Voltios y negocios

A 10 años de una reforma energética que implicó la movilización de una cantidad de recursos que, en palabras del entonces Director de la Agencia Internacional de Energía (AIE) era “una revolución a una escala sin precedentes”¹, y que abrió de manera acelerada y desordenada la cadena de valor del sector; podemos observar que los impactos sociales y ambientales han traído fenómenos como despojo, persecución, violencia, criminalización de la protesta social y desastres ambientales, entre otros.

Aunado a ello, la invasión rusa en 2021 detonó una serie de impactos a escala internacional que, de acuerdo con la AIE representó una crisis energética global que alteró el comercio de combustibles y la transición de distintas matrices energéticas europeas hacia fuentes limpias o el aceleramiento en el aprovechamiento de los llamados minerales críticos como el cobre, el carbón, el litio, etc. Otros fenómenos como inflación, desabasto en el suministro, cortes de energía y confinamiento social fueron algunos de hitos que marcaron al mundo en los últimos 3 años.

Según estimaciones del gobierno mexicano, el país presentó un índice de independencia energética de .712 lo cual quiere decir que pudo cubrir el 71.29% de la demanda nacional cubriendo el resto con importaciones.² De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), el sistema nacional abastece de energía eléctrica a más de 125 millones de habitantes.³ La política nacional sobre la industria eléctrica está orientada a que sea la empresa de titularidad estatal llamada Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que “sostenga firmemente” al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a lo largo de todos los eslabones de la cadena productiva que consiste en la generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad.

Este trabajo intenta caracterizar el estado actual de la industria eléctrica nacional de México a casi 10 años de implementación de la llamada “Reforma Energética”. El primer objetivo de esta reforma fue la apertura de la infraestructura nacional a la participación de capitales privados y para el caso del SEN, estaríamos hablando de concesiones directas de particulares para las actividades de generación y comercialización de la energía eléctrica; pero también la participación de las empresas en asociación con las subsidiarias de la CFE en los rubros de generación y comercialización de dicho bien.

Dentro de los principales hallazgos encontramos que el sistema es sumamente complejo y abigarrado desde un punto de vista legal y normativo ya que, tan sólo en el recuento de instrumentos jurídicos que hay que revisar identificamos casi 180 documentos (sin contar las NOM’s) que regulan directamente cualquier proyecto eléctrico.

En seguida, observamos que la matriz de generación eléctrica depende en gran medida del gas natural importado de los EEUU y, que cualquier intento de transición energética justa está muy por debajo de las agendas a nivel global en tanto que, el actual gobierno ha decidido declarar la combustión del gas como una fuente “limpia” de generación eléctrica.

Los distintos proyectos y megaproyectos de infraestructura, transporte y distribución asociados a la generación de electricidad siguen violentando los derechos de comunidades y personas defensoras a lo largo y ancho del país independientemente del partido que esté gobernando.

De igual forma, un gran porcentaje de la energía eléctrica (62%) se destina para el consumo de la industria y también es contradictoria la situación donde los estados que tienen mayor potencial de generación, siguen sufriendo de las altas tarifas de electricidad debido a una mala planeación.

De igual forma, este estudio revisa el papel que ha desempeñado la CFE como empresa productiva del estado y principal agente controlador de la cadena de valor de la electricidad. Este emporio, dirigido por uno de los políticos más experimentados de México, Manuel Bartlett, opera sobre un entramado institucional opaco y sujeto a decisiones controvertidas de licitaciones o asignaciones de contratos multimillonarios como es el caso de las empresas Troy T&D y Vagú de Sabinas, las cuales venden carbón a CFE sin un sólo indicio que garantice que son empresas mineras y que cuenten con los permisos correspondientes en materia ambiental y social.

Troy T&D está relacionada directa e indirectamente con grupos empresariales importantes en el país, comenzando con el grupo de Carlos Slim en donde Alfredo Elías Ayub, quien fuera Director de Pemex durante varios años es socio de esta empresa; lo cual nos permite observar un claro ejemplo de “puerta giratoria” que es una expresión más del fenómeno más amplio llamado captura corporativa del estado.

La segunda empresa: Vagú de Sabinas, obtuvo un contrato multimillonario y opera el mismo bajo un gran velo de opacidad y poca rendición de cuentas. Este dato no es menor si consideramos la larga lista de accidentes mineros que han dejado decenas de trabajadores muertos y por otro lado, impunidad para los grupos empresariales que operan estas minas.

Como reflexión final, podemos decir que en México no sólo es necesaria sino urgente una transición energética justa que impulse el desarrollo de proyectos de energías renovables limpias (no el gas) y cuya escala sea para la autosuficiencia energética. Este modelo sólo beneficia a grandes inversionistas quienes operan con total impunidad. Este sector requiere de una agenda de derechos humanos donde la electricidad sea considerada un derecho y no un bien para beneficio de los sectores empresariales.

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