México cierra este año en espacios donde deberá refrendar su compromiso con el respeto a los derechos humanos, particularmente de las comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas; sin embargo, ese compromiso internacional deberá reafirmarlo a inicios de 2025 con un trabajo amplio y constructivo a favor de la creación de marcos jurídicos vinculantes en temas de derechos humanos y empresas.
Este 12 y 13 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil de México y Europa participamos en el Diálogo Político de Alto Nivel entre México y la Unión Europea (UE), que es parte de los compromisos de la asociación estratégica bilateral, con el fin de intercambiar perspectivas sobre temas de interés común e identificar prioridades en la agenda bilateral, regional y multilateral. En esta edición en Bruselas uno de los temas prioritarios de la agenda es el de Empresas y Derechos Humanos.
Recientemente, la Unión Europea aprobó la Directiva de Debida Diligencia sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) como un marco para regular la responsabilidad de las empresas de prevenir impactos negativos a los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y sus cadenas de valor. Por ello, aunque su implementación se encuentra en proceso de armonización nacional, es un avance importante en los compromisos de la Unión Europea para regular la debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas. Como parte de este enfoque, las empresas deben prestar especial atención a cualquier efecto adverso en las personas que puedan estar expuestas a un mayor riesgo debido a su condición de vulnerabilidad.
En ese diálogo, ambas partes podrán establecer líneas de trabajo en común, por lo que esta directiva puede ser el inicio de un camino en el cual priorizar la homologación de los marcos normativos para la empresas que cuenten con operaciones en ambas jurisdicciones.
Por lo anterior, la UE tiene una experiencia normativa que puede compartir con México como buena práctica y analizar estratégicamente para evaluar cómo podrían armonizarse las regulaciones a ambos lados del Atlántico a partir de la implementación de la citada directiva.
Terminando el diálogo en Bruselas, se llevarán a cabo en Ginebra el décimo periodo de sesiones del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos, que tiene como objetivo desarrollar un instrumento internacional legalmente vinculante en la materia. Cabe destacar que esas sesiones estaban programadas para octubre de este año; sin embargo fueron pospuestas para realizarse del 16 al 20 de diciembre.
México, al igual que otros estados de diferentes regiones, ha participado activamente en este proceso a lo largo de los años; no obstante, aún existen grandes retos para contar con mecanismos que permitan que las comunidades afectadas en todo el mundo puedan tener acceso y participación activa en esas discusiones.
A lo largo de los diez años de negociaciones, las organizaciones de la sociedad civil hemos sido muy enfáticas en señalar los retos y también las oportunidades para tener procesos incluyentes y que atiendan los abusos a derechos humanos por la actividades empresarial en los territorios, pues es un compromiso internacional que emana de otros tratados internacionales.
México a nivel internacional, cierra este año en espacios donde deberá refrendar su compromiso con el respeto a los derechos humanos, particularmente de las comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas; sin embargo, ese compromiso internacional deberá reafirmarlo a inicios del siguiente año con un trabajo amplio y constructivo a favor de la creación de marcos jurídicos vinculantes en temas de derechos humanos y empresas. En específico, avanzando hacía una regulación sobre la debida diligencia con perspectiva de derechos humanos, género y medio ambiente.
Las organizaciones de la sociedad civil nos mantendremos en la línea; todas las acciones del Estado mexicano deberán concretarse con la participación activa de las comunidades en el centro. Sólo así avanzaremos hacia un país más justo, que brinde protecciones efectivas a las personas históricamente más vulneradas.
*Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en PODER.
*Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.