Sala Ambiental anula resolución que protegía intereses económicos de Grupo México y reconoce riesgo latente de megapresa de jales

Compartimos el comunicado de los Comités de Cuenca Río Sonora:

  • Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó la resolución que anteponía intereses patrimoniales de Grupo México a la protección al ambiente y salud de las comunidades.
  • Este logro es un paso más a favor de las personas afectadas por el megaproyecto Presa de Jales, pues la Sala tomó como base el principio de precaución y los derechos de la colectividad para revocar dicha decisión.
  • Con este fallo, la empresa estará obligada a cumplir las medidas de protección de inmediato, mientras se resuelve el juicio. Sin embargo, la magistrada Rosalva Bertha Romero Núñez indicó a la empresa que podrán solicitar la indemnización al finalizar el juicio.

Derivado de las acciones legales que emprendimos los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), el pasado 2 de mayo de 2023, la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la resolución de suspensión que había dictado la magistrada Rosalva Bertha Romero Núñez, con la que Buenavista del Cobre (BVC), minera de Grupo México, buscaba no cumplir medidas de protección en la operación de su nueva megapresa de jales. Con esta decisión, la Sala Ambiental respaldó la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que ya había amparado a la comunidad por este mismo proyecto minero- y tomó como base el principio de precaución y los derechos de la colectividad para revocar la decisión de la magistrada que antepuso los intereses patrimoniales de BVC al derecho medio ambiente sano y a la salud de las personas.

Lo anterior es un paso más en la dirección correcta, pues ve por las personas afectadas por este megaproyecto. Celebramos que la Sala haya declarado fundados los argumentos de las comunidades que vivimos en carne propia los riesgos, afectaciones y la amenaza que significa tener esta megapresa de desechos tóxicos a escasos 27 kilómetros de nuestras poblaciones más cercanas.

Con este fallo, la empresa estará obligada a cumplir las medidas de protección de inmediato, mientras se resuelve el juicio, puesto que existe un riesgo, y, como señaló la Sala, estas medidas “se emitieron a fin de evitar algún desequilibrio ecológico o daño ambiental en la zona donde se desarrolla el proyecto […]; como el ocurrido el 6 de agosto de 2014 […] Y puede generarse un daño ambiental mayor en la zona donde se desarrolla el proyecto denominado Nueva Presa de Jales para Buenavista del Cobre, que a los intereses económicos de la demandante”.

Recientemente el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Sonora reabrió el juicio sobre la operación de la nueva megapresa de jales de Grupo México, fallando a favor de la comunidad para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informe a las personas sobre las irregularidades detectadas en la operación de la Presa de Jales, así como las medidas necesarias para evitar que la obra cause daños significativos al ambiente. Estas medidas deberán sumarse a las otras que Grupo México pretende incumplir con el juicio que lleva ante el TFJA, bajo el argumento de que son exageradas y causarían un grave daño a su patrimonio, sin tomar en cuenta que lo verdaderamente irreparable es el daño a nuestra salud y a la vida que provocaría dicha presa en caso de colapsar.

Finalmente, aún cuando la Sala determinó levantar la suspensión de las medidas, el juicio seguirá su curso, pues la empresa no ha desistido del objetivo de seguir operando la megapresa desechos tóxicos sin cumplir con las medidas de prevención que le fueron impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como resultado de una sentencia dictada por la SCJN a favor de las comunidades.

Por otro lado, los CCRS no dejamos de advertir que en el resolutivo donde la magistrada Rosalva Bertha Romero Núñez retoma el fallo de la Sala Ambiental, indica a la empresa que si bien, se revocó la resolución de suspensión, podrían solicitar la indemnización al finalizar el juicio. Es importante tener presente que se trata de la misma empresa a la que el Estado mexicano “devolvió” 800 millones de pesos del fallido Fideicomiso Río Sonora que fue cerrado sin haber remediado, ni reparado adecuada e integralmente los daños por el derrame minero de 2014.1

Por tanto, hacemos un llamado a la Sala Especializada en Materia Ambiental del TFJA a seguir velando por el derecho al medio ambiente sano y a la salud de las comunidades, al ser éste el verdadero espíritu de su existencia, según el Acuerdo de su creación publicado el 3 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, que establece entre sus fines evitar daños inminentes y reducir los diversos daños a la salud, medio ambiente y economía, y no así proteger intereses económicos empresariales privados como pretendió.

Atentamente

Comités de Cuenca Río Sonora