Compartimos el comunicado de los Comités de Cuenca Río Sonora:
Sonora, 6 de agosto de 2023.
Este 6 de agosto de 2023 se cumplen 9 años de impunidad del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México: el derrame ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los Ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a más de 22,000 personas1.
En estos 9 años transcurridos, los Comités de Cuenca Río Sonora (conformados por habitantes de los 8 municipios afectados a lo largo de la cuenca de estos ríos) hemos recorrido un camino de lucha por justicia, remediación y garantías de no repetición, plagado de impunidad hacia la empresa y de evidente captura corporativa del Estado.
Como hemos dicho, y ya quedó corroborado en el último resolutivo de la DGGIMAR, emitido en mayo de este año: no hubo remediación, por lo que el cierre del Fideicomiso fue indebido. Mientras, la contaminación continúa; las graves enfermedades avanzan; la vida de nuestros hijos e hijas sigue en riesgo por beber agua contaminada; quienes nos dedicamos a la agricultura y la ganadería seguimos sin certezas, sin apoyos y sin un panorama claro respecto al fururo; las autoridades siguen sin coordinarse y algunas de ellas minimizando el daño en discursos públicos; la fauna de la zona sigue siendo afectada y Grupo México, empresa responsable, sigue operando en la impunidad, y obteniendo enormes beneficios a pesar de su historial de abuso.
A pesar de esto, les decimos a las autoridades que los CCRS seguimos en pie, esperando los resultados concretos que nos han prometido en dos sexenios (pues el fallido Fideicomiso hasta el año pasado no había cubierto ni el 2% de los daños al ambiente ni a la salud).
Seguimos y seguiremos exigiendo en el Río Sonora:
- Las plantas potabilizadores fijas y operando que sean necesarias. El compromiso original fue de 36, esa cantidad disminuyó a 10 y finalmente a 6. Actualmente opera solamente una, fruto de la lucha de la sociedad.
- Centro toxicológico para atender y monitorear la salud. De acuerdo con lo presentado por autoridades, las personas analizadas se encuentran ante una exposición homogénea y constante a metales pesados en cifras que rebasan los estándares de Organización Mundial de la Salud (OMS)[1. El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el Río Sonora. (Agosto 2022). Resultados oficiales en salud, pag. 7-9.] El hospital que se comenzó a construir para atender a las personas es un monumento a la impunidad, pues se encuentra en obra negra y abandonado.
- Protección a la salud de las infancias, asegurando la calidad del agua que beben niñas y niños en las escuelas del Río Sonora.
- Un plan de justicia transexenal. El compromiso de reparar integralmente el daño es del Estado, y no puede estar condicionado a un periodo administrativo.
- Remediación real del daño por parte de Grupo México. Las autoridades deben obligarle a cumplir las sentencias y los resolutivos adminisitrativos .
- Continuar con el monitoreo constante de la calidad del agua, cumplir los compromisos respecto al seguimiento de los sedimentos y la emisión el pronunciamiento final.
- Atención urgente a las irregularidades detectada sen la nueva presa de jales de Grupo México; es un riesgo latente que podría ocasionar una catástrofe peor que la de 2014.
- Sistema que alerte de forma temprana a las comunidades en caso de situaciones de riesgo relacionadas con las empresas mineras de la región.
- La restitución del Fideicomiso, con nuestra participación, como fue ordenado por la SCJN.
El daño sigue en aumento, y con ello la afectación económica al Estado de Sonora y a la sociedad mexicana. Actualmente el costo de esta tragedia es de 20 mil millones de pesos diez veces más lo destinado por el fallido Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos).
Ante todo lo anterior, los CCRS les decimos a las autoridades:
- Al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador: tenemos ya 5 años esperando que cumpla con su palabra de que se haga justicia y que pague la empresa responsable. Ni la atención a la salud, ni la garantía de agua limpia, ni el medio ambiente sano, son una realidad en el Río Sonora.
2. A la CONAGUA: que deje de obstaculizar el proceso. Necesitamos potabilizadoras que sean funcionales y que atienda todos los pendientes sobre sedimentos.
3. A la PROFEPA: que asuma su responsabilidad, deje de simular y actúe en favor de la protección del medio ambiente.
4. A las Secretarías de Salud Federal y Estatal y el CENAPRECE: reclamamos atención inmediata a la salud de la población, no puede ser que desde noviembre de 2021 a la fecha sólo hayan realizado el historial de las personas afectadas y un informe técnico que pretenden manejar con opacidad.
5. A la COFEPRIS: que se responsabilice, y con los datos que posee, lance el alertamiento a la población sobre los riesgos de la exposición crónica a los metales pesados. Cumplan sus compromisos de construir el centro de atención a la salud en el Río Sonora.
Exigimos que se deje de minimizar el mal ocasionado; la remediación tiene que ser proporcional a las afectaciones. Ya no queremos seguir asumiendo los costos ocasionados por la empresa.
A la sociedad solidaria y a los medios de comunicación agradecemos y reconocemos su apoyo a lo largo de casi una década.
Reiteramos que nuestra lucha siempre ha sido ajena a partidos políticos; luchamos por el ambiente, la vida y la salud de todas las personas del estado de Sonora.
Seguimos y seguiremos en pie, como lo hemos hecho todos estos años, para que las nuevas generaciones vivan y disfruten un entorno seguro, pues hasta hoy se encuentran en un sitio que no ha sido remediado y sigue contaminado.
Hoy, los CCRS reafirmamos nuestra lucha por la vida y el futuro.
Comités de Cuenca Río Sonora