A 20 años de entrada en vigor del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, estamos ante la oportunidad de que se tomen en cuenta temas de derechos humanos como criterio válido en el panel de controversias, en este caso por la importación de maíz transgénico en México.
El pasado 18 de octubre se constituyó el panel de solución de controversias para el capítulo que se refiere a las medidas para la importación de maíz transgénico en México dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Dicho panel se constituyó a petición expresa del gobierno de Estados Unidos para que México revise sus políticas de importación de maíz genéticamente modificado.
La solicitud, entre otros argumentos, critica las medidas del gobierno federal mexicano publicadas en un decreto firmado en febrero del año pasado y que restringe el uso de maíz transgénico para consumo humano debido al uso de glifosato y sus impactos para la salud. En este proceso, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá exigen al panel que se apegue a criterios estrictamente científicos para revertir estas medidas y así favorecer a quienes comercializan este tipo de maíz.
Para esta controversia, el T-MEC ha considerado la participación de la sociedad civil mediante la aceptación de notas de opinión de no más de 10 cuartillas, cuya argumentación debe proveer de información legítima al panel para que su fallo proteja los intereses de las partes firmantes. Aunque este proceso se observa sumamente técnico y burocrático, significa algo más para quienes trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Después de 20 años de entrada en vigor del primer tratado de libre comercio entre estos países (TLCAN), estaríamos presenciando un fallo que no sólo considere la opinión (y la salud) de las comunidades productoras y consumidoras de maíz. También estaríamos hablando de un mecanismo que puede tomar en cuenta temas de derechos humanos como criterio válido al interior de un tratado cuya lógica ha sido, desde sus inicios, meramente comercial y económica.
Y aunque ya lo denunciaba el zapatismo en ese momento, hoy nos encontramos una docena de organizaciones intentando argumentar por qué la importación de maíz transgénico atenta contra los derechos humanos, comenzando por la alimentación y la salud. El reto no es sencillo si consideramos que las fuerzas son desiguales en todo: un ejemplo es la argumentación de los gobiernos quienes pueden elaborar documentos de 400 o 500 páginas en documentos que se pueden consultar en la plataforma TAS-E Filing del T-MEC.
Estas argumentaciones se atreven a descalificar las preocupaciones de la sociedad civil diciendo que hacen falta estudios “científicos” que demuestren la gravedad del glifosato o del uso de maíz transgénico para consumo humano. De igual forma han sido muy enfáticos en desechar los argumentos que usan el tema del glifosato por considerarlo fuera de esta argumentación. ¿A quién protegen estos gobiernos?
En junio de 2018, el gigante farmacéutico Bayer anunció la adquisición de Monsanto, con lo cual cierra uno de los negocios más importantes para el futuro del agronegocio a nivel mundial. En su informe 2022, la farmacéutica reporta a sus inversionistas ventas totales por $50,739 millones de euros (mde) en donde $25,169 mde (49.6 %) fueron ventas del sector semillas y herbicidas. Las ventas de semillas de maíz alcanzaron los $6,089 mde (12 % del total), que fueron superadas por la venta de herbicidas ($8,325 mde) en ese año.
En el mismo informe la empresa declara que enfrenta cerca de 154,000 demandas por daños a la salud derivados de la exposición de miles de personas al glifosato que está presente en sus herbicidas. Lo mismo sucede con otro activo llamado PCB y en cuyo caso ha pagado millones de dólares en daños y juicios.
Para estas miles de personas cuya actividad productiva depende del maíz nativo, este fallo representa la continuidad de una forma de producción soberana, sustentable y libre de químicos perjudiciales. Este es el caso de decenas de organizaciones campesinas como la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), que desde 1990 ha realizado labores de desarrollo comunitario en las tres regiones de la sierra cuya población también se ubica dentro de las más pobres del país.
Entre 2001 y 2003 la Unosjo documentó la presencia y afectaciones del maíz transgénico en este estado del sur de México. Las afectaciones no sólo atacan al maíz criollo y su consumo, también al resto de cultivos asociados a la milpa, la economía local y, por su puesto, las relaciones intercomunitarias que se van deteriorando conforme avanza la comercialización de este tipo de semillas.
Este fallo también puede generar una oportunidad para subsanar la brecha democrática entre los tratados comerciales, el acceso a la justicia y la reparación de los impactos que ha sufrido el campo mexicano después de 40 años de políticas públicas que sólo han favorecido a los grandes grupos industriales.
Cabe señalar que entonces, y ahora, el consentimiento de las comunidades indígenas y equiparables (OIT 169) siguen siendo un tema ausente en el diseño e implementación de las políticas comerciales en los tres países. Sin la participación de la sociedad civil, de las comunidades y los pueblos en temas de interés común, estas medidas simplemente son acciones unilaterales que, a simple vista constituyen un acto de exclusión y discriminación.
Desde PODER, realizamos una encuesta a 61 personas productoras de maíz nativo sobre los impactos del maíz transgénico en sus comunidades. El 98.3 % identificó claramente que sí hay afectaciones a los derechos humanos y medio ambiente. El 60.6 % se sintieron discriminadas por la importación de maíz transgénico y el 96.7 % piensa que detener esta importación beneficiaría a sus comunidades.
¿Y cómo no va a ser un tema y un acto de interés común tomar en cuenta la opinión de millones de mexicanos cuya alimentación se basa en el maíz criollo? Sin duda, somos lo que comemos. Y la defensa del maíz nativo es fundamental en la preservación de la cultura e identidad de las y los mesoamericanos. Esperamos que en el fallo que toma este panel, se consideren también los criterios antropológicos e históricos ya expuestos. Que el gobierno mexicano tome como propia esta defensa y se protejan los derechos de la población.
* Óscar Pineda es coordinador de Investigación en PODER.
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.