pesos a la quincena o perder esos 500 más 100 de prestaciones no pagadas. A pesar de que el Instituto de Verificación Administrativa hizo revisiones, los empleados aseguraron que los gerentes lograban simular que no había nadie laborando al pedirles que se escondieran. La firma fue una de las que la Secretaría de Trabajo tuvo en la mira.
Telmex y Telvista, filiales de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, impidieron a sus empleados laborar desde casa, a pesar de que uno de sus servicios a la venta es precisamente soluciones de teletrabajo. Según las fuentes, a algunos empleados se les instaló una Red Virtual Privada, pero se les impidió usarla si su red no era Telmex y fueron obligados a regresar a trabajar en la oficina. Por su parte, Telvista, al ser un call center, se escudó diciendo que su negocio era esencial; sin embargo, 40 o 50% de las líneas de negocio no eran de telecomunicaciones. En caso de que los empleados solicitaran trabajar desde casa, se les decía que sería sin goce de sueldo.
Grupo Lecumberri, concesionaria de Acura, Audi y Yamaha, expuso a Ignacio Albarrán, uno de sus empleados con cardiopatías a la COVID-19. A pesar de que Albarrán solicitó trabajar desde casa cuando inició la pandemia, debido a haber sufrido angina de pecho, su jefe no accedió sino hasta abril. Pero la última semana de mayo, Albarrán fue requerido para desinstalar equipos en diferentes oficinas, sin protección y sin transporte seguro. Días después fue despedido, después de 7 años de trabajar en el grupo y con sólo 10,000 pesos de finiquito. 15 días después Albarrán fue internado en el Hospital General de México con coronavirus. Afortunadamente, pero no por ayuda de Grupo Lecumberri, Albarrán se recuperó después de permanecer semanas intubado.
Noverite, un call center que da servicio principalmente al banco HSBC, cambió esquemas de trabajo, redujo prestaciones y no cerró sus oficinas, según relataron en junio diferentes fuentes a PODER. En los centros de trabajo se daba gel y cubrebocas, pero no se respetaba la distancia de mínimo 1 metro y medio entre mesa y mesa. Desde inicio de año la empresa había retenido pagos, abuso que continuó y empeoró durante la pandemia. A los pocos que sí enviaron a trabajar a casa, se les condicionó a estar conectados más tiempo por el mismo salario. A través de amenazas, se les indicó a los empleados que las condiciones de trabajo serían esas, atrasos en pagos y sueldos dados en efectivo, hasta el 20 de abril, fecha en que despidió a 20 personas.
Las que redujeron sueldos
Alsea, operadora de diferentes cadenas restauranteras, abrió en marzo un programa de “licencia voluntaria” por 30 días sin goce de sueldo para empleados que así lo eligieran durante la crisis por la COVID-19. La decisión levantó quejas y críticas en contra de la empresa, la gente llamó en redes a hacer boicot y los inversionistas también castigaron. La firma de Alberto Torrado, quien también es miembro del Consejo de Administración del Consejo Mexicano de Negocios, orilló a los empleados de Starbucks y otras cadenas a tomar días de ausencia sin goce de sueldo, a pesar de mantener abiertos ciertos restaurantes para dar servicio a domicilio.
Cabify fue una de las primeras empresas denunciadas a PODER por pedir a sus 53 empleados firmar una carta para reducir su jornada y sueldo voluntariamente. Los empleados que se negaron a firmar fueron invitados a renunciar, como fue el caso de Alina Gómez Cid, coordinadora del área de on boarding en la Ciudad de México, según lo relató a PODER. Con intimidaciones de por medio, se le entregó una propuesta de finiquito que no tomaba en cuenta la antigüedad de la empleada en Cabify, en lugar de una liquidación como lo indica la ley.
Cattri, filial de República Web, firma de publicidad y medios detrás de portales como El CEO, Wipy TV, Nación Deportes y SoyGodín, cometió tanto despidos injustificados, como reducción de hasta 40% del sueldo “voluntariamente” y aumento de tareas. Incluso antes de despedir a parte de su plantilla, la empresa atrasó el pago de las últimas quincenas, para poder retenerlas a cambio de la firma voluntaria de la renuncia y aceptación del finiquito en lugar de una liquidación. En el caso particular de Omar, quien accedió a que su nombre fuera usado, el abogado de la firma, Diego Lara, no dio ni la oportunidad de negociar una reducción de sueldo, a pesar de que tenía la necesidad de mantener el trabajo por su esposa embarazada. Meses después Omar murió por coronavirus.
La Cervecería del Barrio disminuyó a la mitad el salario de todos sus trabajadores antes de decretada la Emergencia Sanitaria por COVID-19, argumentando que se estaba preparando para poder pagar la nómina en caso de cuarentena oficial. Sin embargo, llegado el momento de pagar la nómina, no lo hizo. Además, dio de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a parte del personal, sin notificarles. La empresa restaurantera prometió despensas para “ayudar” a sus empleados, y a pesar de que les dio una lista de lo que contendría, las fuentes comprobaron que no se les dio todo e incluso algunos alimentos ya estaban caducos.
En el sector público también pasó
Por el lado del gobierno también hubo abusos laborales y opacidad en cuanto a contrataciones públicas para enfrentar la pandemia. El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre pidió la colaboración de los residentes del hospital para entrar al triaje destinado a pacientes sospechosos y confirmados con COVID-19, a cambio de capacitaciones, equipo e ingreso preferente a sus cursos. Sin embargo, el hospital adscrito al ISSSTE dejó de pagar las becas a unos 200 residentes durante al menos tres quincenas. Las fuentes a las que tuvo acceso PODER refirieron que, además, el equipo mínimo para su protección ante el coronavirus no estaba disponible.
Por el lado de las contrataciones, PODER y Serendipia, en la plataforma conjunta ComprasCOVID.mx, pudieron confirmar que al menos 28 dependencias federales no reportaron en Compranet todos los contratos hechos para enfrentar la emergencia sanitaria. A través de solicitudes de acceso a la información se encontraron contratos por casi 477 millones de pesos que no son públicos.
Los abusos laborales que empleados en México han sufrido a partir de la pandemia sólo dejan ver las prácticas precarias y algunas hasta ilegales que muchas empresas ya cometían antes de la emergencia sanitaria, así como la falta de acción por parte del gobierno para regularlas y castigarlas.
