Por: Eugenia López y Fernanda Hopenhaym*
Texto publicado el 6 de noviembre de 2017 en HuffPost México.
Alrededor de 90 Estados y más de 200 agrupaciones civiles de todo el mundo se dieron cita del 23 al 27 de octubre en Ginebra para impulsar un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, que busca detener las violaciones a estos derechos por parte de las transnacionales.
A mediados de los años sesenta, una petrolera perforó grandes pozas en la selva amazónica de Ecuador donde arrojó petróleo de prueba y residuos tóxicos, sin importar que esa práctica fuera dañina. Pasaron 26 años y la empresa se retiró dejando un ecosistema devastado y cerca de mil «piscinas» que, cuatro décadas después, siguen filtrando sustancias tóxicas y contaminando las aguas subterráneas. Aunque ha habido diversos juicios contra la empresa, la contaminación provocada por Texaco-Chevron permanece impune a la fecha.
En México, hace tres años, la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, contaminó los ríos Sonora y Bacánuchi con más de 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre, afectando de forma directa a 22 mil personas que viven en los siete municipios situados a orillas del río Sonora, dañando su salud y mermando la productividad de la región. A pesar de los exhortos de Naciones Unidas para que el gobierno mexicano atienda este caso, hasta hoy las autoridades no han castigado a ningún responsable del peor desastre ambiental de la minería en el país.
Situaciones como estas, donde las empresas siguen operando sin problemas, a pesar de haber violentado los derechos de miles o millones de personas, podrían evitarse en el futuro con la existencia de un tratado internacional que las obligue a responder por sus actos.
Esta iniciativa de Tratado Vinculante, ha sido impulsada a nivel mundial por cientos de agrupaciones civiles que llevan más de una década organizándose para llegar a este momento. Más de 200 se hicieron presentes en Ginebra del 23 al 27 de octubre, a fin de impulsar este instrumento diseñado especialmente para frenar los abusos de las grandes corporaciones.
Fue una semana histórica en muchos sentidos, pero sobre todo porque marcó el inicio de la creación de un documento que, de concretarse, proveerá los mecanismos jurídicos necesarios para que las grandes empresas trasnacionales estén obligadas a respetar los derechos humanos y, en consecuencia, quienes han visto violados sus derechos por parte de esas empresas puedan acceder a la justicia y a la remediación.
Y precisamente el acceso a la justicia y a remediar el daño constituyen el centro del debate entre grupos empresariales, representantes de los Estados y asociaciones civiles, pues las empresas argumentan que no se requiere un Tratado Vinculante, sino que basta con cumplir con regulaciones voluntarias como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos que Naciones Unidas aprobó en 2011.
No obstante, como ha señalado Surya Deva, integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, sin un Tratado Vinculante nunca podremos garantizar el acceso al remedio, porque las violaciones a derechos humanos por parte de las empresas suceden cada vez más en otros países, y si no contamos con una cadena de jurisdicción y de responsabilidad de los Estados a nivel transnacional, las empresas siempre podrán evadir la justicia. No hay ningún motivo para pensar que la implementación de los principios rectores y el desarrollo de un tratado de este tipo no sean procesos complementarios.
La discusión estuvo a cargo del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta, especialmente generado para desarrollar el Tratado Vinculante sobre derechos humanos, empresas transnacionales y otras empresas (GTI), liderado por Ecuador con apoyo de Sudáfrica. En las sesiones participaron los estados miembro de la ONU (México incluido), así como agrupaciones empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC), la International Organisation of Employees (IOE) y, por supuesto, numerosas organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de que las negociaciones iniciaron con críticas a la propuesta hecha por Ecuador (principalmente por la falta de tiempo para consultar al interior de los gobiernos y porque el documento necesita trabajar mejor el sustento jurídico), lo cierto es que al final de la semana se logró un acuerdo sobre los principales temas que debería abordar un tratado de esta naturaleza, y los Estados participantes lograron involucrarse en un debate técnico sobre el contenido para generar este instrumento.
Al término de las discusiones, el pleno acordó que Ecuador deberá definir en breve una hoja de ruta para llegar con un borrador enriquecido para la siguiente sesión del Grupo de Trabajo que se dará en 2018.
Como era de esperarse, las agrupaciones empresariales insistieron en que no son sujetos obligados frente a los derechos humanos, sino que son sólo los Estados quienes deben garantizar su respeto. No obstante, la responsabilidad corporativa frente a los derechos humanos no aumenta ni disminuye si el Estado cumple o no su deber de proteger los derechos humanos, como bien ha señalado John Ruggie, creador de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos.
En este punto cabe señalar que, aunque el Tratado Vinculante busca frenar los abusos de las grandes empresas, también permite atacar la captura corporativa del Estado, la cual sucede cuando una élite económica se apropia de la política y la economía nacional para beneficio propio y, como resultado, el estado de derecho falla al obligar a las empresas a rendir cuentas.
Las organizaciones civiles que participamos en la creación de este tratado, vemos con optimismo los avances logrados y se mantienen alerta sobre las posibles amenazas contra un instrumento de este tipo. Señalan, por ejemplo la intención de algunos países de la Unión Europea, de cuestionar el mandato de Ecuador dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2018 para que no se llegue a discutir un nuevo borrador del documento.
Para algunos Estados y la sociedad civil que participa en este proceso, no hay duda de que el mandato del Grupo Intergubernamental de Trabajo ha sido claro desde el inicio de este proceso, y es un mandato que sigue abierto hasta que se genere el Tratado Vinculante. Por ello, confian en que el mandato del Grupo de Trabajo se mantendrá como está y que Ecuador seguirá acompañando el proceso hasta llevarlo a buen puerto. Confian, además, en que los Estados participantes seguirán sumándose para aportar de forma proactiva a este proceso.
Lo que llevó a todas y todos quienes estuvieron en Ginebra fue el consenso de que las empresas transnacionales tienen la obligación de respetar los derechos humanos, y que estas no pueden, ni deben, ser más fuertes que los Estados donde operan.
* Fernanda Hopenhaym es Directora Ejecutiva Adjunta de PODER, y Eugenia López es directora de Vinculación Estratégica de esta misma organización.